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En el marco de la justicia a nivel nacional la jurisprudencia de la SCJN ha tenido un desarrollo significativo para los derechos colectivos de las mujeres y los pueblos indígenas. Así, en 2009 reconoció el criterio de autoadscripción como el determinante para considerar los derechos específicos de éstas personas, refiriendo que, […] en ausencia de previsiones específicas que regulen el modo en que debe manifestarse esta conciencia, será indígena y sujeto de los derechos motivo de la reforma constitucional, aquella persona que se autoadscriba y autoreconozca como indígena, que asuma como propios los rasgos sociales y las pautas culturales que caracterizan a los miembros de los pueblos indígenas […].

Sin embargo, en un contexto histórico de invasión, colonización, exclusión e integracionismo social, los pueblos indígenas o las personas indígenas no necesariamente se reconocen a sí mismos como tales. Por ende, en los procesos judiciales, sobre todo de orden penal, se sentenciaba a personas indígenas, sin que éstas hicieran mención de su pertenecía a una etnia, y sin que el Estado los reconociera como tales durante el proceso judicial. Lo que conllevaba a múltiples violaciones al debido proceso. Tal como el caso de Ricardo Ucán Seca, indígena maya sentenciado a 22 años de prisión, debido a la falta de interprete traductor, la ausencia de una defensa adecuada y la discriminación de la que fue objeto, que le impidió desmostrar que actuó en legítima defensa, inclusive en segunda instancia el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán argumentó que el señor Ricardo no era indígena, porque su localidad contaba con  luz, escuela y diversos servicios.

Ante este problema, la SCJN adoptó un nuevo criterio en la cual se hace oficioso para los funcionarios estatales ministeriales o judiciales que ante la sospecha de que la persona es indígena, dichas autoridades realizarán una evaluación sustantiva de la cuestión, adoptando una postura pro-derechos, “a fin de determinar si la persona sujeta a una investigación o proceso penal tiene o no la calidad de indígena y, por  tanto, si debe gozar de los derechos que a su favor consagra el Artículo 2° de la Constitución”.

Por último, y para evitar que los funcionarios ministeriales o judiciales determinen únicamente en función de la lengua, si se es o no indígena, la SCJN emitió casi simultáneamente una tesis de jurisprudencia en el que señaló la incongruencia en determinar a los indígenas únicamente cuando hablen una lengua indígena y además no entiendan ni hablen español, ante esto indicó que,

[…] sería incompatible con la garantía de derechos constitucionales como la de recibir una educación adecuada o de gozar de lo esencial para incorporarse igualitariamente al sistema productivo. Tan incompatibles con la Constitución Federal son las políticas asimilacionistas tradicionales, que perseguían la desaparición de las lenguas indígenas, desconocían el derecho de las personas a transmitirlas y usarlas privada y públicamente, y convertían la condición de hablante de lengua indígena en un locus permanente de discriminación y subordinación, como lo sería ahora una política que condicionara el mantenimiento de la autodefinición como persona indígena al hecho de no conocer el español […].

Con ello, se elimina del “imaginario social” la concepción bajo la cual la connotación de “indígena” únicamente es la persona que habla su lengua materna y por ende es el sujeto que la CPEUM protege y garantiza en sus derechos culturales.

Otra Sentencia emblemática es en el caso de reparaciones derivadas de la privación ilegal de la libertad de la indígena Alberta Alcántara Juan. Su caso deriva de una detención y encarcelamiento bajo el régimen de prisión preventiva ya que fueron acusadas por el supuesto secuestro de seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones, cuando se realizó un operativo en el mercado central de la localidad. Dado que dicho delito se considera en el Código Penal Federal como grave, lleva aparejada la prisión preventiva. Las investigaciones en el presente caso estuvieron plagadas de irregularidades, por lo que llegó a las instancias de la SCJN, la que ordenó la excarcelación derivada de la ausencia de elementos para mantener la privación de la libertad.

Asimismo, con el objetivo de obtener reparaciones integrales, el caso fue analizado igualmente por el Tribunal Federal Fiscal y de Justicia Administrativa que citó el Convenio No. 169 de la OIT, concretamente el Artículo 12 referente al acceso a la justicia a personas que pertenecen a pueblos indígenas, con el fin de que puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales. Para ello la SCJN instrumentó un formato de sentencia de lectura fácil bastante innovador en la jurisdicción mexicana. La sentencia indicó que se tenía que indemnizar a Alberta Alcántara por los tres años de privación de su libertad además de mencionar el daño moral producido a la señora Alberta por ser humillada y estigmatizada como delincuente. No obstante, las buenas prácticas anteriores plasmadas en la sentencia, ésta no tomó en cuenta las particularidades del daño bajo los criterios de género o interculturalidad. Los únicos criterios citados del Convenio No. 169 de la OIT sobre la etnicidad y la falta de respeto del pueblo que le produjo su detención.

Una aportación interesante al desarrollo de capacidades de juzgadores y juzgadores respecto a la justicia de género para indígenas y afromexicanas es la creación de Protocolos por SCJN, como Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género y el Protocolo para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, entre los esfuerzos para incorporar estándares internacionales y protección especial a grupos en el sistema de justicia. (SCJN, 2013 y 2014). Estos Protocolos tienen como objetivo otorgar elementos para un adecuado acceso a la justicia y tratamiento de los casos de grupos históricamente desaventajados.

Los avances y esfuerzos que ha realizado el Poder Judicial son plausibles, sin embargo, el reconocimiento judicial pleno a los derechos de los pueblos indígenas aún presenta varios desafíos. Como lo señaló ya el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos  Indígenas, James Anaya, con respecto a éstos Protocolos, i) la Declaración debe entenderse como una interpretación autoritativa de las obligaciones del Estado con respecto a los derechos de los pueblos indígenas; ii) la coordinación que pudiera existir entre los sistemas de justicia indígena y la justicia ordinaria, el Relator recomendó, la conformación de una instancia intercultural compuesta por autoridades de la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria “con capacidad de tomar decisiones, dentro de un verdadero espacio de diálogo y decisión intercultural;”y iii) el protocolo no fue congruente con sus fines, ya que omitió realizar consultas con pueblos indígenas o redes de abogadas indígenas, conforme las propias formas y métodos de consulta utilizados por estos.

 

Consulta el Informe aqui: informe-indigenas-y-afromexicanas-mexico-equisfinal

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