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157 Periodo de Sesiones de la CIDH:

Audiencia sobre “Mujeres, delitos de drogas y prisión preventiva en América Latina y El Caribe”  

 

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Ayer martes 5 de Abril 2016 se celebró la Audiencia sobre Mujeres, delitos de drogas y prisión preventiva en América Latina y el Caribe, en el marco del 157 periodo de sesiones de la CIDH. La Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID)-Costa Rica, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)- Argentina, El Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad (DeJusticia)- Colombia, Equis Justicia para las Mujeres- México, Corporación Humanas- Chile, Corporación Humanas- Colombia, Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) – Uruguay, Secretaría Nacional de drogas- Junta Nacional de drogas- Presidencia República Oriental del Uruguay, Procuración Penitenciaria de la Nación- Argentina, y Washington Office on Latin America (WOLA) – Estados Unidos evidenciamos en este espacio el estado de situación de las mujeres presas por delitos de drogas en la región y nuestras propuestas para revertir los altos costos humanos causados por las políticas punitivas y en particular del abuso de la prisión preventiva. 

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Nina Chaparro. DeJusticia (Colombia)

Ver el video completo : Audiencia sobre “Mujeres, delitos de drogas y prisión preventiva en América Latina y El Caribe”.
¿Quienes son las mujeres en presión por delitos de drogas?

La tasa de encarcelamiento de mujeres ha crecido de manera acelerada en los países de la región llevando en muchos casos a la sobrepoblación de los centros penitenciarios femeninos. Este crecimiento se encuentra correlacionado con las sentencias por delitos de drogas. Se trata en general de mujeres en situaciones de alta vulnerabilidad social, jefas únicas de hogares con niños y ancianos a cargo. La mayoría de ellas ha incurrido en delitos asociados al microtráfico de drogas, sin tener antecedentes criminales previos. El encarcelamiento de estas mujeres trae serios daños sociales para ellas y para su entorno que son difíciles de revertir. Según los estudios disponibles, la mayoría de las mujeres involucradas en el negocio de las drogas en la región lo están en el más bajo nivel de la cadena del crimen organizado –sea como pequeñas vendedoras, “correos humanos” de drogas o transportadoras de drogas para ingresar en la prisión o entre países[i. Ellas son fácilmente reemplazadas;  su detención no tiene ningún impacto en la disminución del tráfico de drogas – o en la inseguridad ciudadana, violencia, o corrupción que el negocio ilegal genera, son actores menores del tráfico y fungibles.

El uso excesivo de la prisión preventiva es uno de los factores principales del hacinamiento en las cárceles de la región. En algunos países de América Latina, la prisión preventiva es obligatoria para cualquier delito de drogas, no importa si es de alta o baja escala, ni si el delito fue violento o no. En los países donde no es obligatorio el uso de la privación preventiva, hemos encontrado que es ampliamente utilizada en casos de delitos de drogas. Por lo tanto, muchas personas pasan un tiempo desproporcionado en prisión antes de tener un juicio y recibir sentencia. La utilización desproporcionada del derecho penal para castigar conductas relacionadas con drogas de uso ilícito representa una amenaza para los derechos humanos. De la Convención Americana sobre Derechos Humanos[ii] se desprende que las restricciones a la libertad personal son excepcionales y deben obedecer a criterios mínimos de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. Sin embargo, dichas garantías son restringidas a la hora de castigar delitos de drogas en la región.

¿Cuáles son las recomendaciones y enfoques alternativos que estamos proponiendo?

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Hemos trabajado una guía de experiencias y medidas que tienden a fijar políticas alternativas al encarcelamiento, que de replicarse más extensamente, podrían reducir la tasa de encarcelamiento femenino de la región, por delitos menores. Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento: Una Guía para la reforma de políticas en América Latina el Caribe busca proporcionar una hoja de ruta para los y las tomadoras de decisión y responsables políticos preocupados por el impacto desproporcionado de las leyes y las políticas de drogas en las mujeres y, por tanto, interesados en la formulación e implementación de políticas que tengan en cuenta las dimensiones de género.

Teniendo en cuenta el principio clave según el cual el encarcelamiento debería ser utilizado únicamente como última ratio y el impacto desproporcionado del encarcelamiento para las mujeres, recomendamos:

  • Eliminar en las legislaciones nacionales la obligación de la prisión preventiva para delitos relacionados con drogas, incluso las normas que limiten la discrecionalidad del juez para decidir sobre la libertad durante el proceso, por cuanto su establecimiento vulnera los principios de la privación de libertad como medida de ultima ratio, constituye una vulneración al principio de presunción de inocencia y es una medida desproporcionada.
  • Exigir a fiscales y al Ministerio Público que para solicitar la prisión preventiva se deba acreditar ante el tribunal competente que la prisión es una medida de ultima ratio.
  • No usar la prisión preventiva para mujeres embarazadas o con personas dependientes (hijos, adultos mayores y personas con discapacidad). En estos casos, su aplicación ha de circunscribirse a la privación de libertad en su domicilio o a libertad vigilada, de manera que no se vulneren los derechos fundamentales de la infractora y de su entorno familiar. Se debe atender especialmente a la situación de mujeres jefas de hogar que son el único sustento económico de sus familiares, de manera que la sanción sea compatible con la realización de un trabajo remunerado y de poder cumplir con sus otras responsibilidades familiares.
  • Asegurar que las y los operadores de justicia y sistema penitenciario de los respectivos países, incorporen la perspectiva de género en la gestión de casos y, a la vez, asegurar que cuenten con marcos legales que permitan considerar factores tales como: las condiciones de pobreza y exclusión social, la maternidad y el rol de cuidado de otras personas dependientes, la jefatura de hogar, el analfabetismo, el nivel de educación, la escasa formación laboral, la inmigración, la violencia de género o las enfermedades físicas o mentales que han incidido en la comisión de los hechos delictivos.
  • En relación con la aplicación de fianzas y cualquier otro tipo de sanción pecuniaria que represente una alternativa a la prisión preventiva, los Estados han de incorporar un rango de alternativas diferentes al pago de una suma de dinero. De esta forma, garantizan los principios de igualdad y de no discriminación, y así evitan que la cárcel sea una sanción a la situación de pobreza.

Queremos destacar la importancia de evitar que la fianza sea una sanción a la situación de la pobreza. El propósito de la imposición de la fianza es garantizar que la persona imputada se presentará ante el tribunal cuando le sea requerido, otorgando efectividad al derecho a la presunción de inocencia, y permitiendo que la persona imputada disfrute su derecho a permanecer en libertad hasta tanto medie un fallo condenatorio en su contra. Otras medidas alternativas a la detención preventiva incluye retención de pasaporte u otros documentos de identidad; prohibición de salir del país, del lugar de residencia o de un ámbito territorial; sometimiento a la vigilancia de una institución o de una persona; o presentación periódica ante el juez o ante la autoridad designada, entre otros. En otras palabras, existen alternativas respetuosas del estado de derecho y los derechos de los y las acusados/as.

Le evidencia de los enormes costos humanos causados por las políticas punitivas, y su impacto desproporcionado sobre las mujeres y sus familias, hacen impostergable la tarea de desarrollar nuevas políticas, intervenciones y programas con el objetivo de eliminar y, cuando menos, mitigar, estas consecuencias negativas. Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento: Una Guía para la reforma de políticas en América Latina y El Caribe ofrece un mapa vial de reformas en políticas públicas con enfoque de derechos humanos y de género, para lograr este objetivo. Además, para acompañar esta guía, se ha desarrollado una lista de recursos que se pueda encontrar aquí.

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Ver las propuestas de reforma para México: 

 Propuestas de reformas legislativas y de políticas públicas para casos de mujeres encarceladas por delitos de drogas en México,  contiene una serie de recomendaciones para “promover una nueva agenda en política de drogas que incluya la perspectiva de género, y que contribuyan a mejorar las actuales políticas existentes en la materia en el ámbito legislativo y del sistema de justicia del país”. Estas recomendaciones pueden traducirse de forma inmediata en reformas legislativas, resoluciones judiciales, políticas públicas, protocolos y procesos de formación.

 

NOTAS

[i] Ver ejemplos en Giacomello, Corina, Mujeres, delitos de drogas y sistemas penitenciarios, International Drug Policy Consortium, 2013, https://www.unodc.org/documents/congress//background-information/NGO/IDPC/IDPC-Briefing-Paper_Women-in-Latin-America_SPANISH.pdf. También consultar Giacomello, Corina, Género, drogas y prisión, Tirant lo Blanch (México), 2013.

[ii] OEA, La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 7 relativo al derecho a la libertad personal. http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.htm

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