Juzgar con Perspectiva de género

A menudo las normas y leyes reproducen estereotipos machistas y discriminatorios, pero mayoritariamente estos estereotipos provienen de las interpretaciones de quienes imparten justicia. Interpretaciones que son la base de sentencias y que constituyen una importante barrera para el acceso a la justicia.

¿Qué es juzgar con Perspectiva de Género?

En 2016, La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio obligatorio para aplicar justicia con perspectiva de género y que establece que las personas juzgadoras deben contar con las suficientes herramientas para poder identificar prejuicios y hacer un análisis de género de las controversias que están resolviendo.

La incorporación de la perspectiva de género en la labor jurisdiccional implicar cumplir la obligación constitucional y convencional de hacer realidad el derecho a la igualdad, remediando las relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad, así como visibilizando la presencia de estereotipos discriminatorios de género en la producción e interpretación normativa y en la valoración de hechos y pruebas.

¿Cómo incorporar la Perspectiva de Género en las sentencias?

Para verificar el cumplimiento de esta obligación, Desde EQUIS Justicia para las Mujeres ponemos a disposición de autoridades, litigantes, integrantes de la academia y la sociedad civil una síntesis de la Metodología para análisis de resoluciones jurisdiccionales desde la perspectiva de género, la cual constituye una guía analítica para determinar si una decisión jurisdiccional ha incorporado la perspectiva de género en la solución del conflicto.

 

Las resoluciones emitidas para atender conflictos jurídicos pueden ser muy diversas en cuanto a estructura y finalidad (sentencias, laudos, convenios, recomendaciones, etc.) Por lo tanto, el método de análisis que aquí se propone pone énfasis en ocho elementos que, estando parcial o totalmente contenidos en una resolución, es indispensable revisar en cuanto a la incorporación de la perspectiva de género.

El método para analizar las resoluciones jurisdiccionales con perspectiva de género se compone por los siguientes elementos:

Además del análisis tradicional de los hechos para conocer los aspectos generales del problema, este elemento implica particularizar a los justiciables, sus situaciones de vida y de contexto, así como cuestionarse e indagar si el conflicto que se presenta, responde a una problemática social generalizada y/o sistemática local, nacional o internacional. El objeto de este análisis es poder

 advertir si por sus razones de género se han creado relaciones desiguales de poder entre las partes, discriminación, violencia o vulnerabilidad, que requieran una intervención de la persona juzgadora para cumplir con el principio de igualdad y no discriminación consagrado en el artículo 1º de la Constitución Política Mexicana

Preguntas de Verificación

1. ¿Se integrará si el conflicto forma parte de una problemática social generalizada vinculada a la violencia de género?

2. ¿Se valoró si el género fue una condición que influyera directa o indirectamente en el conflicto?

3.- ¿Se indagó sobre la interacción de otras condiciones de género y de contexto de las partes con su género, y su relación con el conflicto?

4. Al analizar el conflicto y verificar la relación entre las partes, ¿se detectaron tratos diferenciados fundados en estereotipos de género?

5. ¿Se revisó la forma en que los estereotipos de género influyeron en el conflicto?

6. ¿Se detectaron condiciones de desigualdad fundadas en el género de cualquiera de las partes?

La violencia que pone en peligro o riesgo la vida y/o la integridad de las personas merece un tratamiento preventivo y urgente para detener o evitar un daño a las personas. Incluso, ante la existencia de indicios leves de una situación de riesgo que comprometa el derecho a la vida, salud e integridad

física y de mental de las personas involucradas en el juicio, la autoridad jurisdiccional está obligada a emitir medidas para su protección. Por ello, es necesario que se identifique y determine la existencia de cualquier posible riesgo en razón de género

Preguntas de Verificación

1. ¿Se identificaron en los hechos situaciones o conductas que pusieran en riesgo la vida o la integridad de cualqueira de las partes, o de personas relacionadas con éstas?

2. ¿Se realizó un análisis integral del conflicto para determinar una situación de riesgo?

3. Ante la detección de una situación de riesgo en perjuicio de la vida, la salud o la integridad de cualquiera de las partes ¿se emitieron medidas de protección?

4. En caso de haberse emitido medidas de protección ¿las mismas contienen elementos mínimos para su ejecución o seguimiento?

Este elemento implica sustentar en pruebas las causas que originaron los hechos, condiciones particulares, así como, circunstancias en que ocurrieron.

Recopilar material probatorio con enfoque de género implica obtener aquella prueba en la que se pueda advertir situaciones de violencias, desigualdad y/o  desechar aquellas pruebas revictimizantes y contrarias a los derechos humanos o fundadas en estereotipos o prejuicios en virtud del género. Mientras que,

valorar pruebas con enfoque de género es atender a criterios razonables y justificados libres de apreciaciones del juzgador que reproduzcan estereotipos o roles de género, a pesar de que la valoración es un acto subjetivo, debe estar libre de creencias, costumbres y/o patrones culturales que asocien a una persona con un deber ser con base al sexo.

Preguntas de Verificación

1. ¿Las pruebas recabas son idóneas y suficientes para realizar un análisis con enfoque de género?

2. ¿La valoración de las pruebas se llevó a cabo libre de estereotipos y tomando en cuenta?

3. Ante la detección de una situación de riesgo en perjuicio de la vida, la salud o la integridad de cualquiera de las partes ¿se emitieron medidas de protección?

4. En caso de haberse emitido medidas de protección ¿las mismas contienen elementos mínimos para su ejecución o seguimiento?

El análisis de los derechos en conflicto y afectados, implica llevar a cabo tareas distintas. La primera es identificar los derechos en conflicto respecto a las partes que solicitan un pronunciamiento. La segunda, en virtud de la obligación de las personas juzgadores de «conocer y dar el derecho» en función de los

hechos, éste debe identificar las posibles afectaciones a derechos humanos (aunque no estén argumentados por las partes), en cumplimiento al deber de garantía, observando si tales afectaciones tienen relación al género.

Preguntas de Verificación

1. ¿Se determinaron los derechos en conflicto de conformidad con lo manifestado por las partes?

2. ¿La resolución identifica de manera integral los derechos afectados, evaluando el impacto de género de los mismos?

Para cumplir con los deberes que derivan de juzgar con perspectiva de género es necesario evaluar los impactos diferenciados que provocan las normas sustantivas en el caso cuestionando su neutralidad conforme al derecho de igualdad y

no discriminación por razón de género. Además de analizar la neutralidad de la legislación, el juzgador deberá realizar una revisión de todos los insumos normativos -nacionales e internacionales- aplicables al caso.

Preguntas de Verificación

1. Al advertirse un impacto de género en el conflicto jurídico ¿se cuestionó la neutralidad de la normativa aplicable?

2. ¿El marco normativo que se identificó para resolver el impacto de género considera las disposiciones del parámetro de regularidad constitucional?

3. ¿La resolución invoca criterios interpretativos nacionales o internacionales para fundamentar el análisis y argumentación desde una perspectiva de género?

4. ¿Se acude a otras disposiciones de soft law para fundamentar la resolución desde un enfoque de género?

La argumentación con perspectiva de género se construye con razones a partir de la valoración contextual de los hechos y de las pruebas que demuestran el impacto que tiene la reproducción de funciones o características de género atribuidas a las personas en el ejercicio de los derechos, justificando así, la solución propuesta. Estas razones se fundamentan en el derecho aplicable que ha sido identificado y cuestionado previamente.

Algunos aspectos relevantes de esta fase se vinculan con herramientas de interpretación y métodos de solución de posibles colisiones o restricciones de derechos humanos utilizando herramientas como la ponderación y el test de igualdad.

Preguntas de Verificación

1. ¿Los argumentos de la resolución definen o al menos explican el contenidos de los derechos humanos afectados y su relación con el género de las personas?

2. La argumentación logra demostrar el impacto de género en el conflicto y las consecuencias que tuvo para el ejercicio de los derechos de las partes?

3. En caso de ser necesaria una ponderación de derechos y/o aplicación del test de igualdad, ¿se analizó el derecho a la igualdad y no discriminación y/o violencia fundada en razones de género?

4. ¿La resolución acude a las normas, características y principios de aplicación de los derechos humanos para resolver el conflicto, atendiendo al impacto de género?

El análisis y resolución de un conflicto jurídico desde la perspectiva de género se complementa con el diseño de medidas de reparación que, además de restituir a la persona o personas afectadas en el goce de sus derechos, promueven la compensación de situaciones de desventaja por género y, más aún, la transformación de todas aquellas condiciones causantes de discriminación y violencia.

De esta forma, en los casos en los que existió una violación de derechos humanos, el sistema de justicia debe ser capaz de reparar el daño realizado, e incluso – dependiendo del tipo de violación- de impulsar un cambio cultural.

Preguntas de Verificación

1. ¿Las medidas de reparación atienden, entre otras cosas, las situaciones de discrminación y/i violencia de género detectadas?

2. ¿Las medidas de reparación son proporcionales al daño causado?

3. Para el dictado de las medidas de reparación ¿se tomó en cuenta los intereses y necesidades de las partes?

La última fase de análisis implica revisar las medidas que se implementaron para dar seguimiento al cumplimiento de la decisión, como la petición de informes cuando se trata de una autoridad a quien se le ha fincado responsabilidad o se ha

vinculado directamente con su cumplimiento, el establecimiento de plazos y/o posibles medidas de apremio o denuncia ante el Tribunal que puedan activar cualquiera de las partes, ven caso de un incumplimiento total o parcial de la sentencia.

Preguntas de Verificación

1. ¿La resolución prevé medidas que permitan dar seguimiento al cumplimiento de sus determinaciones?

2. ¿Se fijó plazo para el cumplimiento de la resolución?

3. ¿Se ordenaron medidas de apremio o denuncia en casos de incumplimiento de la decisión?

La versión completa de la Metodología para el análisis de las resoluciones jurisdiccionales desde la perspectiva de género esta formada por los siguientes componentes:

Reverso

¿Cómo incorporar la Perspectiva de Género en la labor del Poder Judicial?

Las Unidades de Género son órganos especializados dentro de los Poderes Judiciales, cuyo fin es “asegurar que la institucionalización de la igualdad de género y los derechos humanos sean pilares fundamentales en la toma de decisiones que, tanto administrativamente como en la impartición de la justicia, se llevan a cabo día a día.”  

Para observar si cumplen con este fin, EQUIS Justicia para las Mujeres realizó una investigación sobre el estado que guardan la estructura institucional y la operación de las Unidades de Género en los Poderes Judiciales estatales y en tres órganos federales.

Resultados del estudio:

:

En 2017 había Unidades de Género –o instancias equivalentes- en 84% de los Poderes Judiciales estatales (27 estados)
Poderes Judiciales cuentan con indicadores para medir su impacto y sus resultados.
Cuentan con presupuesto propio.
Unidades están integradas por una o dos personas.
Poderes Judiciales cuentan con criterios para elegir a la persona titular de su Unidad de Género.

Aunado a estos resultados, EQUIS encontró que se realizan actividades que replican estereotipos o que no van acorde con su fin común.

  • Organización de eventos deportivos.
  • Coordinación de eventos.
  • Gestión de comedor industrial.
  • Reparto de uniformes al personal.
  • Compra de estuches de maquillaje como regalo de «día de las madres».
  • Cursos de autoestima y elección de pareja.
  • Concurso de tamal dietético y nutritivo.

¿Qué pasa si no se aplica la Perspectiva de Género?

Graciela es una mujer que tiene un hijo cuyo padre no se hace cargo de sus obligaciones de alimentos. Ante esta situación, y en busca desesperada de que el padre del niño asuma sus obligaciones como progenitor, Graciela decide enviar mensajes de texto y correos electrónicos a la esposa de éste, para hacerle saber que su esposo mantuvo con ella una relación sentimental en la que tuvieron un hijo del que nunca se hizo responsable.

La esposa del padre de su hijo, presentó una demanda por daño moral en contra de Graciela, al considerar que, al haberle informado que su esposo tuvo un hijo con otra persona durante su matrimonio, sufrió una afectación a sus sentimientos.

El Juez Décimo Cuarto de lo Civil del Fuero Común de la Ciudad de México que conoció del caso, emitió una sentencia en la que consideró que Graciela no tenía ningún derecho a “perturbar o invadir el estado civil conyugal”

y que, dado que ella tenía pleno conocimiento de que el señor estaba casado, a través de los mensajes enviados buscó interferir en el matrimonio.

El juez también señaló que ”no conforme con tener una relación fuera del matrimonio con el esposo” de la demandante, Graciela se lo hizo saber de manera clara generándole un daño moral -sin que existiera una justificación para que lo hiciera-. El juez consideró que estos mensajes no sólo afectaron sus sentimientos y salud psicológica, sino también afectaron “la armonía matrimonial” y su “dignidad como cónyuge”.

Finalmente, el juez condenó a Graciela al pago de 50,000 pesos mexicanos para reparar el daño moral que sufrió la señora con sus mensajes y a una disculpa pública por los daños generados.

Sentencia ganadora del Premio Garrote del Público de Womens Link Worldwide como la peor sentencia expedida por un juez en 2018

Visitar sitio del premio

Rosario* una mujer originaria de Veracruz, una tarde sintió un fuerte dolor abdominal. Acudió a la Cruz Roja y mientras la atendieron, entró al baño. Ahí se dio cuenta de que estaba embarazada, ya que dio a luz a un producto que perdió la vida y ella quedó inconsciente.

Luego de estos hechos, Rosario fue sometida a un proceso judicial en donde se le trató de fincar responsabilidad penal por homicidio doloso.

Finalmente, luego de un amparo, Rosario fue liberada por falta de pruebas.

Al analizar su sentencia, encontramos diversos estereotipos replicados por la autoridad judicial que hacen referencia a los roles de género, es de decir  a su rol como “madre”.

Ella es una mujer indígena, con discapacidad psico-social, madre de dos niños y en situación de pobreza extrema.

El juez que conoció su caso se refirió a ella como una persona “retrasada mental”. Esto no fue un error casual, en todo el expediente encontramos expresiones discriminatorias constantes en relación a la “incapacidad” de la víctima, de hecho y de derecho. No se están cuestionando en estas líneas las resoluciones judiciales aludidas, sino el lenguaje del que se sirve el juez para referirse a la persona durante el proceso; así como, el tratamiento discriminatorio que anula la personalidad jurídica y autonomía personal de la víctima.

El lenguaje utilizado por el juez tiene graves implicaciones porque sugiere que la diversidad funcional de la víctima fue causal para la consumación de los hechos, y hace distintas conjeturas sobre su capacidad de pensar y su vida sexual:

Estas sentencias podrían poner en duda incluso que hubiera tenido lugar la violación, considerando, por un lado, que una persona con discapacidad no tiene voluntad, no puede darse cuenta de lo que hace y tampoco de si lo desea o no, y que la víctima tal vez sí quería, pero no entendía. Y, por otro lado, a lo largo del expediente reitera el viejo y ya en desuso criterio de la resistencia de la víctima, aunque finalmente, jurídicamente no lo usa. Los estándares internacionales que obligan al juez son precisos cuando afirman que por ningún motivo se debe pedir a una víctima de violación que demuestre que intentó resistir el acto.

Esther*, originaria de Mérida, Yucatán, decidió denunciar a su esposo por violencia intrafamiliar en junio de 2011.

El 20 de octubre regresa para denunciar nuevamente a su agresor, pero no hubo actuación del Ministerio Público (MP).

En noviembre de ese mismo año, interpuso un amparo por omisión de contestación. El 25 de noviembre el MP contestó negando la órdenes de protección para Esther.

Por falta de motivación, se concede a Esther el amparo  y el MP dicta una nueva resolución el 22 de marzo de 21 negando nuevamente las órdenes de protección .

El MP finalmente dicta órdenes de protección el 11 de octubre de 2013.

*El nombre ha sido cambiado para proteger la identidad de la persona involucrada.

Silvia es una mujer de nacionalidad española que residía en el Distrito Federal.

En 2009 decidió separarse de su pareja, éste la demandó para quitarle la custodia del hijo de ambos.

El caso llegó a Andrés Manuel Linares Carranza, entonces Juez 42º de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y ahora magistrado.

En su decisión, el juez determinó quitarle a Silvia la guarda y custodia de su hijo, basándose en que ella no ha cumplido con su “rol tradicional de madre”.

Argumentos como que “ella es atea” y que “los niños se crían mejor con sus padres porque son varones” o que ella de joven había estado “topless”

en la playa, le valieron al juez para determinar que ella representaba un peligro para su hijo.

Además, el juez ordenó a Silvia a asistir a terapia psicológica para que pudiera  ofrecer a su hijo cariño y amor conforme a las costumbres mexicanas y para que “acepte los roles tradicionales de género”, para que así pueda “acertar” como madre en la formación y educación de su hijo.

Debido a ésta sentencia, Silvia lleva dos años ya sin ver a su hijo. Además ha sido víctima de intensos acosos por parte de su expareja para que se desista de interés de obtener la custodia de su hijo.

Un grupo de 80 personas presentó un amparo colectivo por discriminación por orientación sexual en la Constitución y el Código de Familia de Yucatán  en lo referente al matrimonio y concubinato.

El Juez desechó la demanda porque los demandantes  no demostraron ser el grupo afectado, es decir no demostraron su homosexualidad.

Dicha determinación  viola los principios de igualdad y no discriminación  al restringir el acceso al matrimonio y concubinato solo a personas heterosexuales.

Publicaciones de consulta

2019. Guía dirigida, principalmente, a organizaciones feministas que estén buscando incorporar el acceso a la información como un instrumento que les permita fortalecer sus estrategias de incidencia.

2019. Primer informe de hallazgos de la Red por la Ciudadanización de la Justicia, en el que analizamos más de 100 sentencias emitidas por los Poderes Judiciales de ocho entidades federativas, en las cuales identificamos múltiples deficiencias técnico–jurídicas en la impartición de justicia.

2018. El Foro Nacional de Poderes Judiciales, buenas prácticas en materia de igualdad de género, se celebró el día 22 de noviembre de 2018 con la finalidad de dar a conocer los resultados del proyecto “Ciudadanizando la Justicia: un modelo de acompañamiento a Tribunales en tres entidades federativas de la República Mexicana” (2017- 2018).

2017. La Metodología para el análisis de decisiones jurisdiccionales desde la perspectiva de género es una herramienta elaborada por EQUIS Justicia para las Mujeres. Este proyecto tiene sus antecedente en las observaciones, comentarios y reflexiones que ha realizado la organización como parte de su actividad en el “Observatorio de Sentencias Judiciales de la Articulación Regional Feminista” y en el Observatorio “Justicia y género”.

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