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México Octubre 2015

Posicionamiento de organizaciones sociales respecto al cuestionamiento de las órdenes de protección emitidas por las y los jueces.

PONER EN TELA DE JUICIO LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN PONE EN RIESGO LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS

Medios de comunicación de la fuente de espectáculos difunden la condena social hacia las Órdenes de Protección, en contra del cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos de juezas y jueces. Frente a la pasividad judicial, las órdenes de protección son mecanismos para la garantía de derechos de las personas.

En días pasados, diversos medios de comunicación han difundido información sobre un asunto en el que la actriz Cecilia Suárez y el actor Osvaldo de León, ambas personas públicas, disputan la custodia de su hijo.

El tratamiento mediático que se ha dado al caso es parcial y poco documentado, dando únicamente cabida a las acusaciones de una de las partes sobre la falta de profesionalidad y rigor en el desempeño judicial. Las notas se basan en las acusaciones, emitidas por Osvaldo de León, de parcialidad, ejercicio ilegal del servicio público y retardo de justicia por parte de una jueza de oralidad familiar, quien emitió una orden de restricción, a petición de Cecilia Suárez.

Para evitar un clima de condena social hacia la protección de las mujeres y niños frente a la violencia, contraria a estándares de derechos humanos, destacamos que es obligación constitucional e internacional para todas las autoridades judiciales combatir la violencia mediante las órdenes de protección.

Evitando también cualquier pronunciamiento en torno al análisis de fondo y solución del caso, que compete exclusivamente a las autoridades judiciales, Equis Justicia para las Mujeres y las organizaciones firmantes de este posicionamiento, consideramos indispensable dar a conocer la finalidad de medidas de protección, esenciales para combatir la violencia de género que enfrenta nuestro país.

Las Órdenes de Protección, son medidas de carácter urgente que se adoptan en cumplimiento a la obligación del Estado de proteger a personas en riesgo y garantizar el derecho de las personas a una vida libre de violencia. Deben ser un recurso rápido, sencillo e idóneo que permita que la víctima y su familia recuperen la sensación de seguridad frente a posibles agresiones.

La emisión de una Orden de Protección no juzga sobre la “culpabilidad” del posible agresor, pues determinar dicha responsabilidad corresponde a otro momento del proceso judicial en el ámbito penal. Estas medidas buscan sólo prevenir o interrumpir una agresión si es que ya se está llevando a cabo.

Contrario a las acusaciones difundidas sobre este caso, la negativa de una autoridad judicial de emitir estas medidas cuando cuente con elementos para hacerlo, constituye una violación de sus obligaciones y por lo tanto, genera una responsabilidad como resultado de la omisión en el actuar de un funcionario o funcionaria pública.

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2 Comments

Apoyo Albatros A.C, octubre 10, 2015 Reply

Nos sumamos al presete comunicado

Amada Dominguez Adame, octubre 10, 2015 Reply

Hago mio el presente manifiesto y me sumo

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