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En Equis: Justicia para las Mujeres A.C. y APIS Sureste Fundación para la Equidad tramitamos un caso para la defensa de una víctima de violación en Yucatán. Ella es una mujer indígena, con discapacidad psico-social, madre de dos niños y en situación de pobreza extrema.

El juez que conoció su caso se refirió a ella como una persona “retrasada mental”. Esto no fue un error casual, en todo el expediente encontramos expresiones discriminatorias constantes en relación a la “incapacidad” de la víctima, de hecho y de derecho. No se están cuestionando en estas líneas las resoluciones judiciales aludidas, sino el lenguaje del que se sirve el juez para referirse a la persona durante el proceso; así como, el tratamiento discriminatorio que anula la personalidad jurídica y autonomía personal de la víctima.

Literalmente señala “ausencia de autonomía de la voluntad” y que “presenta retraso mental moderado, siendo evidente que tal estado de salud constituye un alteración psicológica que necesariamente se traduce en anormalidad de la conducta de la persona que se encuentra privada de sus facultades mentales” y que “carecía de un libre discernimiento sobre la conveniencia o inconveniencia del concúbito carnal“, “que no tiene la capacidad mínima de comprender hechos tipificados como punibles (…)”.

El lenguaje utilizado por el juez tiene graves implicaciones porque sugiere que la diversidad funcional de la víctima fue causal para la consumación de los hechos, y hace distintas conjeturas sobre su capacidad de pensar y su vida sexual: “(…) ya que esta enfermedad se trata exclusivamente de una disminución del coeficiente intelectual, que le impide tomar decisiones en razón de que no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, lo correcto o lo opuesto, por lo que carece de capacidad para decidir sobre su sexualidad (…)”.

Estas sentencias podrían poner en duda incluso que hubiera tenido lugar la violación, considerando, por un lado, que una persona con discapacidad no tiene voluntad, no puede darse cuenta de lo que hace y tampoco de si lo desea o no, y que la víctima tal vez sí quería, pero no entendía. Y, por otro lado, a lo largo del expediente reitera el viejo y ya en desuso criterio de la resistencia de la víctima, aunque finalmente, jurídicamente no lo usa. Los estándares internacionales que obligan al juez son precisos cuando afirman que por ningún motivo se debe pedir a una víctima de violación que demuestre que intentó resistir el acto.

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Este caso es parte de la campaña Es Justo que Sepas de Justicia que ha emprendido Equis Justicia para las Mujeres en coordinación con Apis, Así Legal, Cepiadet, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche, Prosede y Unisse con la finalidad de evidenciar la utilidad de la transparencia judicial en sentencias cómo una herramienta para fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres.

A través de esta campaña damos cuenta de que existen prácticas judiciales que promueven, difunden o replican estereotipos y prejuicios.

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