En un histórico informe publicado hoy, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denuncia el fracaso de las políticas punitivas en materia de drogas y de la “guerra contra las drogas” global, y aboga por un nuevo enfoque basado en la salud y los derechos humanos, que incluya la regulación legal de las drogas. Para poder implementar las recomendaciones formuladas por el Alto Comisionado, hacemos un llamado a la comunidad internacional a que reforme y reequilibre el régimen mundial de control de drogas, así como las leyes y políticas nacionales en materia de drogas.
Durante décadas, el objetivo poco realista de lograr una “sociedad libre de drogas” ha llevado a la comunidad internacional a abordar las drogas por medio de la prohibición, la criminalización y el castigo severo. Tras la Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 2016 (UNGASS, por sus siglas en inglés) se ha hecho cada vez más hincapié en los aspectos de salud, derechos humanos y desarrollo relacionados con las drogas y las políticas de drogas. Pero los esfuerzos para materializar estos compromisos han sido insuficientes. Ahora, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha tomado un valiente paso con el reconocimiento inequívoco de que las políticas de drogas punitivas impulsan violaciones generalizadas de los derechos humanos y alimentan la discriminación.
Con este informe, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU se convierte en la primera agencia de esa organización en pedir una regulación legal responsable de las drogas como medida pragmática para proteger la salud pública y los derechos humanos de todas las personas. Esto se presenta en un momento en que más de 250 millones de personas viven en jurisdicciones donde los mercados legales de cannabis son una realidad, y en que países como Colombia y Alemania están anunciando planes similares. Además, Bolivia acaba de poner en marcha el proceso para revisar la clasificación y el control internacional de la hoja de coca, tras ser sometida a fiscalización internacional en 1961 sobre la base de prejuicios anticuados y racistas.
El nuevo informe también sistematiza el creciente conjunto de recomendaciones sobre política de drogas formuladas por expertos en derechos humanos de la ONU. Como tal, sirve de modelo para diseñar respuestas basadas en el respeto de la salud pública y los derechos humanos.
Algunas de las conclusiones más importantes incluyen:
- Reconocer la reducción de daños como un elemento central del derecho a la salud.
- Identificar la militarización del control de drogas como motor de la violencia estatal.
- Pedir la abolición de la pena de muerte por delitos de drogas.
- Reconocer la contribución de las desproporcionadas leyes de drogas al encarcelamiento masivo global.
- Documentar el uso de las políticas de drogas para atacar a grupos marginados como los pueblos indígenas, las personas de ascendencia africana y mujeres.
- Reconocer los desproporcionados efectos negativos de la prohibición y la criminalización sobre poblaciones atrapadas en crisis humanitarias.
Transformar el enfoque punitivo a las drogas a nivel global requiere cambios estructurales en las normas e instituciones del régimen internacional de control de drogas, que históricamente se han centrado en la prohibición y la criminalización. Esto incluye reformar las convenciones de control de drogas de la ONU, así como reequilibrar sus organismos de control de drogas, como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que siguen siendo reticentes a comprometerse con los países para promover las políticas de drogas alternativas en que se fundamenta la propuesta del Alto Comisionado, incluyendo la despenalización del consumo de drogas y actividades relacionadas, así como la necesidad de aumentar el acceso equitativo a los servicios de reducción de daños, ambos centrales en la Posición Común del Sistema de las Naciones Unidas sobre drogas.
Considerando la importancia histórica del informe del Alto Comisionado, ofrecemos colectivamente las siguientes recomendaciones:
- Instamos a los Estados miembros a que aprovechen la próxima revisión intermedia de la Declaración Ministerial sobre drogas de 2019 para reequilibrar el enfoque global de las drogas consagrando la protección de los derechos humanos, la salud pública y los principios de igualdad y no discriminación como objetivos esenciales del sistema global de control de drogas, y a que agreguen un punto sobre la protección de los derechos humanos en la agenda de la Comisión de Estupefacientes de la ONU.
- Llamamos a la comunidad internacional a que involucre significativamente a las organizaciones de la sociedad civil y a las poblaciones directamente afectadas por la “guerra contra las drogas”, incluyendo las poblaciones clave como las personas que consumen drogas y las personas involucradas en economías ilícitas (en sus diferentes etapas), en la toma de decisiones sobre políticas de drogas, implementación, monitoreo y evaluación.
- Instamos a los Estados miembros a iniciar una revisión de las convenciones de drogas de la ONU para permitir un enfoque basado en los derechos humanos, la regulación legal y en derogar las disposiciones que exigen la abolición de los usos tradicionales de las plantas y sustancias controladas internacionalmente.
- Pedimos al Consejo de Derechos Humanos que cree un mecanismo para la presentación periódica de informes y la elaboración de recomendaciones sobre cómo alinearlos derechos humanos con la política de drogas. Esto debería hacerse a través de un mandato periódico para que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos informe sobre los impactos de la política de drogas en los derechos humanos o la creación de un órgano de investigación o mandato especial sobre la política de drogas.
- Acogemos con satisfacción el creciente número de recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos de la ONU con respecto a las implicaciones de las políticas de drogas sobre los derechos humanos.
- Animamos a todos los mecanismos de derechos humanos a seguir el camino abierto por el Alto Comisionado centrándose en cómo las políticas punitivas de drogas, incluyendo el régimen global de control de drogas, pueden convertirse en obstáculos en sí mismos para el pleno disfrute de los derechos humanos.
- Hacemos un llamado a los órganos de fiscalización de drogas, incluyendo la ONUDD y la JIFE, para que integrenla dimensión de derechos humanos de la política de drogas en sus planes de trabajo de forma sistemática, y garanticen que esto se refleje en sus informes anuales e incorporen las conclusiones y normas establecidas por el Alto Comisionado en su cooperación con los Estados miembros.
Hacemos un llamado a la ONUDD, a los Estados miembros y a los organismos nacionales de control de drogas para que se abstengan de apoyar y financiar respuestas punitivas a las drogas, y garanticen que cualquier asistencia financiera y técnica proporcionada a terceros países para operaciones de aplicación de la ley de drogas no contribuya, o conlleve un riesgo real de contribuir a la comisión de violaciones de los derechos humanos. - Hacemos un llamado a las agencias de la ONU y a los actores de la comunidad internacional en los servicios de salud y protección para que integren los servicios de reducción de daños en el marco de la respuesta humanitaria.
- Instamos a las agencias de la ONU con mandatos relevantes a seguir el ejemplo del Alto Comisionado para los Derechos Humanos poniendo fin al tabú sobre la regulación legal de las drogas, y a proporcionar pruebas, recomendaciones y normas internacionales sobre mercados legalmente regulados alineados con los valores de la ONU de promover la salud, los derechos humanos y el desarrollo.
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