La caja negra del Poder Judicial: Cómo acabar con la opacidad jurisdiccional
Fátima Gamboa
11 de noviembre de 2015.- Disculpe, ¿Usted sabe cuál es el órgano encargado de impartir justicia en México? 14 de cada 24 personas contestaron no conocer a quien le toca impartir justicia en México; el panorama para las mujeres involucradas en algún proceso de justicia no es mejor, pues de 16 mujeres entrevistadas, 11 manifestaron no tener confianza en el órgano encargado resolver con justicia el conflicto en el que están inmersas.
Los Poderes Judiciales del país trabajan en un cuarto oscuro, donde la ciudadanía y las personas usuarias del sistema de justicia, no alcanzamos a conocer, ni entender, mucho menos evaluar el funcionamiento del Poder Judicial. En resumen, no sabemos qué tipo de justicia estamos recibiendo.
“El juez sólo habla a través de sus sentencias” según cuenta un viejo dicho judicial. Entonces poco nos están hablando cuando no tenemos constancia de las sentencias que emite el Poder Judicial. La ley obliga de manera expresa a 30 de los 32 Estados del país a publicar sentencias judiciales, pero ninguno de éstos sujetos obligados cumple con sus obligaciones de manera óptima e idónea. Las sentencias judiciales son una parte de lo que se esconde al interior de los recintos de justicia.
¿Cómo saber si el Poder Judicial de los Estados, cumple con su obligación de proteger, promover, garantizar y respetar los derechos humanos, y en especial aplicar el principio de igualdad como no discriminación contenido en el artículo 1 constitucional, si no tenemos acceso a la evidencia de su trabajo?
Desde 2012, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y las leyes locales que regulan las obligaciones de sus respectivos poderes judiciales, obligan a la transparencia judicial, a través de la publicación de sentencias, que responde al derecho humano a la información (Art.6 de la Constitución). En la práctica aún es una aspiración.
¿Por qué es importante que el Poder Judicial haga públicas sus sentencias?
En primer lugar, para generar confianza. La falta de transparencia genera desconocimiento y desconfianza en la ciudadanía con respecto a la función esencial del Poder Judicial. Que la ciudadanía tenga acceso real al trabajo y los procesos relacionados con la impartición de justicia, la solución de conflictos, y la garantía del equilibrio entre órganos democráticos que integran al Estado es esencial para el ejercicio real de la democracia.
En segundo lugar, no saber, implica no exigir. No tener acceso a las sentencias judiciales, impide a la ciudadanía conocer el tipo de justicia que la sociedad recibe por parte del poder judicial. Sin datos no hay monitoreo o control ciudadano dirigido a este órgano, y por tanto no hay posibilidad de exigencia de los derechos.
Además, la falta de transparencia genera un clima propicio para la corrupción, donde no hay posibilidad de auditorías ni mecanismos de observación y control ciudadano, que limiten o sancionen el abuso de poder por parte de éste órgano.
La participación ciudadana, en cuanto al acceso a la justicia, aumentaría. La falta de transparencia obstaculiza la participación de actores de la sociedad civil en la construcción colectiva de soluciones y en diagnosticar el estado de situación de la justicia con respecto a los derechos humanos, perspectiva de género, discapacidad, interculturalidad, etc. La sociedad civil puede y debe tomar el papel de monitorear el trabajo del poder judicial. Derivado de esta idea han surgido iniciativas como los observatorios ciudadanos de sentencias judiciales en México y en toda la región, sin embargo, el principal obstáculo para continuar con ésta labor, es la falta de transparencia en sentencias judiciales.
La falta de transparencia nos impide evaluar el correcto funcionamiento, permanencia y adecuado ascenso en la carrera judicial de las personas impartidoras de justicia. De esta forma, la transparencia en el Poder Judicial está directamente relacionada con frenar el camino de la corrupción, el amiguismo y el partidismo.
Dado que el derecho es un producto cultural inmerso en el sistema patriarcal, la transparencia se convierte también en una herramienta para garantizar la impartición de justicia con perspectiva de género. Enviar mensajes correctos por parte del Poder Judicial, a sus interlocutores es parte de su obligación de promover los derechos humanos, en especial el de las mujeres y grupos excluidos del estatuto jurídico.
Y por último, el funcionamiento abierto del Poder Judicial genera capacidad de cambio y transformación en las prácticas de impartición de justicia. La difusión de argumentos judiciales que den ejemplo de buenas prácticas, argumentos novedosos que rompan con la tradición jurídica de formato, legaloide e insensible al contexto y situación particular de la persona justiciable cobra especial relevancia en nuestro sistema judicial.
La reforma de junio de 2011 cambió el paradigma en la impartición de justicia ampliando las dimensiones de protección de los derechos. Ahora los criterios y principios jurídicos de igualdad sustantiva y no discriminación reivindican el acceso a la justicia para aquellas personas y grupos históricamente discriminados. A raíz de ésta reforma, han habido innumerables esfuerzos por parte de los Tribunales, Institutos de la Mujer, Organizaciones Civiles y Academia para fortalecer los conocimientos y herramientas jurídicas de las personas juzgadoras. Sin el elemento transparencia en sentencias judiciales la sociedad no tendrá indicadores objetivos para saber si la práctica judicial está evolucionando hacia la protección de los derechos humanos.
El lenguaje jurídico es la cortina que cubre la caja negra.
De 16 mujeres involucradas en procesos judiciales de índole familiar que entrevistamos, únicamente 1 manifestó conocer el significado de una serie de palabras habituales en cualquier proceso judicial.
El conocimiento abierto en relación a las sentencias judiciales es sólo el primer paso. Que las sentencias estén publicadas genera confianza, posibilidad de control y reduce la corrupción, pero no facilita la comprensión ciudadana sobre contenido y alcance de las sentencias.
El lenguaje poco accesible y técnico utilizado tradicionalmente en el ámbito del derecho nos presenta un nuevo reto: “traducir” los mensajes esenciales a la población en general, con la finalidad de acercar la justicia a la ciudadanía y garantizar así la exigencia de sus derechos.
Transparencia es publicar sentencias judiciales, es hacerlas accesibles a todo tipo de público, y también es romper con los “mitos sobre la ley o la justicia”. Un lenguaje más accesible generaría mayor conocimiento sobre el sistema judicial, para que, por ejemplo, los medios de comunicación no difundan ideas confusas o estereotipadas sobre los derechos que les corresponden a hombres y mujeres.
Es importante que los medios, cómo agentes de socialización, también asuman su parte de responsabilidad y no encontremos mensajes que difundan informaciones falsas, como que es delito el abandono de hogar para mujeres, incluso en casos de violencia, cuando pretenden salirse de la situación; o encabezados de noticias que clasifican el feminicidio como un “crimen pasional”, y minimicen el hecho en función de la “emoción” violenta del hombre, sin contar con fuentes expertas que permitan un mayor entendimiento de la violencia de género cómo pandemia social.
Es urgente que los Poderes Judiciales implementen políticas de transparencia en sentencias judiciales de manera pro activa y creativa, y que se generen sinergias con organizaciones de la sociedad civil para la creación de mecanismos de monitoreo social y control ciudadano. La impartición de justicia y el trabajo del Poder Judicial son un servicio público y como tal, no pueden mantenerse alejado de la sana crítica y escrutinio social.
