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El acceso a la justicia se ha incluido dentro de las principales demandas de las mujeres indígenas a nivel nacional, ya sea en su vertiente comunitaria y/o estatal. Uno de los reclamos es que se resuelvan de manera idónea a su identidad y cultura las violaciones a sus derechos colectivos y humanos. Así se ha pronunciado la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, haciendo el siguiente llamado “Nos pronunciamos por el respeto y el reconocimiento de nuestros sistemas normativos y de impartición de justicia, por las prácticas en defensa de la vida y de la construcción del pluralismo” (CONAMI-PNUD, 2012).  Asimismo, según la Consulta Nacional sobre la situación que guardan los derechos de las mujeres indígenas en sus pueblos y comunidades de la CDI realizada en los periodos del 2009 al 2012, las necesidades más sentidas y apremiantes de las mujeres indígenas son “la imposibilidad de acceder a una procuración de justicia expedita y respetando sus derechos como mujeres”,  sobre todo cuando sufren situaciones de violencia de género (CDI, 2013).

La Consulta Nacional mostró algunos de los obstáculos estructurales que enfrentan las mujeres indígenas para el acceso a la justicia, como la falta de consolidación de los marcos generales de conceptualización y visualización de los derechos de los pueblos indígenas.  También se mencionó la falta de reconocimiento de la vulnerabilidad específica de las mujeres por razones de género y el precario ejercicio de sus derechos ciudadanos. Otro punto es la inexistencia de mecanismos efectivos para proteger y promover sus derechos. Las acciones específicas que se sugieren son: reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incluir dentro de ella una perspectiva de diversidad cultural, revisar los sistemas normativos de nuestros pueblos indígenas, sus alcances y limitaciones respecto de los derechos humanos de las mujeres, apropiarse de los espacios de participación en el ámbito jurídico, vigilar con equidad de género a las autoridades comunitarias que se encargan de la impartición de justicia, formar y certificar a traductoras indígenas que intervengan en los procesos judiciales, promover protección legal para las defensoras de los derechos humanos de las mujeres, demandar la discriminación y violencia institucional hacia las mujeres indígenas en todos  los niveles de gobierno e instituciones.

Por lo que respecta a otras acciones, la Consulta Nacional se propusieron las siguientes recomendaciones, en lo relativo a capacitación para el acceso de las mujeres a la justicia del estado y en sus comunidades: a las autoridades sobre sus competencias y responsabilidades frente a las y los ciudadanos de su jurisdicción, a las autoridades responsables de la impartición de justicia sobre las leyes y convenios que protegen los derechos de las mujeres, sensibilización de las autoridades sobre los derechos de los pueblos indígenas y sobre la perspectiva de interculturalidad y género (CDI, 2013).

También se sugirió emprender una jornada nacional de capacitación a los ayuntamientos inmediatamente después de haber accedido al cargo de representación popular, que podría realizarse a través de convenios con las universidades estatales y con las múltiples ONG que trabajan los temas de derechos indígenas y derechos de las mujeres. Finalmente, la Consulta reconoció que existían un número importante de instituciones que desarrollan programas y proyectos de apoyo a las mujeres indígenas del país, pero que existe duplicidad de acciones y programas no vinculados entre sí. Hay instituciones trabajando de forma simultánea en las mismas regiones e incluso con la misma población, con metodologías distintas, con una débil perspectiva de género, en el mejor de los casos, y sin una perspectiva de derechos e interculturalidad y esto daba cuenta del fracaso de la política de transversalidad con pertinencia cultural planteada en el anterior Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI, 2013).

Otros obstáculos detectados para el acceso a la justicia de las mujeres indígenas se encuentra: el desconocimiento de las mujeres indígenas sobre las instancias gubernamentales administrativas y jurisdiccionales encargadas de procurar el acceso y la impartición de justicia, la lejanía de los centros de procuración e impartición de justicia respecto a los municipios, pueblos, comisarias o rancherías en donde se ubican la mayor parte de la población indígena; la falta de recursos económicos para trasladarse hasta los lugares en donde se ubican los órganos de administración de justicia; la presencia limitada de traductores en las lenguas maternas que faciliten la comunicación entre los servidores públicos de las instituciones de procuración e impartición de justicia y las mujeres indígenas; procedimientos jurídicos inaccesibles e incompresibles para las dinámicas y formas de vida indígenas. En la jurisdicción indígena, las mujeres se enfrentan a la naturalización de la violencia por parte de los y las encargadas de llevar las audiencias de justicia o de pareja en la justicia comunitaria, generalmente no cuentan con el pleno reconocimiento del Estado, y por ende, la fuerza coercitiva que ejercen es sumamente limitada, pues sus resoluciones o “sentencias” no tienen obligatoriedad para las personas implicadas en ella.

Respecto al estadio de la relación entre discriminación y acceso a la justicia, en el caso de las personas indígenas, el primer obstáculo es la falta de acceso a información y prestación de servicios en su lengua materna. Después se puede enumerar una cantidad importante de dificultades particulares que se refieren al desconocimiento, por parte de las autoridades, de la justicia indígena, de la distancia física y cultural entre las instituciones convencionales y las comunidades y, de manera general, es evidente un marcado desprecio hacia este grupo, fincado en un racismo de honda raíz (CONAPRED, 2012).

Además, como ha evidenciado la CIDH, la violencia, la discriminación y las dificultades para acceder a la justicia afectan en forma diferenciada a las mujeres indígenas y afrodescendientes debido a su particular exposición al menoscabo de sus derechos por causa del racismo. Asimismo, se ha constatado que los obstáculos que enfrentan para acceder a recursos judiciales idóneos y efectivos que remedien las violaciones sufridas pueden ser particularmente críticos, porque sufren de varias formas de discriminación combinadas por ser mujeres, por su origen étnico o racial y/o por su condición socioeconómica (CIDH, 2007).

 

Consulta el informe: Informe Indígenas y Afromexicanas Mexico EQUISfinal

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