Justicia Abierta y Género

Transparencia Judicial

Diariamente, las personas defensoras de derechos humanos y diversas organizaciones de la sociedad civil constatan, en sus experiencias de litigio, la existencia de resoluciones judiciales injustas basadas en estereotipos, prejuicios y sesgos de las y los jueces.

La ciudadanía únicamente puede saber cómo se imparte justicia en nuestro país y evaluar el desempeño de los Poderes Judiciales al conocer el contenido de sus sentencias.

#LoJustoEsQueSepas

¿Se puede hablar de transparencia en el dictamen de sentencias en México?

Graciela es una mujer que tiene un hijo cuyo padre no se hace cargo de sus obligaciones de alimentos. Ante esta situación, y en busca desesperada de que el padre del niño asuma sus obligaciones como progenitor, Graciela decide enviar mensajes de texto y correos electrónicos a la esposa de éste, para hacerle saber que su esposo mantuvo con ella una relación sentimental en la que tuvieron un hijo del que nunca se hizo responsable.

La esposa del padre de su hijo, presentó una demanda por daño moral en contra de Graciela, al considerar que, al haberle informado que su esposo tuvo un hijo con otra persona durante su matrimonio, sufrió una afectación a sus sentimientos.

El Juez Décimo Cuarto de lo Civil del Fuero Común de la Ciudad de México que conoció del caso, emitió una sentencia en la que consideró que Graciela no tenía ningún derecho a “perturbar o invadir el estado civil conyugal”

y que, dado que ella tenía pleno conocimiento de que el señor estaba casado, a través de los mensajes enviados buscó interferir en el matrimonio.

El juez también señaló que ”no conforme con tener una relación fuera del matrimonio con el esposo” de la demandante, Graciela se lo hizo saber de manera clara generándole un daño moral -sin que existiera una justificación para que lo hiciera-. El juez consideró que estos mensajes no sólo afectaron sus sentimientos y salud psicológica, sino también afectaron “la armonía matrimonial” y su “dignidad como cónyuge”.

Finalmente, el juez condenó a Graciela al pago de 50,000 pesos mexicanos para reparar el daño moral que sufrió la señora con sus mensajes y a una disculpa pública por los daños generados.

Sentencia ganadora del Premio Garrote del Público de Womens Link Worldwide como la peor sentencia expedida por un juez en 2018

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Rosario* una mujer originaria de Veracruz, una tarde sintió un fuerte dolor abdominal. Acudió a la Cruz Roja y mientras la atendieron, entró al baño. Ahí se dio cuenta de que estaba embarazada, ya que dio a luz a un producto que perdió la vida y ella quedó inconsciente.

Luego de estos hechos, Rosario fue sometida a un proceso judicial en donde se le trató de fincar responsabilidad penal por homicidio doloso.

Finalmente, luego de un amparo, Rosario fue liberada por falta de pruebas.

Al analizar su sentencia, encontramos diversos estereotipos replicados por la autoridad judicial que hacen referencia a los roles de género, es de decir  a su rol como “madre”.

Ella es una mujer indígena, con discapacidad psico-social, madre de dos niños y en situación de pobreza extrema.

El juez que conoció su caso se refirió a ella como una persona “retrasada mental”. Esto no fue un error casual, en todo el expediente encontramos expresiones discriminatorias constantes en relación a la “incapacidad” de la víctima, de hecho y de derecho. No se están cuestionando en estas líneas las resoluciones judiciales aludidas, sino el lenguaje del que se sirve el juez para referirse a la persona durante el proceso; así como, el tratamiento discriminatorio que anula la personalidad jurídica y autonomía personal de la víctima.

El lenguaje utilizado por el juez tiene graves implicaciones porque sugiere que la diversidad funcional de la víctima fue causal para la consumación de los hechos, y hace distintas conjeturas sobre su capacidad de pensar y su vida sexual:

Estas sentencias podrían poner en duda incluso que hubiera tenido lugar la violación, considerando, por un lado, que una persona con discapacidad no tiene voluntad, no puede darse cuenta de lo que hace y tampoco de si lo desea o no, y que la víctima tal vez sí quería, pero no entendía. Y, por otro lado, a lo largo del expediente reitera el viejo y ya en desuso criterio de la resistencia de la víctima, aunque finalmente, jurídicamente no lo usa. Los estándares internacionales que obligan al juez son precisos cuando afirman que por ningún motivo se debe pedir a una víctima de violación que demuestre que intentó resistir el acto.

Esther*, originaria de Mérida, Yucatán, decidió denunciar a su esposo por violencia intrafamiliar en junio de 2011.

El 20 de octubre regresa para denunciar nuevamente a su agresor, pero no hubo actuación del Ministerio Público (MP).

En noviembre de ese mismo año, interpuso un amparo por omisión de contestación. El 25 de noviembre el MP contestó negando la órdenes de protección para Esther.

Por falta de motivación, se concede a Esther el amparo  y el MP dicta una nueva resolución el 22 de marzo de 21 negando nuevamente las órdenes de protección .

El MP finalmente dicta órdenes de protección el 11 de octubre de 2013.

*El nombre ha sido cambiado para proteger la identidad de la persona involucrada.

Silvia es una mujer de nacionalidad española que residía en el Distrito Federal.

En 2009 decidió separarse de su pareja, éste la demandó para quitarle la custodia del hijo de ambos.

El caso llegó a Andrés Manuel Linares Carranza, entonces Juez 42º de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y ahora magistrado.

En su decisión, el juez determinó quitarle a Silvia la guarda y custodia de su hijo, basándose en que ella no ha cumplido con su “rol tradicional de madre”.

Argumentos como que “ella es atea” y que “los niños se crían mejor con sus padres porque son varones” o que ella de joven había estado “topless”

en la playa, le valieron al juez para determinar que ella representaba un peligro para su hijo.

Además, el juez ordenó a Silvia a asistir a terapia psicológica para que pudiera  ofrecer a su hijo cariño y amor conforme a las costumbres mexicanas y para que “acepte los roles tradicionales de género”, para que así pueda “acertar” como madre en la formación y educación de su hijo.

Debido a ésta sentencia, Silvia lleva dos años ya sin ver a su hijo. Además ha sido víctima de intensos acosos por parte de su expareja para que se desista de interés de obtener la custodia de su hijo.

Un grupo de 80 personas presentó un amparo colectivo por discriminación por orientación sexual en la Constitución y el Código de Familia de Yucatán  en lo referente al matrimonio y concubinato.

El Juez desechó la demanda porque los demandantes  no demostraron ser el grupo afectado, es decir no demostraron su homosexualidad.

Dicha determinación  viola los principios de igualdad y no discriminación  al restringir el acceso al matrimonio y concubinato solo a personas heterosexuales.

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Agrega tu firma y apoya la causa, juntos lograremos que los Poderes Judiciales del país y el Instituto Nacional de Transparencia hagan publicas todas las sentencias en los portales de transparencia.

Foro Nacional de Poderes Judiciales: Buenas prácticas en materia de igualdad de género

Para poder acceder a la justicia, es preciso contar con un Poder Judicial abierto, transparente y comprometido con la igualdad y la no discriminación, lo cual, sólo será posible con el apoyo, acompañamiento y contrapeso de la sociedad civil. Esta fue una de las premisas constantes del Foro Nacional de Poderes Judiciales: Buenas prácticas en materia de igualdad de género.

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El Foro Nacional de Poderes Judiciales, buenas prácticas en materia de igualdad de género, se celebró el día 22 de noviembre de 2018 en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Descarga nuestras memorias y conoce todo el trabajo realizado durante este evento.