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A nivel internacional y nacional, existe un amplio marco normativo para el abordaje integral de la violencia de género contra las mujeres. Entre los instrumentos internacionales, los más importantes son la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).

En el ámbito nacional, se cuenta con leyes tan específicas como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de todas las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), que en 2016 cumplieron 10 años de haber sido promulgadas. Y normas más amplias como la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Al amparo de dicho marco, y ante la exigencia de la sociedad civil organizada de que se cumplieran cabalmente las obligaciones derivadas de los compromisos internacionales, así como de las sentencias impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) al Estado Mexicano en los casos de Inés y Valentina, y “Campo Algodonero”; se generó una de las políticas públicas más relevantes de los últimos años. Los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM), fueron creados por la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) en 2010; como espacios integrales que concentran servicios interinstitucionales y especializados de atención con perspectiva de género, para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; garantizando el acceso a la justicia a través de servicios de atención legal, médica, psicológica, proyectos de empoderamiento económico, espacios de ludoteca y refugio temporal.

Varios años después, es fundamental recordar al gobierno mexicano que su compromiso no termina con la puesta en marcha de políticas públicas. También resulta indispensable darles seguimiento que permita evaluar, corregir o fortalecer su diseño e implementación.

Desde esta perspectiva, el monitoreo y la evaluación que se realiza desde la sociedad civil organizada, no solo busca comprender las intervenciones públicas, tomando en cuenta tanto los contextos en los que se desarrollan, como sus procesos y resultados; también pretende fomentar la rendición de cuentas,

En el caso particular de los CEJUM, es primordial que sus mecanismos de monitoreo y evaluación cuenten con enfoques de género y de derechos humanos; para determinar si las acciones que llevan a cabo cotidianamente contribuyen realmente al acceso a la justicia de las mujeres sobrevivientes de violencia.

Sobre dicha política pública, hasta el momento se tienen identificadas dos evaluaciones. Una realizada por la Universidad Autónoma Metropolitana en septiembre de 2013, por encargo de la CONAVIM, con el objetivo de revisar el funcionamiento general del modelo diseñado por el gobierno federal, para avanzar en su desarrollo, identificar áreas de oportunidad y proponer soluciones.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) publicó en 2014, un “Modelo de Evaluación de los Centros de Justicia para las Mujeres”, con el que buscó medir el nivel de adecuación al Modelo y los Protocolos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de siete CEJUM.

Para abonar a dichos antecedentes, consideramos que un monitoreo sistemático de los CEJUM, permitiría hacer una evaluación general sobre su eficiencia, eficacia e idoneidad como política pública; además de promover la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas. Con miras a alcanzar dichos objetivos, el ejercicio realizado por Equis Justicia para las mujeres, también busca aportar a herramientas a las organizaciones civiles para fortalecer sus capacidades de escrutinio y exigencias de rendición de cuentas hacia las instituciones públicas.

La investigación se enfocó en medir la fortaleza institucional de los 31 Centros de Justicia en 21 entidades federativas, tomando como eje tres unidades de análisis: la estructura institucional, la asignación de recursos y el diseño operativo de los Centros.

Para conocer la estructura institucional se analizaron instrumentos de creación y mecanismos de selección del personal directivo. Respecto de la asignación de recursos, se investigó el presupuesto federal y estatal que reciben los Centros, y se analizaron los procesos de designación y evaluación del personal. El estudio del diseño operativo se centró en manuales y protocolos de atención; programa operativo anual; acuerdos y mecanismos de coordinación con los que cuenta cada CEJUM .

Nuestro principal interés radica en contribuir a que los CEJUM sean una política pública exitosa en su objetivo de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres, contribuyendo a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género. Para ello, consideramos que el primer paso está en lograr que los Centros de Justicia sean institucionalmente fuertes. De inicio, esto significa que, hasta el momento, no todos los Centros cuentan con la fortaleza institucional necesaria para cumplir sus funciones. De ahí que el objetivo del presente informe sea detectar áreas de oportunidad y ofrecer recomendaciones para su fortalecimiento.

Desde este enfoque, el Capítulo 1 del presente documento contiene un panorama general sobre el diseño, la estructura y el marco normativo con que operan los CEJUM. El Capítulo 2 presentan los principales hallazgos de la investigación realizada totalmente por medio de herramientas de acceso a la información. El Capítulo 3 se dedica a las conclusiones y el Capítulo 4 a las recomendaciones.

El presente documento se ofrece como una plataforma inicial de acercamiento para el análisis de la política, que posteriormente sirva de herramienta metodológica para el trabajo del Observatorio Ciudadano de los Centros de Justicia para las Mujeres, integrado inicialmente por cuatro organizaciones civiles de dos estados de la República (Oaxaca y Yucatán), que, en coordinación con Equis Justicia para las Mujeres, amplíen y profundicen el trabajo de monitoreo, enriqueciéndolo con investigación de campo. A largo plazo, el Observatorio espera contar con la participación de OSCs de todos los Estados donde haya uno o más CEJUM.

Confiamos en que los resultados y las recomendaciones aquí vertidas, impactarán en la mejora de la política pública y contribuirán tanto al fortalecimiento de los mecanismos existentes para el acceso a la justicia de las mujeres; como al necesario proceso de ciudadanización de las políticas y las instituciones públicas.

Para conocer el informe de click en el siguiente enlace: Informe CEJUM

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