Ciudad Mujer: Una carrera de obstáculos (e irregularidades)

16 Marzo 2016. EQUIS Justicia para las Mujeres A.C denuncia el deficiente funcionamiento de Ciudad Mujer, donde se están evidenciando importantes irregularidades. Ninguna política pública puede ser efectiva si no parte de un diagnóstico exhaustivo que justifique su existencia, y menos aún, si no existe transparencia sobre sus recursos y manejos. Es igualmente inaceptable en un centro que promueve los derechos humanos de las mujeres, sus propias trabajadoras estén denunciando violaciones a sus derechos laborales.
En México, en la Montaña de Guerrero, el Centro Ciudad Mujer (CCM) fue creado en el municipio de Tlapa de Comonfort por el gobierno federal y puesto en marcha en julio de 2015 para dar atención integral a las mujeres de cuatro etnias indígenas.
Según se hizo público, Ciudad Mujer es una política pública que consiste en la creación de centros especializados para atención integral a mujeres; que se rige bajo los ejes de género, derechos humanos e interculturalidad. Este el espacio para analizar la eficiencia y pertinencia de esta política pública, pero lo cierto es que ninguna política pública puede ser efectiva si no parte de un diagnóstico exhaustivo que justifique su existencia, y menos aún, si no existe transparencia sobre sus recursos y manejos.
De acuerdo con varias notas del diario La Jornada de Guerrero, las primeras denuncias sobre las irregularidades en Ciudad Mujer en Tlapa nacen del traslado del presupuesto para el pago de las trabajadoras, que inicialmente estaba a cargo de SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social), y desde el pasado agosto forma parte del presupuesto de la SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), sin otra razón aparente más que el traslado de su titular, Rosario Robles Berlanga de una Secretaría a la otra.
Cuatro meses después de dichos traslados, dos ex trabajadoras denunciaron ante la prensa que más de 50 trabajadoras llevaban cuatro meses sin recibir su pago quincenal y sin firmar un contrato base. También denunciaron otro tipo de irregularidades graves como haber sido objeto de hostigamiento y discriminación por parte de la directora. Resultado de lo anterior, el pasado mes de febrero varias ex trabajadoras del Centro llevaron la denuncia ante el organismo estatal de derechos humanos.
Tampoco debieran existir restricciones de acceso a Ciudad Mujer para las mujeres por su condición social o económica. Pero las denuncias de las trabajadoras, hechas públicas en la prensa local, señalan varias irregularidades en el acceso a los servicios de Ciudad Mujer:
Únicamente hay cuatro módulos de trabajo en funcionamiento (de los siete que implicaría el funcionamiento óptimo).
Problemas de acceso al lugar para las mujeres que viven en las comunidades, por falta de coordinación y voluntad inter-institucional.
Limitado acceso a los servicios para mujeres que no hablan español, pues en el centro únicamente hay 17 hablantes de lengua indígena, y pocas de ellas forman parte de los módulos de atención a mujeres.
Tales irregularidades no sólo implican el desvanecimiento de fondos públicos destinados a fomentar la igualdad, sino que además entorpecen el acceso de las mujeres a la justicia y el ejercicio de otros derechos como la salud, la educación y el empleo. Esta situación agrava la opacidad que, desde su inicio, prevale en una política pública tan ambiciosa como Ciudad Mujer. Curiosamente, la inauguración de este Centro se hizo en las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres de Tlapa de Comonfort, cuyas trabajadoras también fueron despedidas, aun cuando se les aseguró que serían transferidas a Ciudad Mujer.
Es indispensable que todas las políticas públicas, programas y acciones de los tres Poderes de la Unión a todos los niveles, se sujeten a los más altos estándares de monitoreo, evaluación, transparencia y rendición de cuentas. Particularmente cuando forman parte de una estrategia transversal a todas las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo, como se presume de la perspectiva de género. Y sobre todo, cuando pretenden mejorar las condiciones de vida de mujeres que enfrentan desigualdades acumuladas que se traducen en violencia y discriminación por ser mujeres, por ser pobres y por ser indígenas, entre otras.