Cd. de México. 10 de abril de 2018.- A pesar de encontrarse obligados por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia del Estado de Zacatecas, ningún juez ni magistrado del Poder Judicial de Zacatecas ha publicado una sola sentencia emitida desde hace dos años bajo el argumento de que ninguna ha sido considerada de “interés público”, por lo que violan el derecho de acceso a la información.
Por ello, Equis Justicia para las Mujeres y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad promovieron, el pasado 23 de marzo, un juicio de amparo ante un Juzgado Federal en Zacatecas en contra de todos los jueces y magistrados de dicho estado, por no cumplir con su obligación de hacer públicas las sentencias que han emitido. Esta demanda fue admitida por Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. Dicho litigio fue impulsado por un colectivo de otras seis organizaciones.[1]
Actualmente las leyes de transparencia obligan a poner a disposición de los ciudadanos sólo las sentencias de “interés público”, pero este concepto no está definido y en él se escudan para mantener su labor en la opacidad. Con este recurso legal interpuesto en Zacatecas se busca que las autoridades establezcan una definición de este concepto, que determinen que TODAS las sentencias son de interés público y que por ello, todas deben ser publicadas.
El 3 de abril, el Juzgado Tercero Civil de Zacatecas reconoció su omisión, pues en un informe justificado respondió: “Es cierto el acto reclamado. Esta autoridad no ha elaborado versiones públicas de sentencias de interés público emitidas por este juzgado, a fin de que fueran puestas a disposición del público, ni ha puesto a disposición del público las sentencias de interés público emitidas por este órgano jurisdiccional.”
La opacidad total en la que opera la mayor parte de los Poderes Judiciales es un asunto que debe ser considerado de gravedad. Si la sociedad no tiene acceso a las sentencias, no puede evaluar la forma en la que imparte justicia, no es posible evitar que se emitan sentencias discriminatorias y no se pueden detectar actos de corrupción, pues su labor se encuentra al margen del escrutinio ciudadano. La publicación de las sentencias puede ser una herramienta para evaluar si las capacitaciones en los poderes judiciales locales, en las que se han invertido cerca de 596 millones de pesos[2] en los últimos diez años, realmente están teniendo un impacto positivo.
Esta estrategia será replicada en el resto de los estados que no cumplan con sus obligaciones de transparencia, ya que la falta de rendición de cuentas y transparencia representan incentivos que pueden llevar a que servidores públicos cometan actos de corrupción.
Contacto
Gabriela Ramírez EQUIS Justicia para las Mujeres
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Georgina Aldana Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
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