Juzgar con Perspectiva de género

A menudo las normas y leyes reproducen estereotipos machistas y discriminatorios, pero mayoritariamente estos estereotipos provienen de las interpretaciones de quienes imparten justicia. Interpretaciones que son la base de sentencias y que constituyen una importante barrera para el acceso a la justicia

En 2016, La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio obligatorio para aplicar justicia con perspectiva de género y que establece que las personas juzgadoras deben contar con las suficientes herramientas para poder identificar prejuicios y hacer un análisis de género de las controversias que están resolviendo.

¿Cómo se juzga con perspectiva de género?

1

Identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes.

2

Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género.

3

Ordenar las pruebas necesarias para visibilizar situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género,  en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación.

4

Ante desventajas por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, y evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género.

5

Aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas.

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Y por supuesto en todo momento evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género.

I. Análisis de Sentencias

 

 

- Mujer indígena debe probar que fue víctima de violencia sexual

Laura* es una mujer indígena originaria de Oaxaca. Fue sentenciada el 31 de marzo de 2016 por el delito de homicidio calificado.

Los hechos ocurrieron cuando el hermano de su esposo llegó a su casa e intentó violarla.  Justo en ese momento llegó su esposo y al ver lo que sucedía, mató a su hermano.

Ambos fueron juzgados por el delito de homicidio.

En este caso, la autoridad judicial omitió juzgar con perspectiva de género. No consideró los hechos violentos de los que fue víctima Laura,  por el contrario, cuando ella alega que su cuñado intentó violarla, el juez le impuso la carga de probarlo, cuando la investigación de un delito es responsabilidad del Ministerio Público.

Por otro lado, el juez no consideró que la mujer indígena rindió su primer declaración sin la presencia de un traductor y que además fue torturada para firmar dicho documento.

El juez debió ordenar que se investigara la violencia sexual y la tortura sufrida por Laura e incorporar los hallazgos en su argumentación.

Este caso es parte de la campaña Es Justo que Sepas de Justicia que ha emprendido Equis Justicia para las Mujeres en coordinación con Apis, Así Legal, Cepiadet, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche, Prosede y Unisse con la finalidad de evidenciar la utilidad de la transparencia judicial en sentencias cómo una herramienta para fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres.

*El nombre ha sido cambiado para proteger la identidad de la persona involucrada.

- Imposible que una mujer no sepa que está embarazada

Rosario* una mujer originaria de Veracruz, una tarde sintió un fuerte dolor abdominal. Acudió a la Cruz Roja y mientras la atendieron, entró al baño. Ahí se dio cuenta de que estaba embarazada, ya que dio a luz a un producto que perdió la vida y ella quedó inconsciente.

Luego de estos hechos, Rosario fue sometida a un proceso judicial en donde se le trató de fincar responsabilidad penal por homicidio doloso.

Finalmente, luego de un amparo, Rosario fue liberada por falta de pruebas.

Al analizar su sentencia, encontramos diversos estereotipos replicados por la autoridad judicial que hacen referencia a los roles de género, es de decir  a su rol como “madre”.

Este caso es parte de la campaña Es Justo que Sepas de Justicia que ha emprendido Equis Justicia para las Mujeres en coordinación con Apis, Así Legal, Cepiadet, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche, Prosede y Unisse con la finalidad de evidenciar la utilidad de la transparencia judicial en sentencias cómo una herramienta para fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres.

*El nombre de la víctima fue modificado para resguardar su identidad.

- Mujer no cumple con rol de madre mexicana tradicional

Silvia es una mujer de nacionalidad española que residía en el Distrito Federal.

En 2009 decidió separarse de su pareja, éste la demandó para quitarle la custodia del hijo de ambos.

El caso llegó a Andrés Manuel Linares Carranza, entonces Juez 42º de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y ahora magistrado.

En su decisión, el juez determinó quitarle a Silvia la guarda y custodia de su hijo, basándose en que ella no ha cumplido con su “rol tradicional de madre”.

Argumentos como que “ella es atea” y que “los niños se crían mejor con sus padres porque son varones” o que ella de joven había estado “topless” en la playa, le valieron al juez para determinar que ella representaba un peligro para su hijo.

Además, el juez ordenó a Silvia a asistir a terapia psicológica para que pudiera  ofrecer a su hijo cariño y amor conforme a las costumbres mexicanas y para que “acepte los roles tradicionales de género”, para que así pueda “acertar” como madre en la formación y educación de su hijo.

Debido a ésta sentencia, Silvia lleva dos años ya sin ver a su hijo. Además ha sido víctima de intensos acosos por parte de su expareja para que se desista de interés de obtener la custodia de su hijo.

Este caso es parte de la campaña Es Justo que Sepas de Justicia que ha emprendido Equis Justicia para las Mujeres en coordinación con Apis, Así Legal, Cepiadet, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche, Prosede y Unisse con la finalidad de evidenciar la utilidad de la transparencia judicial en sentencias cómo una herramienta para fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres.

- Discapacidad y acceso a la justicia

En EQUIS: Justicia para las Mujeres A.C. y APIS Sureste Fundación para la Equidad tramitamos un caso para la defensa de una víctima de violación en Yucatán. Ella es una mujer indígena, con discapacidad psico-social, madre de dos niños y en situación de pobreza extrema.

El juez que conoció su caso se refirió a ella como una persona “retrasada mental”. Esto no fue un error casual, en todo el expediente encontramos expresiones discriminatorias constantes en relación a la “incapacidad” de la víctima, de hecho y de derecho. No se están cuestionando en estas líneas las resoluciones judiciales aludidas, sino el lenguaje del que se sirve el juez para referirse a la persona durante el proceso; así como, el tratamiento discriminatorio que anula la personalidad jurídica y autonomía personal de la víctima.

Literalmente señala “ausencia de autonomía de la voluntad” y que “presenta retraso mental moderado, siendo evidente que tal estado de salud constituye un alteración psicológica que necesariamente se traduce en anormalidad de la conducta de la persona que se encuentra privada de sus facultades mentales” y que “carecía de un libre discernimiento sobre la conveniencia o inconveniencia del concúbito carnal“, “que no tiene la capacidad mínima de comprender hechos tipificados como punibles (…)”.

El lenguaje utilizado por el juez tiene graves implicaciones porque sugiere que la diversidad funcional de la víctima fue causal para la consumación de los hechos, y hace distintas conjeturas sobre su capacidad de pensar y su vida sexual: “(…) ya que esta enfermedad se trata exclusivamente de una disminución del coeficiente intelectual, que le impide tomar decisiones en razón de que no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, lo correcto o lo opuesto, por lo que carece de capacidad para decidir sobre su sexualidad (…)”.

Estas sentencias podrían poner en duda incluso que hubiera tenido lugar la violación, considerando, por un lado, que una persona con discapacidad no tiene voluntad, no puede darse cuenta de lo que hace y tampoco de si lo desea o no, y que la víctima tal vez sí quería, pero no entendía. Y, por otro lado, a lo largo del expediente reitera el viejo y ya en desuso criterio de la resistencia de la víctima, aunque finalmente, jurídicamente no lo usa. Los estándares internacionales que obligan al juez son precisos cuando afirman que por ningún motivo se debe pedir a una víctima de violación que demuestre que intentó resistir el acto.

Este caso es parte de la campaña Es Justo que Sepas de Justicia que ha emprendido Equis Justicia para las Mujeres en coordinación con Apis, Así Legal, Cepiadet, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche, Prosede y Unisse con la finalidad de evidenciar la utilidad de la transparencia judicial en sentencias cómo una herramienta para fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres.

- Órdenes de protección 28 meses después

Esther*, originaria de Mérida, Yucatán, decidió denunciar a su esposo por violencia intrafamiliar en junio de 2011.

El 20 de octubre regresa para denunciar nuevamente a su agresor, pero no hubo actuación del Ministerio Público (MP).

En noviembre de ese mismo año, interpuso un amparo por omisión de contestación. El 25 de noviembre el MP contestó negando la órdenes de protección para Esther.

Por falta de motivación, se concede a Esther el amparo  y el MP dicta una nueva resolución el 22 de marzo de 21 negando nuevamente las órdenes de protección .

Esther interpone un segundo amparo por violencia institucional, falta de garantía por parte del MP y negligencia.

El MP finalmente dicta órdenes de protección el 11 de octubre de 2013.

Este caso es parte de la campaña Es Justo que Sepas de Justicia que ha emprendido Equis Justicia para las Mujeres en coordinación con Apis, Así Legal, Cepiadet, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche, Prosede y Unisse con la finalidad de evidenciar la utilidad de la transparencia judicial en sentencias cómo una herramienta para fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres.

*El nombre ha sido cambiado para proteger la identidad de la persona involucrada.

- Discriminación por orientación sexual

Un grupo de 80 personas presentó un amparo colectivo por discriminación por orientación sexual en la Constitución y el Código de Familia de Yucatán  en lo referente al matrimonio y concubinato.

El Juez desechó la demanda porque los demandantes  no demostraron ser el grupo afectado, es decir no demostraron su homosexualidad.

Dicha determinación viola los principios de igualdad y no discriminación  al restringir el acceso al matrimonio y concubinato solo a personas heterosexuales.

Este caso es parte de la campaña Es Justo que Sepas de Justicia que ha emprendido Equis Justicia para las Mujeres en coordinación con Apis, Así Legal, Cepiadet, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche, Prosede y Unisse con la finalidad de evidenciar la utilidad de la transparencia judicial en sentencias cómo una herramienta para fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres.

II. Unidades de Género

En 2017 había Unidades de Género –o instancias equivalentes- en 84% de los poderes judiciales estatales (27 estados)

poderes judiciales cuentan con indicadores para medir su impacto y sus resultados.

cuentan con presupuesto propio.

Unidades están integradas por una o dos personas.

poderes judiciales cuentan con criterios para elegir a la persona titular de su Unidad de Género.

Las Unidades de Género son órganos especializados dentro de los poderes judiciales, cuyo fin es “asegurar que la institucionalización de la igualdad de género y los derechos humanos sean pilares fundamentales en la toma de decisiones que, tanto administrativamente como en la impartición de la justicia, se llevan a cabo día a día.”  

Para observar si cumplen con este fin, EQUIS Justicia para las Mujeres realizó una investigación sobre el estado que guardan la estructura institucional y la operación de las Unidades de Género en los poderes judiciales estatales y en tres órganos federales.

 

Realizan actividades que replican estereotipos o que no van acorde con su fin como:

Organización de eventos deportivos

Coordinación de horarios

Gestión del comedor institucional

Reparto de uniformes al personal

Cursos de autoestima y elección de pareja

Concurso del tamal dietético y nutritivo

Compra de estuches de maquillaje como regalo por el “día de las madres”

II. Metodología para juzgar con P.G.

Consulta la metodología para Metodología para el Análisis de las decisiones jurisdiccionales desde la Perspectiva de Género Es una guía analítica que permite determinar si una decisión jurisdiccional ha incorporado la perspectiva de género