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Quienes conformamos Equis Justicia para las Mujeres A.C. manifestamos nuestra indignación por la sentencia de amparo 159/2017 dictada por el Juez Tercero de Distrito de Veracruz, Anuar González Hemadi, en la que determina que no se acredita que Diego Cruz haya cometido el delito de pederastia en contra de Daphne Fernández.

El juzgador señala que la intención del agresor no era lasciva porque no tenía el  “ánimo al deleite carnal u obtener una satisfacción sexual o un apetito inmoderado de sensaciones placenteras”.

Además, González Hemadi consideró que Daphne no se encontraba en estado de indefensión, es decir no se encontraba en una situación de vulnerabilidad ante los agresores.

Dichas interpretaciones, además de pasar por alto la existencia de suficientes elementos probatorios, como la declaración de la víctima y las pruebas psicológicas realizadas; son omisas ante la obligación de tomar en cuenta el contexto del caso y la percepción de la víctima sobre la agresión que sufrió.

Los criterios utilizados por el juez evidencian fallas tanto en la técnica jurídica como en la aplicación de la perspectiva de género, al no incorporar estándares nacionales e internacionales de protección a los derechos de las mujeres en casos de violencia; una obligación del Poder Judicial derivada de la Constitución, de tratados internacionales de derechos humanos, de sentencias como Campo Algodonero y  de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es de suma importancia que se revise la sentencia de amparo con el fin de revertir lo resuelto por el juez. Lo anterior, significaría una oportunidad para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso y emita un pronunciamiento de importancia y trascendencia con perspectiva de género, respecto de la acreditación de las agresiones sexuales.

El caso pone en evidencia la necesidad de revisar las leyes locales y federales para eliminar los contenidos que siguen poniendo en riesgo la protección a los derechos humanos de las mujeres.

Y es urgente que desde la sociedad civil organizada, hagamos seguimiento puntual al trabajo del Poder Judicial, para evaluar en qué medida está cumpliendo con su obligación de impartir justicia con perspectiva de género.

Exigimos transparencia y rendición de cuentas por parte de las instituciones y las personas encargadas de impartir justicia.

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