- En el marco de la 112 sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, destacan que en México persisten las violaciones a derechos humanos de personas indígenas y afromexicanas, particularmente de las mujeres.
- Entre los factores que contribuyen a exacerbar la discriminación y violencias racistas y de género identifican la falta de datos que permitan conocer sus experiencias diferenciadas, la militarización de la seguridad pública y otras tareas civiles, la criminalización y las dificultades para el acceso a la justicia.
- Llaman al Estado mexicano a tomar medidas para atender y prevenir estas violaciones de derechos, contemplando los impactos diferenciados que viven estas poblaciones.
Ayer, el Estado mexicano compareció en Ginebra, Suiza ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés), que está a cargo de supervisar la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial en los Estados partes de la Organización de las Naciones Unidas.
A través de este ejercicio se evalúan de manera periódica los retos y avances del gobierno mexicano en materia de discriminación contra los pueblos indigenas y la población afromexicana y afrodescendiente, con base en la información que presentan el propio Estado y otros actores interesados, como las organizaciones de la sociedad civil.
En ocasión del actual periodo de sesiones, desde EQUIS Justicia para las Mujeres (EQUIS) e Intersecta Organización para la Igualdad, A.C. (Intersecta) presentamos informes sombra como insumos de apoyo para la evaluación de México ante el Comité.
Durante la examinación del Estado mexicano, el Comité CERD retomó algunas de nuestras principales preocupaciones. Tal fue el caso de la creciente militarización de la seguridad pública y otras tareas civiles en el país. Esta tiene efectos diferenciados en las personas indígenas y afrodescendientes y afromexicanas y migrantes; lo que se manifiesta, por ejemplo, en el perfilamiento racial y las detenciones de estas poblaciones por parte de la Guardia Nacional. El Comité también retomó datos sobre la prisión preventiva oficiosa y su impacto en la criminalización de estas poblaciones, el aumento de personas indígenas en prisión y su impacto diferenciado en las mujeres, así como los obstáculos para que accedan a mecanismos de excarcelación, como la amnistía.
La necesidad de incorporar variables como el color de piel en los instrumentos estadísticos que permitan identificar las experiencias de discriminación y desigualdad que enfrentan estas poblaciones, también fue retomada por el Comité. Ante ello, el gobierno mexicano destacó la existencia de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), que sin duda es un avance en esta materia. Sin embargo, no es el único instrumento relevante para entender las experiencias de las personas indígenas y afro. Está pendiente modificar otros instrumentos estadísticos que permitirían medir la discriminación y violencias racistas en el acceso a la justicia, criminalización, empleo y violencia contra las mujeres.
La delegación mexicana —en esta ocasión integrada por representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el Consejo de la Judicatura Federal— se limitó a abordar el panorama general de discriminación racial en el país y las acciones y programas sociales que están destinados a personas indígenas. Mientras tanto, evitó de manera casi sistemática responder las múltiples preguntas formuladas sobre la militarización de la Guardia Nacional y de la seguridad pública en México. De cara a lo anterior, EQUIS e Intersecta hemos solicitado al Comité que dirija las siguientes recomendaciones al Estado mexicano:
- Establecer criterios estandarizados para generar y gestionar información desagregada sobre experiencias de discriminación y violencia racial en términos de acceso a la justicia y acceso a oportunidades socioeconómicas.
- Derogar la prisión preventiva oficiosa.
- Facilitar el acceso de pueblos indígenas y afrodescendientes a mecanismos de preliberación y medidas alternativas a prisión.
- Retirar a la Guardia Nacional y las fuerzas armadas del control migratorio y otras tareas civiles que no les corresponden.
- Fortalecer el acceso a la justicia para personas indígenas y afromexicanas y afrodescendientes.
Desde EQUIS e Intersecta estaremos atentas al seguimiento del proceso, pues el Estado mexicano tiene la obligación de tomar acciones concretas para asegurar vidas libres de discriminación y violencias para las personas indígenas y afrodescendientes y afromexicanas.
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