- Celebramos la admisión de procedencia de amnistía de 38 personas y confiamos en su pronta liberación, pero nos preocupa que estos sean los únicos resultados a un año de su aprobación y que hasta la fecha no exista ninguna medida de acompañamiento y/o algún plan de acción.
- Nos preocupa no conocer los mecanismos de revisión de los expedientes de 169 personas.
El pasado 29 de marzo sesionó la Comisión de Amnistía presidida por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, e informó sobre los primeros 38 casos determinados como procedentes para el análisis de dicha comisión y 169 casos declarados improcedentes.
Desde el Observatorio de Amnistía, celebramos que los expedientes de 38 personas fueron admitidos para ser llevados ante un juez. Sin embargo, nos preocupa profundamente que no se haya dado a conocer aún el mecanismo de revisión para los expedientes que sean calificados como no procedentes.
Por otro lado, es igualmente preocupante que la autoridad argumente que los retrasos para realizar las sesiones de la Comisión y analizar los expedientes son debido a la emergencia sanitaria, pues la ley de amnistía fue aprobada – entre otras razones – para liberar a las personas por el riesgo de contraer Covid-19 al interior de los centros penitenciarios. Pese a ello, y a los 38 expedientes declarados como procedentes, al día de hoy no se ha liberado a ninguna persona en el ámbito federal.
Asimismo, es desalentador que desde la Secretaría de Gobernación se insista como motivo para no aprobar como procedentes las solicitudes de amnistía la falta de información, responsabilizando a las y los solicitantes del retraso de su posible liberación. Máxime, cuando es obligación de esta Comisión investigar cada caso y solicitar información a las autoridades competentes y que – a casi un año de la publicación de la ley – apenas anunciaron la distribución de 7 mil posters y panfletos con información de la Ley de Amnistía y sus requisitos en todos los centros penitenciarios del país.
Por último, lamentablemente solo cuatro estados han aprobado la ley: Hidalgo, Estado de México, Sinaloa y Tlaxcala. Mientras ocho congresos estatales están pendientes por aprobarlas: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Jalisco, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. No obstante, en 22 estados existen iniciativas de ley: Aguascalientes; Baja California; Chihuahua; Coahuila; Colima; Ciudad de México; Durango; Guanajuato; Guerrero; Hidalgo; Michoacán; Morelos; Nayarit; Nuevo León; Oaxaca; Puebla; Querétaro; Quintana Roo; San Luis Potosí; Sinaloa; Tamaulipas y Yucatán. Estos avances ocurren sin las acciones de promoción y armonización que debería realizar la Secretaría de Gobernación con los congresos locales de conformidad con la Ley.
El proceso de solicitud y dictaminación de amnistía se ha caracterizado por ser opaco, discrecional y poco claro. A casi un año de la aprobación de la Ley y ante la emergencia sanitaria, es inaceptable que la Comisión de Amnistía únicamente haya sesionado tres veces y que el único resultado haya sido la aprobación de 38 expedientes. Por una amnistía que sirva, desde el Observatorio, urgimos a la Comisión de Amnistía a sesionar de manera regular para dar trámite a las solicitudes de amnistía y anunciar e implementar mecanismos claros de revisión para las solicitudes no procedentes, así como a realizar las acciones de promoción para su adopción y armonización en los congresos locales.
Atentamente, las organizaciones y personas que conformamos el Observatorio
CEA Justicia Social A.C.
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero A.C. Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción A.C.
Documenta, Análisis y acción para la justicia social A.C.
Elementa DDHH A.C.
EQUIS: Justicia para las Mujeres, A.C.
Justicia Transicional en México, A.C.
Mujeres Libres México
Vianney Fernández Villagómez
