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Pronunciamiento

Sentencia en caso de violación en Veracruz muestra fallas estructurales

La emisión de sentencias violatorias de los derechos humanos de las mujeres son una constante en México.  Si bien el Poder Judicial federal y locales han realizado esfuerzos por cumplir con sus obligaciones de incorporar la perspectiva de género en la impartición de justicia, éstos parecen sólo enfocarse en capacitaciones que no tienen un impacto en su labor diaria.

Respecto al caso de Veracruz en el que magistrados federales han liberado a un acusado de violación al considerar que no hay elementos que acrediten que la victima se resistió, es una muestra de las fallas estructurales que enfrentan las mujeres al intentar acceder a la justicia.

Este proceso muestra cómo estas fallas se presentan tanto a nivel local como federal. En este caso, la Fiscalía local ejerció acción penal por el delito de violación equiparada, sin embargo, un Juez local no inició el  proceso por que consideró que no hubo suficientes elementos. Ante esta resolución la defensa de la victima presentó una demanda de amparo que llegó a un juez federal, quien determinó que no hubo resistencia, por lo que no se acreditó el delito. Finalmente en contra de esa sentencia se solicitó la revisión y el Segundo Tribunal Colegiado en Material Penal del Séptimo Circuito en Boca del Río confirmó que no hubo delito porque no se comprobó que la víctima pusiera resistencia.

Al igual que en el caso Daphne, este caso no incorpora perspectiva de género al exigir que se acredite la existencia de resistencia por parte de la víctima de violación sexual, lo que va en contra de los estándares internacionales[1] que centran la existencia de la violación en la falta de consentimiento y contexto en que se desarrollan lo hechos,  y no en la existencia de resistencia

Por ello, quienes integramos EQUIS Justicia para las Mujeres externamos nuestra preocupación ante la emisión de este tipo de sentencias que vulneran los derechos de las mujeres.

Consideramos que si bien es indispensable que autoridades judiciales reciban capacitaciones, es necesario garantizar la calidad de los contenidos incorporando la perspectiva de género y el enfoque interseccional, destinando el tiempo suficiente para lograr objetivos precisos y evaluar su impacto en el mejoramiento de la procuración y administración de justicia.

En el caso específico del Poder Judicial de Veracruz,  de acuerdo a información solicitada por EQUIS Justicia para las Mujeres, de 2008 a 2017 se han invertido 116 millones 507 mil 397 pesos en capacitaciones  pero el propio poder judicial local  desconoce cuánto de ese presupuesto fue dirigido a capacitaciones relativas a derechos humanos.  Esto pone de manifiesto que no existe seguimiento, ni evaluación de las capacitaciones.

Además, insistimos en la importancia de fomentar la transparencia del Poder Judicial ya que conocemos de estos casos que llegan a los medios de comunicación, pero estamos seguras que hay muchos mas. De ahí la importancia de realizar acciones de monitoreo  que nos permitirá saber cómo se imparte justicia y evitar que se sigan emitiendo sentencias discriminatorias.

[1] Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010

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