En el mundo de Sofía: El abuso del derecho penal para abordar problemas sociales.

Por Isabel Blas.

2 de marzo de 2016.- Sofía, una joven mexicana, vive en prisión con su hijo, quién padece parálisis cerebral. Está cumpliendo una condena de 10 años por transporte marihuana. Según su testimonio, era la primera vez que Sofía transportaba drogas, necesitaba dinero y no dimensionó  las consecuencias que implicaba ese viaje.

Sofía es un caso entre muchos. En México, las mujeres representan un 53% de las personas procesadas y sentenciadas por el fuero federal, y los delitos relacionados con drogas son la primera causa de encarcelamiento de mujeres a nivel federal[1]. Esta situación está lejos de mejorar, pues el encarcelamiento femenino por delitos de drogas no ha hecho más que aumentar en las últimas décadas[2], en México y en el resto del continente.

¿Por qué es urgente una revisión de la política de drogas?

La llamada “Guerra contra las drogas”, a través de una estrategia militar, punitiva y de persecución, ha estado causando violaciones graves a derechos humanos como la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales o el desplazamiento forzado a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe. Situación que se agrava especialmente con los grupos en situación de vulnerabilidad de la población, asentados en las zonas productoras y de tránsito de las rutas del narcotráfico, y a menudo presas de la necesidad económica.

En 2012, México, junto con Guatemala y Colombia, promovieron un adelanto para que se celebrara este próximo abril la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas[3] (UNGASS, por sus siglas en inglés), sobre el problema mundial de las drogas, la cual estaba prevista para 2019. En los foros internacionales, México ha reconocido el fracaso de la política de drogas –que tienen su origen en el establecimiento de la fiscalización de las drogas a través de las Convenciones Internacionales[4]– admitiendo la necesidad de apertura y progreso hacia un nuevo debate, así como también los “enormes costos sociales y económicos”[5].

Durante 2015 han tenido lugar varios acontecimientos[6] y debates e México sobre el uso de la marihuana medicinal y recreativa. Este debate impulsó un avance en el ejercicio de los derechos, y favoreció la discusión sobre la necesidad de una política de drogas que ponga en el centro el respeto a los derechos humanos.

¿Es necesaria una óptica de género en la política de drogas?

¿Por qué prestamos especial atención a la situación de las mujeres? ¿Por qué hablar de las mujeres como un grupo en situación de vulnerabilidad? Porque la realidad está lejos de la imagen de la mujer vinculada al poder del narcotráfico. El patrón, que se repite en las cárceles mexicanas y del continente, son mujeres con bajos recursos económicos, escaso nivel de escolarización, situación de necesidad económica, pobreza y/o exclusión social, jefas de hogar y mantenedoras de sus hijos e hijas u otros dependientes. Una vez dentro del sistema de justicia, estas mujeres son sentenciadas con un claro marco de estereotipos de género, juzgadas como malas madres y con penas desproporcionadas. A menudo cumplen con largos periodos de prisión preventiva, sin contacto con sus familias, sin juicio y sin sentencias.

El uso excesivo del Derecho Penal es la fórmula que rige y estructura los casos de mujeres encarceladas por delitos de drogas. Pero es necesario profundizar más, hacer un análisis del contexto y del grado de participación en el delito, pues estas mujeres mayoritariamente actúan como los eslabones más bajos de la cadena del narcotráfico y en delitos no violentos, como las llamadas mulas. Viendo los patrones y perfiles de las mujeres que están presas por casos de drogas, es imposible no relacionar esta situación con la feminización de la pobreza.

Durante su proceso judicial, Sofía insistió y escribió al juez para solicitar otra forma de pagar por delito. Alguna forma que no fuera estar en prisión y obligar a su hijo, completamente dependiente, a cumplir condena con ella. “Le pedí otra manera de sanción o arresto domiciliario o venir días… Pero me dijo por notificación que eso lo debí pensar antes de hacer cualquier delito, así que mi delito sea como sea lo tengo que pagar”.

Profundizando en el análisis, vemos que las causas del involucramiento de las mujeres en los delitos de drogas responden muchas veces a una falta de oportunidades y de desigualdad social. Cómo Sofía, muchas mujeres enfrentan una triple condena: La penal, condenadas hasta 10 años en prisión, aunque sean primodelincuentes. Con la situación agravada que viven en el interior de las cárceles, en prisiones mixtas sin adecuadas condiciones –viviendo con sus hijos e hijas- ni separación entre hombres y mujeres. Y por último la condena social, juzgadas como malas cuidadoras, malas mujeres, que deriva en abandono familiar y con mayores dificultades de reinserción laboral y social por el estigma tras el paso por la prisión.

No se trata de dejar delitos contra la salud impunes, sino de no abusar del derecho penal para abordar problemas sociales. Por eso es imprescindible fomentar las medidas alternativas a la prisión y diseñar políticas de integración social para hacer frente a las causas estructurales que acaben con la violencia contra las mujeres. Sin duda, en México, ahora es el momento para un cambio de rumbo hacia una política de drogas más humana,  que proteja los derechos humanos y enfrente la desigualdad de  género.

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[1]  INEGI, Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales 2014, http://www.inegi.org.mx/est/lista_cubos/consulta.aspx?p=gob&c=15.

[2]  GIACOMELLO, Corina. “Mujeres, delitos de drogas y sistemas penitenciarios en América Latina”, International Drug Policy Consortium (IDPC), octubre de 2013.

[3] Existen, entre los tipos de reuniones que lleva a cabo la Asamblea General de las Naciones Unidas, las sesiones extraordinarias sobre cuestiones que exigen una atención especial. Es el caso de la futura sesión extraordinaria sobre el problema mundial de las drogas, la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebrará en abril de 2016. Hasta la fecha, la Asamblea General (AG) ha celebrado dos períodos extraordinarios de sesiones sobre este tema. El 17° Período extraordinario de sesiones sobre el uso indebido de drogas (1990) y el 20° Período extraordinario de sesiones sobre el problema mundial de las drogas (1998). http://www.un.org/es/ga/sessions/.

[4] Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Convenio de 1971 sobre Sustancias Psicotrópicas; Convención de las Naciones Unidas de 1988 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Disponible en: www.unodc.org/unodc/en/treaties/index.html#Drugrelated.

[5] ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, “Por una política integral frente al problema mundial de drogas en las Américas”, 46° Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos dedicada al seguimiento de la Declaración de Antigua Guatemala, Ciudad de Guatemala, 19 de septiembre de 2014. Discurso del Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña. Disponible en: http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/discursos/4857-version-estenografica-del-mensaje-del-canciller-jose-antonio-meade-en-el-46-periodo-extraordinario-de-sesiones-de-la-asamblea-general-de-la-oea.

[6] 1) El caso Grace, donde el juez federal autoriza[6] para el tratamiento de la niña que padece un tipo de epilepsia grave con crisis, la importación y el uso del CBD (cannabidiol) que disminuye los dolores causados por la enfermedad. 2) El fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se concedía a los cuatro quejosos de amparo[6], las actividades de cultivo y consumo de cannabis para uso personal. 3) Iniciativa de reforma de dos de los artículos de la Ley General de Salud (LGS) por parte del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. 4) Audiencias Públicas del Senado de la República que se están celebrando para debatir las alternativas de regulación de la marihuana y el Debate Nacional sobre el Uso de la Marihuana organizado por la Secretaria de Gobernación y la Secretaria de Salud.