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México en el debate sobre políticas de drogas

El contexto nacional y el debate internacional en cuanto a la regulación de las drogas están cambiando y, con ello, una nueva visión con enfoque de derechos humanos y bajo la óptica de género es, más que conveniente, necesaria. 

El actual debate en las audiencias para las alternativas de regulación de la marihuana en México enfrenta un marco legal en materia de drogas poco flexible y altamente punitivo. El uso del derecho penal y del encarcelamiento sigue siendo la principal respuesta a los delitos contra la salud. Además se caracteriza por el uso de la prisión preventiva oficiosa, la prohibición del indulto, la falta de diferenciación de las penas de acuerdo con el rol desempeñado o con criterios de vulnerabilidad en la comisión del delito, la inclusión de factores agravantes que conllevan el aumento de la pena, así como la falta de acceso a mecanismos de beneficio, como remisión parcial de la pena, libertad preparatoria y medidas alternativas a la prisión.

El pasado mes de octubre de 2015, en el marco de su 156° Período de Sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvo una audiencia con organizaciones de la sociedad civil que denunciaron al Estado mexicano por violaciones de derechos humanos cometidas como resultado de la lucha contra el narcotráfico en México[1].

Ahora está sobre la mesa el uso legal de la marihuana, tanto recreativo como medicinal, alejándose de la arcaica visión punitiva y abriendo la posibilidad de avanzar hacia el ejercicio de derechos. Desde Equis Justicia para las Mujeres queremos ir más allá de los números,  queremos profundizar el debate para ofrecer respuestas a las cientos de mujeres que están detrás de los barrotes invisibilizadas y discriminadas.  Esas mujeres y sus hijos e hijas que sufren de manera desproporcionada los impactos del encarcelamiento, cuando las situaciones de vulnerabilidad de las cuales proceden se recrudecen en el espacio penitenciario.

El tráfico de drogas en sus vertientes nacionales e internacionales ofrecen un amplio abanico de opciones de empleo ilegal que permite a muchas mujeres seguir al cuidado de sus familias[2]. Por eso, las mujeres encarceladas por delitos de drogas, responden a un mismo perfil: son pobres, procedentes de hogares y comunidades marginadas, con bajos niveles educativos y sin antecedentes penales. Antes de desempeñar funciones vinculadas a drogas ilícitas, la mayoría han trabajado en numerosas actividades informales, cómo limpieza de casas, lavado y planchado de ropa, elaboración de alimentos, venta informal en semáforos, etc. Muchas de ellas también tienen una historia de vida marcada por la violencia, incluyendo la de tipo sexual.

Ver video de las audiciencias

Para seguir el proceso en redes sociales:  #RegulaciónResponsable 

 

 

[1] ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, 156° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Audiencia “Derechos Humanos y Política de Drogas en México”, celebrada el 20 de octubre de 2015. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/sesiones/156/default.asp.

[2] GIACOMELLO, Corina, 2013 a).

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