La experiencia del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
La participación de las y los ciudadanos es una parte fundamental de la democracia y, generalmente, la consideramos en su vertiente política del voto o la consulta ciudadana. Sin embargo, estas no son las únicas formas. Las instituciones del Estado o, desde la perspectiva de la división del poder público, cada uno de los poderes del Estado y los órganos constitucionales autónomos, también involucran en sus actividades a la ciudadanía.
La participación ciudadana se entiende como la acción o conjunto de acciones realizadas de manera voluntaria por las personas que portan sus propios intereses o que representan a colectivos, que tiene la intención de incidir directa o indirectamente en los asuntos públicos, desde una perspectiva de deliberación e interés público, en un marco de pluralidad y respeto a los derechos humanos[1].
La relación entre la sociedad civil y el Poder Judicial implica la intención de la ciudadanía de incidir en la administración de justicia. No es común que los poderes judiciales incorporemos de manera sistemática la participación de las y los ciudadanos. Más bien, pareciera que los mecanismos de participación ciudadana están aislados o ausentes en el quehacer cotidiano de los poderes judiciales locales. Nuestra página de transparencia no muestra mecanismos de participación ciudadana porque, en el ámbito de la transparencia, se considera que este rubro no aplica en los poderes judiciales debido a que se consideran, entre los que están expresamente establecidos en la ley: los mecanismos como la consulta pública, el plebiscito, ratificación de mandato, y no otros diversos que atañen a la incidencia de los particulares en el proceso como el amicus curiae o las conclusiones de investigaciones realizadas con datos de la administración de justicia. Esta circunstancia está por cambiar debido a que se está solicitando la apertura de este rubro al Órgano local de transparencia.
Las y los ciudadanos, o bien, las organizaciones ciudadanas acceden a información del ámbito judicial con objeto de realizar investigaciones sobre las percepciones del personal judicial, el prespuesto asignado, el tipo de delitos por año, evaluar sobre la tutela de los derechos humanos, determinar las sentencias de los juzgados por año[2], los y las sentenciadas por año, las necesidades de juzgados, y plantear propuestas o soluciones sobre los problemas de la administración de justicia. Entre los ejemplos de esa colaboración con la sociedad en el ámbito judicial están los protocolos de actuación para atender casos de diversos grupos vulnerados de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los programas de capacitación de los poderes judiciales locales con asociaciones civiles especializadas y, específicamente en Oaxaca, la conservación del archivo histórico judicial realizado con el apoyo de la Fundación Harp Helú, que constituye el primer antecedente de participación de ciudadanos en la restauración, catalogación y resguardo de archivos judiciales en el Estado.
En el ámbito del Poder Judicial las dos esferas de acción: la jurisdiccional, representada por jueces y magistrados, y la administrativa, que realiza el Consejo de la Judicatura que tiene las funciones de administración, vigilancia y discipilina de los juzgados, tienen vasos comunicantes que abren espacios para la participación de las y los ciudadanos en la administración de Justicia.
Es precisamente en el área del Consejo de la Judicatura donde se inició en Oaxaca la participación ciudadana en temas relacionados con el derecho penal[3], la lengua indígena y género. La necesidad de contar con traductores e intérpretes en los juicios no era suficientemente atendida con las instancias oficiales, fue entonces que el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET), entró en contacto con el Poder Judicial. A través de casos planteados ante juzgadores y la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, y debido a la asesoría de sus integrantes a personas indígenas, esta Asociación Civil tenía datos que mostraban el déficit de intérpretes y traductores, por lo que en el Poder Judicial de Oaxaca iniciamos con su participación en los juicios y, posteriormente, con su inclusión en las reuniones regionales del personal judicial para difundir su actividad e intercambiar puntos de vista sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas con el personal de los juzgados.
En la misma época la Asociación Equis Justicia para las Mujeres desarrollaba algunas actividades con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Oaxaca y el Poder Judicial entró en contacto con esta asociación enfocada en temas de justicia y género.
Esta afortunada coincidencia de esfuerzos, desde el ámbito de la ciudadanía, dio como resultado la inclusión de expertos en temas indígenas y de género en las reuniones regionales de jueces oaxaqueños y permitió la interacción de los dos temas en la agenda del Poder Judicial de Oaxaca de una manera que no se habían logrado percibir por las y los propios servidores públicos. Sin embargo, teníamos una problemática derivada del incremento de los casos de violencia contra la mujer llevados a los juzgados y tribunales penales que nos obligaba a enfocar temas específicos dentro de la alerta de género que fue emitida para el Estado.
Con la conciencia de la transversalidad de los temas, y el objetivo de que se visibilizaran a las personas como integrantes de diversos grupos vulnerados en la cultura oaxaqueña, el personal fue sensibilizado en los temas de género. Así, el Poder Judicial fue receptivo a la propuesta de Equis Justicia para las Mujeres para ciudadanizar la justicia oaxaqueña partiendo de un diagnóstico sobre la situación. Sin duda, el principal problema era financiar la presencia de expertos y, sobre todo, actuar no para lo inmediato, sino trabajar para establecer mecanismos internos que permitieran cambiar las concepciones de género desde dentro del propio Poder Judicial.
Para quienes formamos parte del grupo de contacto fue muy alentador que la Unión Europea financiara el programa de Equis Justicia para las Mujeres y diera seguimiento a este esfuerzo. De esta manera, logramos ver el efecto en la transparencia, desde el ámbito de la participación ciudadana, en el Laboratorio de Cohesión Social II de la Unión Europea.
Hoy tenemos personal capacitado para iniciar la Unidad de Género en el Poder Judicial, jueces y secretarios especializados que podrán continuar capacitándose al interior, con la experiencia de sus propios casos; así como una base de versiones públicas de sentencias que han incorporado la perspectiva de género, y sobre las cuales se puede hacer una búsqueda. Quizá pueda sonar como “mucho ruido y pocas nueces”, pero es un esquema inédito que permitiría que los poderes judiciales locales transiten de la problemática del escaso presupuesto y las crecientes demandas de la sociedad.
Hemos facilitado el diálogo con las organizaciones sociales y civiles, pero lo importante es ahora escuchar al ciudadano en el dia a día de la actividad jurisdiccional, que sepan que existe un tribunal de puertas abiertas, con magistrados y jueces que los escuchen y les hagan justicia.
[1] Proyecto 89477 (2018). Que entendemos por participación ciudadana. Documento de trabajo. México. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
[2] La transparencia permitió que tuvieramos versiones públicas de las sentencias de primera instancia y que mediante un buscador los ciudadanos accedan a los criterios sustentados en cada caso.
[3] Con el apoyo de fundaciones como la Konrad Adenauer y USAID la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos se logró avanzar en el estudio de los sistemas penales en el extranjero y generar un código procesal penal acusatorio pionero en México y capacitar a los operadores de justicia en el Nuevo Sistema de Justicia Penal previamente a la existencia del Consejo de la Judicatura.
