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La sentencia de amparo del caso Lucero en Guanajuato se ha convertido en un referente de impartición de justicia al aplicar la perspectiva de género en el caso: reclasificó el delito, utilizó normas y tratados internacionales de derechos de las mujeres y ordenó la detención del agresor.

En Guanajuato, en el año de 2013, Lucero fue víctima de violencia física y sexual. Su agresor, un conocido que se ofreció a llevarla a casa, desvió el camino hacia una carretera poco transitada y le propuso tener relaciones sexuales, y ante la negativa, le propinó una golpiza.

El caso Lucero dejó en evidencia la violencia institucional que enfrentan las mujeres sobrevivientes de violencia ya que, además de ser cuestionada y revictimizada por la Jueza de Control, esta emitió una sentencia bajo los delitos menores de lesiones y abuso erótico sexual, lo que otorgó libertad al agresor confeso.

En busca de justicia, la organización civil “Las Libres” en conjunto con un equipo legal del CIDE interpusieron el recurso de amparo ante un Tribunal Federal. La sentencia del Juez Primero de Distrito en Guanajuato, Arturo González Padrón, señaló que la Jueza de Control no utilizó la perspectiva de género y por tanto no hizo una clasificación adecuada de los delitos.

Al analizar los hechos con la perspectiva de género, encontró que el agresor también privó de la libertad a Lucero, y dado que tenía toda la intención de sostener relaciones sexuales, encuadra el delito de tentativa de violación. El juez también incluyó un apartado exclusivo sobre derechos humanos de las mujeres, incorporando los tratados internacionales, protocolos de investigación, leyes nacionales, normas penales y el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, para analizar el caso.

En esta sentencia el Juez puntualizó que “la resolución (de la Jueza Paulina Medina) debió emitirse con perspectiva de género, es decir, apreciar los hechos acontecidos, para de ahí evidenciar que entre víctima y victimario ocurrió una situación concreta de desigualdad y violencia contra una mujer, la cual fue sometida a maltrato físico y sexual”.

Concluye así que la sentencia de la Jueza de Control transgredió los derechos humanos de Lucero e impidió que esta pu[diera] conocer la verdad de los hechos, que ob[tuviera] una adecuada reparación del daño y a que el presunto responsable […] sea juzgado por la conducta antijurídica realmente cometida en su contra”.

Esta sentencia de amparo otorga la protección federal a Lucero y ordena la detención del agresor por los delitos de privación ilegal de la libertad y tentativa de violación, convirtiéndose en un referente para la impartición de justicia con perspectiva de género, y confirmando que este es un ejercicio que debe aplicarse en consonancia con las responsabilidades internacionales del Estado mexicano.

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