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En busca de políticas más humanas: Medidas alternativas a la prisión

En el trayecto Chiapas – Oaxaca la vida de María*, de 25 años, dio un giro inesperado. En un control militar fue acusada de llevar marihuana en su bolsa. Lleva tres años en prisión. 

Hace más de dos años, Sara*, una mujer indígena chiapaneca declara que fue detenida y maltratada en su propia casa sin orden de aprehensión.  Firmó su declaración bajo coacción, pues no sabe leer. Desde ese día no ha vuelto a casa, está procesada por transporte y venta de marihuana en espera de sentencia. 

Sara y María no son dos casos especiales, representan a un gran porcentaje  de las mujeres encarceladas en México acusadas por delitos de drogas.

En 2013 se registraron 14,746 ingresos de mujeres al sistema penitenciario por delitos del fuero común, de éstas el 6.5% fueron acusadas de delitos relacionados con drogas. En el fuero federal se registraron 2,000 ingresos de mujeres, de las cuales el 50% fueron acusadas por delitos relacionados con drogas. Ante esta situación, Equis Justicia para las Mujeres está investigando y documentando las historias de estas mujeres en diferentes cárceles del país. Esto nos ha permitido corroborar el perfil de las mujeres acusadas, y evidenciar  las múltiples carencias en los procesos judiciales en los que se encuentran inmersas.

Según los testimonios de las mujeres acusadas, el acceso a la justicia fue violado en todo momento por parte de cada instancia de justicia, desde las detenciones arbitrarias hasta los procesos judiciales y la ejecución de sus sentencias.

Fotografía de Luisa Méndez
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Fotografía de Luisa Méndez

Mujeres pobres, con baja escolarización y sin antecedentes

Hace tres años, la Primera Encuesta realizada a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESO) publicada por el CIDE reveló que el 91.6% de estos casos, las mujeres no portaban armas, 98.9% no tienen antecedentes penales, muchas son mujeres indígenas, poseen bajo nivel de escolarización (60% no completaron la secundaria), se encuentran en situación de necesidad económica, y son mantenedoras del hogar con personas dependientes a su cargo.  El pasado año la CIM publicó el documento Mujeres y Drogas en las Américas, y revela la misma información sobre el perfil de las mujeres acusadas. Las mujeres que entrevistamos desde Equis responden a este mismo perfil.

El factor socio-económico en el acceso a la justicia sí importa. Todas las mujeres entrevistadas hasta el momento poseen un perfil similar, y todas denuncian fallas en el proceso judicial (detenciones arbitrarias, falta de información sobre su proceso, ubicación en cárceles mixtas, escaso contacto con los abogados, imposibilidad de hablar con el juez o la jueza a cargo, prisiones preventivas de más de dos años, etc).

*Adelaida  se implicó en este delito por no delatar a su compañero de vida. Según su testimonio, cuando llegaron a la casa venían buscándolo a él, como no lo encontraron se la llevaron a ella. Ya ha pasado casi un año y medio. Adelaida sigue en prisión en espera de sentencia.

 

Equis Justicia para las Mujeres sostiene que el encarcelamiento por este tipo de delitos, no violentos,  tiene más repercusiones a nivel socio-económico para las mujeres que para la verdadera lucha contra el narcotráfico. En ocasiones implica que sus hijas e hijos también estén en prisión con ellas, o que les sean arrebatadas las custodias, mayor empobrecimiento familiar, abandono familiar y fuerte estigma social. Las mujeres, acusadas principalmente de implicación en casos de transporte de drogas, representan los eslabones más bajos en la cadena del narcotráfico, y su encarcelamiento no afecta las dinámicas e intensidad del tráfico de drogas en el país.

Obstáculos en el acceso a la  justicia.

Detenidas, incomunicadas, maltratadas y desinformadas. Según los testimonios de las mujeres, la mayoría fueron detenidas sin orden judicial, en supuesta flagrancia o en el interior de sus casas. Una vez bajo tutela, fueron coaccionadas y obligadas a declarar en su contra y forzadas a firmar, aunque algunas de ellas no saben leer. En algunos casos las mujeres aseguran que se añadieron otros delitos en las declaraciones auto inculpatorias  (posesión con fines o venta).

María no vio a ningún abogado el día que fue detenida, ni fue asesorada legalmente en el Ministerio Público sobre la situación y el proceso judicial al que se enfrentaba. Estuvo dos años en prisión preventiva. El abogado de oficio asignado nunca acudió a las audiencias ni careos con los federales, ni con el juez. Tampoco respondía a las llamadas telefónicas. “No me ayudó en nada”.

Sin derecho a la legítima defensa. La mayoría de las entrevistadas confirmaron haberse sentido mal representadas, insatisfechas con su defensa. Los defensores públicos de oficio no presentaban pruebas a favor o no solicitaban careos con el juez. Las sentencias pronunciadas, se basan en la declaración en contra de los policías aprehensores, la foto con la droga en el Ministerio Público y declaración autoinculpatoria firmada bajo coacción.

 

Medidas alternativas a la prisión

El trabajo de investigación en el que estamos inmersas parte de los testimonios de las mujeres recluidas, y pretende incidir para que tenga cabida una propuesta de medidas alternativas a la prisión  en estos casos. Desde Equis consideramos que los costos sociales de la política actual de encarcelamiento masivo, son demasiado altos para estas mujeres primo delincuentes, y para la sociedad en general.

Por el momento, las medidas alternativas al encarcelamiento en México son inexistentes, pues la legislación es especialmente estricta en temas de drogas. Sin embargo, el Artículo 193 párrafo 3° del Título Séptimo sobre Delitos contra la Salud del Código Penal Federal vigente que obliga a impartidores de Justicia a interpretar cada caso concreto según las circunstancias específicas que las rodean.

A Sara le otorgaron un abogado de oficio a quién nunca vio. En su testimonio declaró que le obligaron a firmar su declaración aunque ella no sabe leer.

En los casos que estudiamos, no se tuvieron en cuenta las consecuencias socioeconómicas, ni la necesidad económica, ni el desconocimiento de la gravedad de la pena por parte de la mayoría de las mujeres. Según los relatos personales, en la mayoría de los casos, el juez o jueza asignado desconoce a las mujeres y sus circunstancias.

Adelaida firmó sin poder leer los documentos.  Fue traslada a la prisión y nadie le explicó a dónde la llevaban. Nunca le dejaron hablar con el juez. “Yo quería explicarle mis circunstancias como madre, por los cuidados, las pruebas que tengo a mi favor, las contradicciones en la declaración de los policías, simplemente quiero hablar con el juez”

En materia de delitos de drogas, la política criminal afecta especialmente a las mujeres. La perspectiva de género se encuentra totalmente ausente en el diseño de las políticas nacionales de drogas, especialmente, desde la arista de la persecución criminal de este tipo de delitos. Estas políticas carecen por tanto de un reconocimiento del impacto diferencial que tienen en las mujeres, y los distintos factores de involucramiento que las llevan a delinquir en este tipo de delitos.

Equis manifiesta la importancia de desarrollar estrategias integrales que busquen atender estos casos desde las condiciones que ponen a las mujeres en situación de vulnerabilidad económica y social, circunstancias condicionantes para cometer esos delitos. Y sobre todo Equis enfatiza en la necesidad de garantizar el acceso a la justicia en todo momento de sus procesos; así como de asegurar su reinserción en la sociedad.

 

* Sara, María y Adelaida, son nombres falsos de casos reales.

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