- Más de 68 mil mujeres han sufrido diferentes tipos de violencia por militares, como la violación, revelan encuestas del INEGI
- La Red Feminista Antimilitarista (RFAM) llama al Estado mexicano a trabajar por cambios estructurales que tengan como eje los derechos humanos
- Es contradictorio poner la seguridad pública a cargo de la Sedena, institución que se encuentra entre las diez más
señaladas por cometer violaciones de derechos humanos
La militarización de la seguridad pública es una amenaza constante para el respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres. Por ello, la Red Feminista Antimilitarista (RFAM) llama al Estado mexicano a generar políticas públicas transversales que tengan un impacto estructural y contribuyan a la construcción de seguridad a partir de acciones integrales que no involucren procesos de militarización.
En el marco del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer (25N), la RFAM advierte que la estructura militar lleva intrínsecas las mismas visiones patriarcales y de violencia del sistema social, lo que impide a las mujeres ejercer su derecho a vivir una vida libre de violencia.
La Red alerta sobre la contradicción de poner la seguridad pública a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dependencia que es señalada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como una de las diez instituciones públicas que más cometen violaciones a los derechos humanos.
Datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH indican que, en 2020, esta institución recibió 359 quejas contra la SEDENA y 350 contra la Guardia Nacional (GN); en 2021, 436 y 504, respectivamente, y en 2022, 428 y 577.
LAS FUERZAS DE SEGURIDAD NO NOS CUIDAN
El despliegue de las fuerzas armadas en el espacio público compromete la vida de las personas pues les expone a la violencia directa e indirecta de los enfrentamientos del crimen organizado. En México se han documentado las consecuencias de la violencia armada contra las mujeres.
Por ejemplo, en 2020, en Delicias, Chihuahua, elementos de la GN dispararon contra un vehículo en el que viajaban una mujer y su esposo, quienes regresaban de una movilización de protesta por la falta de agua. La mujer murió en el ataque. En un caso similar de 2022, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, militares dispararon contra un vehículo en el que viajaba una familia que trasladaba a una niña al hospital para recibir atención médica. La niña murió. En la misma ciudad, en abril de 2023, la GN disparó injustificadamente contra una camioneta, provocando la muerte de un hombre, de una mujer menor de edad con ocho meses de embarazo y de su bebé.
Entre los casos paradigmáticos sobre la forma atroz en que las fuerzas armadas han violentado los derechos de las mujeres se encuentran los de Inés y Valentina. Valentina Rosendo Cantú, de la comunidad Me´phaa, de Guerrero, fue amenazada, golpeada y violada por elementos del ejército en 2002, mientras que Inés Fernández, de la misma comunidad, fue torturada, amenazada y violentada sexualmente por elementos del ejército.
Un análisis de las violencias perpetradas por las fuerzas armadas contra las mujeres, a partir de datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh, 2021), revela que más de 68 mil mujeres sufrieron violencia en su comunidad por parte de militares o marinos. Entre las agresiones más comunes están: piropos ofensivos, 38.2%; miedo a ser atacada sexualmente, 10.1%; ataques con armas blancas o de fuego, 3.3%; intentos de violación 1.1% y 0.2%.
Por su parte, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol, 2021) revela que en las detenciones de mujeres, las instituciones que ejercen mayor violencia son la Marina (86.4%) y la Sedena (77.4%). Además, el 19.4% de las mujeres arrestadadas por la Marina y el 11.5% de las que fueron arrestadas por la Sedena sufrió una violación sexual.
LAS INTEGRANTES DE LA RFAM EXIGIMOS RENDICIÓN DE CUENTAS
La Red ha denunciado reiteradamente que el objetivo de la formación de las fuerzas militares es atacar al enemigo. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso Montero Aranguren y otros vs. Venezuela, señala que: “el entrenamiento que reciben las fuerzas militares está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”.
Además, las instituciones militares se caracterizan por su falta de transparencia, lo que impide una correcta rendición de cuentas, monitoreo y evaluación sobre su forma de operar, así como sobre el uso de presupuestos que van en aumento, en detrimento de otras instituciones que podrían mitigar y prevenir la violencia contra las mujeres.
Hoy, nuestro país es más inseguro que hace 16 años, cuando inició, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. A la fecha, el número de personas desaparecidas en el país asciende a 112 mil 806, desde el 1 de enero de 1962 al 23 de octubre de 2023.
A nivel federal, en 2018, en el país se investigaron los casos de 3 mil 678 mujeres víctimas de asesinato (la cifra se compone de la suma de presuntas víctimas de feminicidio, más presuntas víctimas de homicidio doloso consideradas en carpetas de investigación). En 2019, la cifra ascendió a 3 mil 844 casos; mientras que en 2020 fue de 3 mil 776; en 2021, 3 mil 729; en 2022, 3 mil 757 y en el periodo enero-agosto de 2023, la cifra llegó a los 2 mil 329 casos. Esto implica que, en promedio, diez mujeres son asesinadas diariamente en México. Esta información proviene del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Investigaciones y consultas realizadas por la Red Feminista Antimilitarista revelan que la presencia de las fuerzas armadas en el espacio público, lejos de generar seguridad, provoca ansiedad, inseguridad y miedo entre las mujeres. Están desprotegidas porque su seguridad está a cargo de una institución que es violenta y las violenta.
¿QUÉ REPRESENTA PARA LAS MUJERES UNA SEGURIDAD PÚBLICA NO MILITARIZADA?
El uso de las fuerzas armadas como única solución al problema de la seguridad pública no ha representado un cambio positivo en los niveles de violencia. Esto es porque la seguridad pública es un problema multifactorial y no ha sido abordado como se requiere, es decir, con un enfoque transversal e integral.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) que integramos la Red hemos reiterado que la militarización y el militarismo no son la solución. En este sentido, nuestra propuesta es clara: dejar de proporcionar cada vez más presupuesto a la SEDENA e invertir en políticas públicas que no involucren procesos de militarización y permitan, en cambio, incidir en el sistema social educativo para que las personas desarrollen colectividades y ambientes sociales, emocionales y materiales de bienestar.
La violencia de género, cuya máxima expresión son las agresiones físicas y los feminicidios, está profundamente enraizada en la cultura mexicana. Además, la discriminación y la violencia que sufren las mujeres es atravesada por diversos factores de su identidad. El proceso que proponemos debe incluir la eliminación de la violencia estructural que es perpetrada por las mismas instituciones del Estado.
En este sentido, es urgente fortalecer a las instituciones encargadas de la prevención de las violencias, para que emprendan acciones que dejen atrás las actitudes patriarcales sexistas y los estereotipos discriminatorios sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad.
La Red Feminista Antimilitarista reitera la urgencia de iniciar un trabajo conjunto con las instituciones del Estado y personas expertas para diseñar políticas que fortalezcan a los cuerpos policiacos, y que estos puedan retomar sus tareas de seguridad pública. Lo anterior con vistas al retiro paulatino y permanente de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública.
La estrategia debe tener como centro a las personas y a los derechos humanos, con especial énfasis en los derechos de las mujeres. A partir de ahí, las corporaciones policiacas deben contar con presupuestos adecuados y la infraestructura necesaria para su ubicación y funcionamiento. Además, las personas que las integren deben contar con equipo y capacitación permanente y de calidad para llevar a cabo un trabajo profesional, enmarcado en la ética y teniendo como base los más altos estándares de respeto a los derechos humanos.
