¿Derechos Aplazables?: El Poder Judicial frente a la población penitenciaria durante la pandemia por COVID-19

La pandemia por COVID-19 nos obliga a mirar a las poblaciones más vulnerables. Hoy en día, debido al hacinamiento y a las condiciones de salud e higiene de los centros penitenciarios en México, las personas privadas de la libertad son una de las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, lo que exige despresurizar los centros penitenciarios para evitar contagios masivos. El objetivo de este estudio es analizar si los Poderes Judiciales, en medio de la emergencia sanitaria, han tomado las medidas necesarias para proteger y respetar los derechos de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios.

¿Qué encontrarás en este informe?

Bajo el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19 se hace necesario reconocer la situación de vulnerabilidad de las mujeres privadas de la libertad, ya que generalmente se encuentran en centros penitenciarios más lejanos de sus comunidades, lo que dificulta el acceso a defensores e impide la mejora de sus condiciones de internamiento y de liberación.

A partir del análisis de los acuerdos, avisos y circulares publicadas por los 32 Poderes Judiciales estatales, se concluyó que estos instrumentos de difusión no contemplan medidas específicas para atender asuntos de ejecución penal, no son accesibles ni cuentan con una perspectiva de género, así como tampoco establecen acciones claras sobre los procedimientos de solicitud o audiencias que sigan las medidas de sana distancia.

A pesar de las circunstancias de hacinamiento dentro de los centros penitenciarios y el alto riesgo de contagio por COVID-19 que tiene esta población, se observa que los Poderes Judiciales no han considerado como urgentes los asuntos de preliberación, ni tampoco otros mecanismos de excarcelamiento como la sustitución y suspensión de la pena, o penas alternativas a prisión, situación que vulnera los derechos de las personas privadas de la libertad.