Es fundamental que los Poderes Judiciales publiquen en sus páginas web todas las sentencias que emiten.

Actualmente, sólo cuatro estados (Coahuila, Chihuahua, Jalisco y Tlaxcala) contemplan en sus legislaciones locales de transparencia la obligación de los Poderes Judiciales de publicar todas sus sentencias.

El informe Transparencia en la publicación de sentencias: ¿Retrocesos a partir de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública? da cuenta de cómo la publicación de esta Ley en 2015 provocó retrocesos legislativos en diez estados, ya que redujo la cantidad de sentencias que tienen la obligación de publicar los Poderes Judiciales de Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Veracruz y Zacatecas, pues pasaron de la obligación de publicar todas las sentencias a publicar únicamente aquellas que son de “interés público”.

La inclusión de este concepto ambigüo en la Ley General ha provocado que entre los Poderes Judiciales haya distintas interpretaciones sobre qué sentencias son de interés público. Para EQUIS Justicia para las Mujeres, la interpretación judicial que debe prevalecer es aquella que reconoce como sentencias de interés público todas las sentencias que hayan causado estado (es decir, las que ya no se pueden impugnar o modificar).

Por su parte, el Poder Legislativo debe llevar a cabo las reformas pertinentes para que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información establezca claramente la obligación de los Poderes Judiciales de publicar en sus portales y en la Plataforma Nacional de Transparencia la versión pública de todas las sentencias que hayan causado estado.

El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI) tiene que  pronunciarse indicando que todas las sentencias judiciales son de interés público; además, debe  asegurar que las sentencias judiciales se publiquen bajo condiciones homogéneas en todos los estados. Cabe señalar que, EQUIS documentó en un estudio anterior que, en 2015, ninguno de los 32 Poderes Judiciales del país cumplía con la obligación de publicar sus sentencias de conformidad con los principios de máxima publicidad, accesibilidad, completitud y oportunidad, a pesar de que normativamente estaban obligados a hacerlo.

 

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