Hacia una salud mental digna y acceso a tratamiento integral en México

• La reforma modifica artículos que introducen una serie de principios y guías en la prevención y atención de la salud mental en México, incluyendo el enfoque de reducción de riesgos y daños como eje rector.
• La iniciativa reconoce los derechos de las personas usuarias para acceder a servicios de salud, prohíbe el tratamiento involuntario y traza una ruta para eliminar el modelo psiquiátrico asilar.
• La reforma no contempla el desarrollo de programas psicosociales que atiendan los efectos que la violencia y las violaciones graves a derechos humanos generan en la salud mental.

En días pasados, la Cámara de Diputados aprobó, por mayoría avasallante y sin votos en contra, una reforma sin precedentes a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones. La reforma modifica artículos que introducen una serie de principios y guías en la prevención y atención de la salud mental en México. Esto representa un hecho histórico que privilegia el diseño de políticas públicas acordes con el enfoque de salud pública y los derechos humanos establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 y exigidas continuamente por la sociedad civil organizada.

Las personas, colectivos y organizaciones civiles que trabajamos en derechos humanos, derechos de personas con discapacidad, salud mental, y política de drogas y género aplaudimos la aprobación de esta reforma que, lejos de ser perfecta, representa un paso contundente en la dirección correcta. La propuesta es pertinente en un contexto donde el Estado fomenta un discurso profundamente discriminatorio hacia las personas usuarias de drogas y de servicios de salud mental y donde la oferta de centros de tratamiento está captada principalmente por grupos de ayuda mutua que en gran medida operan al margen de los lineamientos establecidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, “Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones”, legitimando y perpetuando graves violaciones a derechos humanos.

La reforma se aleja de la noción equívoca de aprobar una ley dedicada especialmente a la salud mental y las adicciones que se había promovido previamente y, por el contrario, afina la incorporación de estas temáticas a la Ley General de Salud. A la vez, uno de los elementos más importantes de esta reforma es que prohíbe el tratamiento involuntario. Esto lo fortalece estableciendo pasos claros para garantizar el consentimiento informado, reconociendo la importancia de tomar en cuenta la voluntad de personas menores de 18 años y abriendo la puerta para establecer la voluntad anticipada.

Asimismo, la reforma reconoce y enlista los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud y traza una ruta para la eliminación del modelo psiquiátrico asilar. Establece que la salud mental y la prevención de las adicciones tendrán un carácter prioritario en las políticas de salud pública, incorpora el enfoque de reducción de riesgos y daños como un principio rector en la atención que deben brindar las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud (SNS), además de que establece mecanismos para supervisar la protección a derechos humanos, y medidas que contribuyan a reducir el estigma y la discriminación.

Uno de los aspectos que deja pendiente la reforma es el reconocimiento explícito de la necesidad de desarrollar programas destinados a atender los efectos que el clima de violencia, violaciones a derechos humanos e impunidad genera en la salud mental. Para esto consideramos fundamental:

• Incorporar programas de atención especializada con perspectiva psicosocial y de género para víctimas de tortura y desplazamiento interno forzado, así como para familiares de personas desaparecidas o asesinadas;
• Establecer el papel que debe jugar el Sistema Nacional de Salud (SNS) en la prevención y atención de los impactos en la salud mental resultado de la revictimización causada por agentes del Estado;
• Diseñar programas de atención comunitaria para responder a los efectos que ha tenido dicho contexto en la salud mental;
• Establecer los mecanismos de vinculación entre el  SNS con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas -y sus equivalentes a nivel estatal- para garantizar el cumplimiento de la Ley General de Víctimas.

Esperamos que esta reforma sea un paso de muchos para estructurar un sistema público de salud mental y atención y prevención de las adicciones enfocado en el respeto a los derechos humanos. Asimismo Así mismo, es una muestra de que el trabajo conjunto entre sociedad civil, poder ejecutivo y poder legislativo puede brindar resultados favorecedores para la población que vive en México. Confiamos en que esto pueda replicarse para los pasos que vienen a futuro.

Finalmente, destacamos que esta reforma nuevamente evidencia la importancia de que la prevención y el tratamiento de las adicciones caiga bajo la rectoría de la Secretaría de Salud, por lo que reafirmamos nuestra exigencia de que la campaña de comunicación de la Estrategia Nacional de Prevención de las Adicciones sea retornada a manos de dicha entidad institucional.