¡Exigimos repensar la política de seguridad bajo una perspectiva feminista!
Desde la Red Feminista Antimilitarista (RFAM) expresamos nuestra preocupación por la iniciativa de reforma para militarizar a la Guardia Nacional (GN), presentada por el Presidente de la República el pasado 5 de febrero.
Con anterioridad, hemos denunciado que la Guardia Nacional está lejos de consolidarse como una institución de seguridad ciudadana y civil, como lo ordena la Constitución desde 2019. De concretarse esta reforma, se revierte la posibilidad de tener una institución profesional y respetuosa de los derechos humanos, además de perpetuar la presencia de las Fuerzas Armadas (FFAA) en tareas ajenas a la disciplina militar.
Ante la crisis de derechos humanos y de creciente violencia, el Ejecutivo Federal sigue apostando por una estrategia de seguridad militar que ha demostrado no ser la solución a la violencia que enfrenta el país. Las organizaciones que integramos la RFAM hemos identificado y visibilizado las violencias que viven las personas en México, así como su impacto diferenciado en mujeres, niñas, personas LGBT+ y otras poblaciones vulnerables debido a la militarización de la seguridad pública. Estas violencias comprenden tanto aquellas que las FFAA ejercen directamente en contra de ellas —aquí se incluyen las detenciones arbitrarias, la tortura, las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales y el desplazamiento forzado por la construcción de cuarteles de la GN—, como aquellas que la estrategia de seguridad militarizada desata en sus comunidades —como los homicidios y los asesinatos de mujeres—. Lo anterior, en lugar de fomentar políticas públicas que atiendan las exigencias de las víctimas.
El uso de las FFAA para tareas ajenas a la disciplina militar e incluso en tareas de seguridad pública parte de una visión patriarcal, en donde las mujeres y niñas somos invisibilizadas, convirtiéndonos en víctimas de esta “guerra contra el crimen organizado”, dejando de lado la erradicación de las causas estructurales de la violencia y discriminación a la que nos enfrentamos.
Insistimos en la necesidad de que se incorpore la perspectiva de género, derechos humanos e interseccionalidad a las políticas de seguridad pública. Esto no equivale a incrementar el número de mujeres en las FFAA, sino a tener claridad respecto a que la violencia que azota al país tiene repercusiones distintas en la vida de las mujeres y niñas, pues nos ha afectado de manera estructural en el ejercicio de nuestros derechos. Adicionalmente, observamos con preocupación que nuestras luchas, que son históricas y reivindicativas, sean consideradas como amenazas a esta política de seguridad.
Resulta sumamente preocupante que con esta iniciativa de reforma se otorgue a los elementos de las FFAA facultades de prevención, investigación y persecución del delito, lo que se traduce en un grave retroceso en materia de acceso a la justicia. Asimismo, se propone que los elementos de la GN cuenten con fuero militar, lo que en términos prácticos dificultaría el acceso a la verdad y la justicia de víctimas de violaciones a derechos humanos por parte de las FFAA. Las organizaciones que confirmamos la RFAM hemos documentado diversos casos de protección e impunidad de los tribunales militares a los elementos que han violentado los derechos humanos de la ciudadanía, particularmente de mujeres y niñas.
De igual manera, nos preocupa el poderío económico que están adquiriendo las FFAA. De aprobarse esta reforma, la Sedena se adjudicaría los recursos presupuestales, financieros y materiales de la GN y pasaría a administrar el tercer presupuesto federal más grande de la administración pública, con más de 400 mil millones de pesos sólo para el ejercicio fiscal 2024. Para ponerlo en perspectiva: en 2021, el gasto para el “Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos” fue de $415.9 millones de pesos. En cambio, lo que las Fuerzas Armadas gastaron ese año solo para viáticos en el extranjero asciende a $459.9 millones de pesos. Con los $259,434 mdp que fueron aprobados en 2024 para la Sedena, se podrían financiar 624 Programas de Apoyo para Refugios.
Desde la RFAM hacemos un llamado para que el Congreso de la Unión actúe como contrapeso político y proponga verdaderas alternativas para poner fin a las brechas de desigualdad a las que nos enfrentamos. Insistimos en que la militarización de la única corporación federal de seguridad pública que existe en México, seguridad y justicia, representa un grave peligro para la ciudadanía y atenta contra el Estado de derecho. Exigimos una verdadera perspectiva de género en todas las políticas y que nuestras voces sean escuchadas y representadas en los espacios de toma de decisiones.
El avance de la militarización implicaría un retroceso significativo para los derechos de mujeres y niñas. Cualquier cambio social que busque consolidar la paz debe incorporar a las mujeres y niñas en su diversidad, de lo contrario más de la mitad de la población estaría fuera de las decisiones que afectan la vida pública del país. Como Red rechazamos cualquier iniciativa que presente a la militarización como la solución al problema de inseguridad al que nos enfrentamos, ¡la seguridad ciudadana debe ser feminista!
