Tras nueve meses de opacidad desde el decreto de la Ley de Amnistía, este jueves la Secretaría de Gobernación, a través de Paulina Téllez Martínez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia y también Secretaria Técnica de la Comisión de Amnistía, dio a conocer algunas cifras relacionadas con el número de solicitudes presentadas por parte de personas privadas de la libertad.
Lamentablemente, a casi 10 meses de la expedición de la Ley, no se reportó la liberación de ninguna persona, aun cuando éste es el objetivo principal de la Comisión de Amnistía. Además, la información fue imprecisa y contrasta con cifras publicadas por la propia Segob1, que anteriormente había reportado recibir un total de 2,487 solicitudes de amnistía. En la conferencia de hoy se informó que, hasta ahora, tan solo han recibido 1,115 solicitudes de todo el país, de las cuales: 175 son improcedentes por los delitos de los que se tratan y 769 no cuentan con la información completa sobre los casos para dictaminar. No obstante, la Secretaría Técnica omitió explicar cuál es el estatus de las 171 solicitudes restantes.
Desde el Observatorio de Amnistías, llamamos a detallar el número real y la naturaleza de las solicitudes, así como su estatus, desglosadas por fechas de presentación, delitos de los que se tratan, fuero al que pertenecen, identidad sexogenérica, lugar de origen de las y los peticionarios; así como por las categorías de vulnerabilidad que la propia ley establece2; priorizando, en todo momento, la protección de sus datos. Esto permitiría tener un panorama realmente claro del interés que tienen personas privadas de la libertad de acceder a este recurso.
El proceso de solicitudes y dictaminación de amnistías se ha caracterizado por ser opaco, discrecional y poco claro, por lo que exigimos proveer a las personas y organizaciones solicitantes de información oportuna, consistente, periódica y precisa, que permita mejorar los mecanismos de promoción y garantía de derechos de las personas privadas de la libertad.
Durante la conferencia, la Titular de la Unidad también sugirió que, una de las principales razones por las que la Comisión no ha resuelto los cientos de casos de amnistía recibidos, es porque los expedientes de las y los solicitantes están incompletos. Esto resulta particularmente preocupante porque apunta a responsabilizar a la propia ciudadanía por la inacción de la Comisión, imponiendo a las personas privadas de la libertad y sus familiares la responsabilidad de hacer llegar documentación, siendo que es la propia Comisión la que cuenta con la obligación de solicitar dicha documentación de forma directa a juzgadores y fiscalías.
Debemos recordar que la instancia directamente responsable de socializar los contenidos de la Ley de Amnistía y los requisitos para la presentación de solicitudes es la propia Segob, por lo que la exhortamos, una vez más, a emprender una campaña amplia de difusión dirigida a personas privadas de la libertad, sus familiares, y organismos defensores de Derechos y Humanos y defensores legales, misma que deberá considerar la traducción a otras lenguas indígenas, para garantizar que cuenten con la información necesaria para presentar solicitudes. Asimismo, deberán publicarse los canales a través de los que las personas que han presentado una solicitud incompleta puedan enviar la información complementaria para la revisión de sus casos.
Es inaceptable que la resolución de las solicitudes continúe postergándose. El plazo para dictaminar la procedencia, por lo menos, de aquellas solicitudes interpuestas antes del 19 de septiembre de 2020 ha vencido3. Exigimos que la Secretaría de Gobernación resuelva las solicitudes y explique las razones por las que este proceso se ha dilatado, entorpeciendo el acceso a la justicia de cientos de personas.
Por último, las organizaciones integrantes del Observatorio de Amnistías urgimos a la Comisión de Amnistía a sesionar lo antes posible para resolver los casos pendientes de dictaminación, así como a establecer y transparentar una ruta de trabajo para resolver la información faltante y cumplir con lo establecido en la Ley de Amnistía.
La justicia no puede esperar.
#AmnistíaYa
Atentamente, las organizaciones y personas que conformamos el Observatorio
CEA Justicia Social A.C.
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero A.C.
Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción A.C.
Documenta, Análisis y acción para la justicia social A.C.
Elementa DDHH A.C.
EQUIS: Justicia para las Mujeres, A.C.
Justicia Transicional en México, A.C.
Mujeres Libres México
Vianney Fernández Villagómez
Contacto con prensa: 55 39 50 09 82
1 El 23 de junio de 2020, a través de un comunicado la dependencia señaló que, hasta ese momento, se contaban con 2 mil 487 solicitudes de amnistía tanto para el fuero federal como para el fuero común. Posteriormente, a través de una solicitud de transparencia, con fecha de respuesta del 12 de octubre de 2020 (INFOMEX, solicitudes de información Folios: 00000400228520) la dependencia señaló haber recibido 771 solicitudes.
2 Tales como la pertenencia a una comunidad indígena, condición de discapacidad, situación de pobreza, o de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, o la coacción para cometer el delito.
3 Considerando la entrada en vigor de los lineamientos para conceder amnistía, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 2020.
