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En México existe una serie de Jurisprudencias emitidas por la Corte IDH en las que se condenó al Estado por el incumplimiento a los tratados en los que es parte como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que representan un pequeño muestreo significativo del panorama generalizado de violencia que sufren las mujeres indígenas y afrodescendientes. Resulta interesante saber que de las 6 sentencias condenatorias, 4 fueron cometidas contra personas indígenas, y de las 3 sentencias relativas a derechos de mujeres en todas las víctimas son indígenas.

Los casos se concentran en violencia sexual en contra de mujeres indígenas por parte de miembros de las fuerzas armadas mexicanas. Este patrón de violencia sexual por parte de las fuerzas armadas en contra de mujeres indígenas, se repute en dos decisiones de la Corte IDH en el caso de dos mujeres indígenas me’phaa, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú (Corte IDH, 2010).

El caso de Inés Fernández, sucedió en un contexto de fuerte presencia militar en el estado de Guerrero con el objetivo de combatir el narcotráfico, en donde un militar con ayuda de otros, violó a la señora Inés en presencia de sus hijos, sin que ésta pudiera acceder a la justicia civil. Ante lo cual la Corte IDH determinó que México era responsable por la violación a las garantías judiciales y la protección judicial, establecidas en los Artículos 8.1 y 25.1 de la CADH, en virtud de la intervención de la jurisdicción militar en la investigación de los hechos, la falta de un recurso efectivo para impugnar dicha actuación, el incumplimiento para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como fallas y omisiones en el procesamiento de la denuncia y la debida diligencia en las investigaciones. Finalmente, se condenó al Estado por la discriminación en el derecho de acceso a la justicia debido a la falta de intérprete en la recepción de su denuncia y durante esta.[1]

En el caso de Valentina, indígena me´phaa, del estado de Guerrero, los hechos sucedieron igualmente en un contexto militar, en donde fue golpeada y violada sexualmente por militares de la zona, la Corte IDH determinó que México era responsable por no garantizar el acceso a la justicia de los miembros de comunidades indígenas enfatizando que “es indispensable que los Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres.”[2]

Sobre estas sentencias el Estado Mexicano solicitó una interpretación de las mismas con el intento de modificar el criterio de la CorteIDH en el que se establece que la violación sexual no forma parte de los actos que deben juzgarse bajo la jurisdicción militar.  (CorteIDH, 2011) Recientemente se ha aprobado por parte del legislador federal una modificación importante al Código de Justicia Militar.

Asimismo, la desmilitarización en comunidades y pueblos indígenas, así como la erradicación de la violencia sexual cometida por estos y el debido acceso a la justicia,  es una de las peticiones más repetidas de las mujeres indígenas en México, por ejemplo, organizaciones indígenas de mujeres ante el comité para la eliminación de Discriminación contra la Mujer, solicitaron a México “Tomar medidas urgentes frente a la militarización, violencia en ámbitos y territorios de conflictos armados, desplazamientos forzados, violencia sexual, e impunidad y falta de acceso a la justicia”[3]

Sin embargo, las sentencias de la Corte, se han quedado cortas frente a las demandas indígenas, pues únicamente enfoca sus recomendaciones a restructurar el sistema de justicia Estatal acorde a las condiciones de vulnerabilidad y especifidades culturales de las personas integrantes de pueblos indígenas, sin abordar la dimensión colectiva de acceso a la justicia y los esfuerzos que el Estado podría emprender para que a través del fortalecimiento de la justicia comunitaria se facilite el acceso a la justicia estatal en  el caso de, por ejemplo, se involucre a miembros del ejército mexicano.

[1] Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215.

[2] Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216.

[3] Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México y la Organización Civil (CIARENA). Mujeres Indígenas en México: “Por un cambio de paradigma, mujeres indígenas en espacios claves de decisión.”. Julio, 2012. Pág. 2. [En línea] http://www.fimi-iiwf.org/archivos/9820cb1366b343e196f22e4297d9c4a4.pdf (consultada el 21 de abril de 2014).

Consulta el informe aqui: informe-indigenas-y-afromexicanas-mexico-equisfinal

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