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Mujeres en el Sistema Penitenciario:
El reto de impartir justica con perspectiva de género

El Senado de la República fue el punto de reunión de diferentes organizaciones y profesionales para debatir sobre el estado de situación de los derechos humanos de las mujeres en el sistema penitenciario en México. Durante el desarrollo de la jornada se presentaron datos y propuestas relevantes que mostraban algunos de los puntos críticos para mejorar la situación de las mujeres en prisión y también para reducir el número de población privada de libertad.

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Este encuentro tiene lugar en un marco particular. Durante los últimos años, el número de mujeres en la cárcel por delitos contra la salud ha crecido de manera alarmante. Y no podemos obviar que la feminización de la pobreza está directamente relacionada con este hecho. Varios ponentes señalaron también otras causas cómo el abuso del sistema penal para resolver problemas sociales y la falta de medidas alternativas a la prisión.

 

inicio foro

Mesa de Inauguración en el Senado de la República. Foro Mujeres en el Sistema Penitenciario

 

Políticas y reformas legislativas que se hagan cargo de la diversidad y la desigualdad social.

El Senador Roberto Gil del Senado de la Republica, quién inauguró este foro, expuso la necesidad de una reforma legislativa para que las personas no permanezcan en prisión por delitos menores.

Nadie puede negar que las posibilidades económicas marcan la diferencia entre estar dentro y fuera de la cárcel”. Senador Roberto Gil

Según la Asociación Civil, Documenta, en prisión hay 13.448 mujeres, representando aproximadamente a un 5 % de la población carcelaria. La mayoría de mujeres se encuentran en cárceles mixtas. Por esto, entre otras cosas, el sistema penitenciario no está diseñado para la población femenina. Ni la infraestructura, ni las políticas atienden a la diversidad y las necesidades específicas de las mujeres. Lo que da lugar al florecimiento de la violencia de género, institucional y la creación de redes de trata, situaciones que describieron con ejemplos varios panelistas a lo largo de la jornada.

panel 1Cruz Arteaga, visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del DF, aportó una interesante revisión del proyecto de Ley Nacional de Ejecución Penal con Perspectiva de Género, señalando la necesidad de monitorear que se cumplan los estándares internacionales en el acceso a la salud de las personas en reclusión y que se atienda la diversidad de personas y necesidades que tenemos dentro del sistema penitenciario. Pero, señala, quizá deberíamos empezar por fomentar que a todas las personas detenidas pasen por un proceso judicial sin irregularidades.

Muchas de las mujeres que están en prisión por delitos menores han sufrido procesos irregulares que las mantienen durante largos periodos en la cárcel sin ni siquiera sentencia”. Cruz Arteaga, visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del DF.

panel 2Javier Villalba Solis, del Comisionado Nacional de Seguridad señala la importancia del tema de género más allá de las prisiones. Como un tema a retomar en toda la cadena de justicia, incluida la prevención.

“Además de insistir en mejorar la situación en prisiones es necesario trabajar con un protocolo para juzgar con perspectiva de género. Evaluar las legislaciones para insistir en medidas alternativas a la prisión más vulnerable”. Leticia Bonifaz.

Ana Pecova, desde Equis Justicia para las Mujeres, presentó el estado de situación en el caso de las mujeres encarceladas por delitos contra la salud, que representan casi el 50% de las mujeres en prisión en el país:

“Las mujeres acusadas por delitos contra la salud ocupan los eslabones más bajos de las redes del narcotráfico, como cultivadoras o mulas, la mayoría de las mujeres que entrevistamos son primo-delincuentes, sin recursos económicos y sus detenciones no tienen un impacto real en la lucha contra el narcotráfico.” Ana Pecova, Equis Justicia para las Mujeres.

Ver Video Mesa de Inauguración

El acceso a la justicia es una carrera de obstáculos

En el Sistema de Justicia en México, 3 de cada 4 personas precisa el uso de defensa pública, de oficio, lo que suele implicar que no hay defensa técnica adecuada. Luis Alberto Muñoz, abogado de Equis Justicia para las Mujeres, señala que la mayoría de las mujeres que están en prisión con las que está trabajando no han cometido delitos. Muchas, señala, ni siquiera saben de qué están acusadas o cumplen prisión por delitos cometidos por sus compañeros de vida o hijos.

Rosalinda Salinas, Directora de la PGJ apunta en la misma dirección con datos: Entre 75-80% de personas que usan la defensoría de oficio son mujeres. Este es un dato revelador. La dimensión de género se cruza con la económica y con las otras dimensiones que articulan las desigualdades sociales precisan de una justicia que mire a las personas.

Hay que quitarle la venda de los ojos a la justicia para que atienda el contexto de desigualdades”. Rosalinda Salinas, Directora de la PGJ

panel 3En el acceso a la justicia, la vulnerabilidad está relacionada con la cuestión de género y con todas las variables que generan desigualdad social. El idioma y la escasa educación formal son algunas de las barreras más visibles y afectan en mayor proporción a las mujeres indígenas. Mario Alberto Torres destacó el trabajo que se está haciendo desde las Defensorías Públicas, formando a traductores indígenas. Pero aún no se cubre todo el amplio abanico lingüístico la República y la barrera lingüística es sólo una de tantas barreras.

Cuando el género hace la diferencia
Ileana Galilea Cariño, de la Universidad Iberoamericana de Puebla, señaló que según sus investigaciones, a menudo las mujeres ya reciben la condena sin juicio y sin sentencia. Desde el día que son detenidas son condenadas y criminalizadas por parte de las autoridades. Esto es fruto de los estereotipos de género que imperan en la sociedad y esa tendencia a asociar el delito con el pecado. A menudo, las mujeres que están en prisión son abandonadas por la comunidad y la familia. Los costos que tiene la prisión sobre la vida de estas mujeres y la sociedad son demasiado altos
“No podemos ver el aumento de las mujeres en prisión sin atender a la feminización de la pobreza”. Ileana Galilea Cariño
Las víctimas invisibles del encarcelamiento masivo

La alta tasa de maternidad de las mujeres que están en prisión despierta la preocupación por el destino de los menores que tenían a cargo. En México, 9 de cada 10 mujeres presas son madres. Para Luciano Cadoni, los hijos e hijas de las personas en prisión son los afectados invisibles del encarcelamiento masivo. Él es parte de una red regional ( NNAPEs) que está evidenciando esta situación, y tratando de impulsar políticas públicas que atiendan a estos menores. Hoy por hoy, ni siquiera sabemos cuántos niños y niñas tienen a sus padres en prisión en México, ni quién se está haciendo cargo de ellos.

“Se estima que hay 2 millones de menores con padres encarcelados en América Latina. Ante un encarcelamiento de sus progenitores muchos niños quedan sin acceso a la educación, sin acceso a su infancia. Ni siquiera sabemos cuántos son”. Luciano Cadoni.

Cruz Arteaga señaló seguidamente que la todas las autoridades que están presentes en la detención de una mujer han de garantizar la seguridad de sus hijos e hijas.

En busca de una justicia con rostro humano: medidas alternativas a la prisión.
Fotografía de Luisa Méndez

Fotografía Luisa Méndez

En medio del contexto Mexicano, Zhuyen Molina, defensora pública de Costa Rica, compartió el Protocolo de Asistencia Social para liberadas que habla de los beneficios de la ejecución de penas extramuros y del éxito y las bondades de las medidas alternativas, siempre y cuando estén adecuadas la situación específica de las personas. La medida de éxito en este programa es conseguir que las mujeres no regresen a la vida delictiva y causar los menores daños posibles en sus vidas y en su entorno familiar.

“Las medidas alternativas son mejor que la prisión. Pero el objetivo es que sustituyan a algunos delitos menores. Una medida para todas las personas no funciona, todas las medidas han de ser calibradas en función de la persona“. Corina Giacomello.

Por su lado, el Juez Gerardo Campos apunta un dato interesante. Según la legislación mexicana, solo se puede aplicar la prisión preventiva en caso de que no se pueda aplicar otras medidas cautelares. Y se debe justificar que es la medida menos lesiva para la persona imputada. Sin embargo, la denuncia del abuso de esta medida cautelar fue un punto común en casi todas las exposiciones que se presentaron durante la jornada.

Corina Giacomello, investigadora en Equis Justicia para las Mujeres, señala el abuso del derecho penal para tratar problemas sociales que existe en América Latina. Actualmente, se prevé siempre prisión preventiva oficiosa por delitos contra la salud. Esto lleva a muchas mujeres primo-delincuentes a prisión por largos periodos. Algunas enfrentan penas de hasta 10 años por transporte de drogas.

“Sólo cuando conocemos las realidades que enfrentan las mujeres en prisión y sus familias entendemos el alcance y el potencial de cambio social que pueden tener las medidas alternativas a la prisión dentro de la sociedad”. Corina Giacomello.

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Necesitamos que el delito se enfrente desde enfoques diferenciales, pues el principio de no discriminación implica medidas específicas para grupos específicos. En resumen, lograr una respuesta más humana a los delitos.

“Las medidas alternativas no son la panacea pero son mejor que la prisión. El objetivo es despenalizar algunos delitos menores. Una medida para todos no funcionan, todas las medidas han de ser calibradas en función de la persona y sus circunstancias”. Corina Giacomello.

Nischa Piers, de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, cerró la jornada presentando la “Guía para las Reformas de las Políticas de Drogas” que pretende ser una herramienta para reducir el número de la población femenina en prisión.

 

Ver también:

 –  En busca de políticas más humanas: Medidas alternativas a la prisión.

CIDH: Denuncia de violaciones de derechos humanos en  el marco de lucha contra el narcotráfico en México.

El reto de impartir justicia con perspectiva de género.

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