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Esa justicia que nunca llega

Sentencia discrimina por razones de género, nacionalidad y contra la libertad de credo. La discriminación es violencia institucional.

#Discriminación  #ViolenciaInstitucional

 

¿Cómo es una madre tradicional mexicana?

En 2009 inició un proceso legal entre Silvia y su ex-pareja por la guardia y custodia de su hijo. El juez 42 de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Andrés Linares Carranza, dictó sentencia en 2010, retirando la custodia del menor a Silvia.

En esta sentencia se señala explícitamente que Silvia no cumple su “rol tradicional de madre mexicana”. Y el juez ordena que debe asistir a terapia psicológica para que “acepte los roles tradicionales de género”, pueda “acertar” como madre y “en la mayor medida pueda aceptar los roles tradicionales que deben de imperar en toda familia”.

No sabemos cómo es una madre tradicional mexicana, que criterios y características la definen, ni en que piedra se escribieron estas “normas”. Pero sí sabemos que el Artículo 1 de la Constitución Mexicana señala literalmente: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) insiste en la formación en género de personas juzgadoras, fiscales y abogadas/os, porque gran parte de los casos de discriminación que se produce desde el sistema de justicia deriva de los prejuicios de género que cargan las personas que están detrás de la interpretación de las leyes. Los estereotipos que reproducen quienes han de interpretar las normas y dictar sentencias constituyen una importante barrera para el acceso real a la justicia.

La discriminación es violencia institucional

La CEDAW[1] señala que la discriminación es una forma de violencia contra la mujer. La sentencia emitida fue clara y explícitamente discriminatoria contra Silvia, por razones de género, de nacionalidad y violenta la libertad de credo en la medida que sanciona y culpabiliza a una persona por no adecuarse a estereotipos sociales basados en prejuicios morales. La discriminación es violencia institucional.

“El juez dijo que yo no podía cuidar a mi hijo porque soy atea, y por eso no tengo valores. Y que debía ir a terapia para asumir las tradiciones mexicanas y los roles de género” Silvia

En 2013, tras apelar y presentar varios amparos, se presentó un Amicus Curiae de la mano de la Clínica de Justicia y Género Marisela Escobedo (Universidad Nacional Autónoma de México). El equipo legal de la UNAM aportó por esta vía una opinión especializada y externa al caso, denunciando que la sentencia posee lenguaje discriminatorio en relación con el género y la nacionalidad.

Luis Alberto Muñoz, coordinador de la Clínica de Justicia y Género y consultor de Equis Justicia para las Mujeres, señala que no es aceptable que los argumentos de un juez estén basados en una concepción moral discriminatoria sobre roles y estereotipos de género y nacionalidad:

En este caso, la discriminación está basada en prejuicios y estereotipos respecto de los roles de género y las identidades nacionales, cuestiones señaladas como violencia contra la mujer en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”. Alberto Muñoz

En 2015 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ratificó que la sentencia emitida contra Silvia contiene “lenguaje discriminatorio, sin perspectiva de género y sin respetar la diversidad cultural que conlleva el tener nacionalidades distintas”.

imagen sentencia
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¿Qué tipo de justicia se está impartiendo en México?

Andrés Linares Carranza, el juez que emitió la sentencia, fue promocionado profesionalmente y nombrado magistrado en 2010. Silvia siguió peleando el proceso por la custodia, pero la última vez que le permitieron ver a su hijo fue hace dos años, el 10 de julio de 2014.

Silvia interpuso denuncias contra los dos jueces que han estado presentes en el caso. Y, en la entrevista con Equis Justicia para las Mujeres, denuncia que el proceso judicial está y estuvo plagado de irregularidades, dado que se ignoraron todos los recursos legales que presentó para revisar los términos discriminatorios de la sentencia (declarada definitiva en abril de 2013).

“Quiero llegar a la CEDAW para que el juez sienta vergüenza de lo que ha hecho, que sienta vergüenza pública. Voy a denunciarlo donde haga falta. Es un juez el que hace esto, pero hay mucho más detrás, todo un sistema de in-justicia que se lo permite. Ni quiero imaginar los casos de las mujeres en la misma situación que yo, pero que no cuentan con los recursos y el apoyo con lo que yo cuento.” Silvia

Además, señala, no se han penalizado los incumplimientos por parte del padre del niño del régimen de comunicaciones y convivencia que impuso un juez español, donde se establecía que ella podría comunicarse a diario con su hijo.

Sin posicionarnos respecto a la decisión en relación a la custodia del menor, el ahora Magistrado, Andrés Linares Carraza, como funcionario público, no puede emitir ese tipo de juicios de valor ni sancionar a una persona en base a sus prejuicios sociales y concepciones morales y religiosas. Un sistema de justicia no debe tolerar que una sentencia discrimine (de manera directa o indirecta) por motivos de género, nacionalidad y libertad de credo.

Silvia también presentó este año su caso en los Premios Género y Justicia al Descubierto (de la organización Women’s Link Worldwide), y ganó el premio del público a la sentencia más machista: Premio Garrote Especial del Público por mala práctica judicial.

 

[1] La Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer

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