DECLARACIÓN PÚBLICA
Frente a la situación que vive Chile
La Articulación Regional Feminista de Derechos Humanos y Justicia de Género observa con preocupación las crecientes denuncias de violación de los derechos humanos que se están produciendo en Chile a propósito de las demandas de chilenos y chilenas por un país más justo e inclusivo. Se trata de manifestaciones pacíficas a las que el Gobierno de Chile ha respondido con la declaración de Estado de Emergencia y el toque de queda con la consecuente restricción a los derechos de reunión y circulación. De acuerdo al Instituto Nacional de Derechos Humanos a la fecha de hoy se registren 19 personas fallecidas en el país, 5 de estas en manos de agentes del Estado, más de 500 personas heridas y la cifra de detenciones supera las 3.500 personas entre los días 19 y 24 de octubre, 593 son mujeres. Se ha presentado 120 acciones judiciales y 18 de ellas son querellas por violencia sexual cometidas por agentes del Estado.
La desigualdad en Chile afecta desproporcionadamente a las mujeres. El alza de los servicios básicos, una brecha salarial que puede llegar al 30%, y una pensión que en promedio es 48% menor que la de los hombres dan cuenta del impacto que el modelo neoliberal instalado en Chile durante la dictadura ha tenido en las mujeres chilenas. A pesar de esta constatación, el gobierno no ha cambiado el rumbo. Por ello la Articulación Feminista de Derechos Humanos y Justicia de Género exige al gobierno:
- La investigación rigurosa de las denuncias por violaciones a los derechos humanos, en particular las denuncias por violencia sexual, así como la reparación a sus víctimas.
- La adopción de medidas urgentes destinadas a aliviar la situación de millones de mujeres y niñas, las que constituyen el sector más vulnerabilizado de la población.
- Generar las condiciones para Impulsar un pacto social, con todas las fuerzas sociales y políticas que permita avanzar hacia una nueva Constitución Polìtica paritaria y en la que se garanticen los derechos sociales.
Finalmente, hacemos un llamado al Estado y a la sociedad en general a organizarse y mantener la movilización pacífica con el fin de lograr una transformación en favor de las mayorías que asegure el reconocimiento y garantía de los derechos humanos.
