¡Las medidas de prevención sanitaria no deben dejar en desprotección a las mujeres y niñas que viven en situación de violencia!

Las medidas de confinamiento establecidas para prevenir la propagación del coronavirus, aunque necesarias, incrementan el riesgo las mujeres a ser víctimas de violencia, vulnerabilidad que se agrava por la suspensión de labores de los Poderes Judiciales, encargados de protegerlas.

De acuerdo con los resultados del Informe de EQUIS Justicia para las Mujeres “Desprotección Judicial en tiempos del COVID-19” 84.4% de los Poderes Judiciales están reprobados en garantizar la protección y el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia, pues suspendieron labores sin contemplar el funcionamiento de los recursos legales para prevenir y frenar la violencia.

Si bien se entiende la suspensión de labores judiciales para proteger la salud de las personas, esta tiene que diseñarse de tal forma que no implique desproteger el derecho a una vida libre de violencia o el acceso a la justicia para las mujeres. Por el contrario, en un contexto en donde las medidas de aislamiento por COVID-19 incrementan la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia, la protección de los derechos de las mujeres y el establecimiento de mecanismos de prevención, denuncia y atención para las víctimas, es una de las principales obligaciones de los Poderes Judiciales, tal como lo establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por lo anterior, y con objeto de evitar que la violencia en los hogares y los feminicidios incrementen durante esta cuarentena, urgimos a los Poderes Judiciales a implementar a la brevedad las siguientes medidas que se desprenden del informe previamente referido:

• Establecer, de manera coordinada, lineamientos generales, es decir, un piso mínimo de protección para las mujeres en el contexto de la contingencia. Asimismo, dentro de sus comunicados y/o acuerdos deben especificar estas medidas para garantizar la operación del sistema de justicia y específicamente la protección de las mujeres víctimas de violencia.
• Establecer, de manera explícita en sus comunicados y acuerdos, guardias presenciales para dictar órdenes de protección, tanto en materia familiar como penal y explicar cómo será su funcionamiento, pues estas son fundamentales para garantizar la protección de las víctimas de violencia sin necesidad de que exista una denuncia.
• Contar con guardias presenciales para dictar las medidas precautorias, cautelares y de protección necesarias para salvaguardar la integridad de las mujeres en procesos judiciales en materia familiar. Esto garantiza la seguridad de las mujeres y niñas que quieren iniciar o ya iniciaron un proceso en contra de su agresor. Asimismo, se requieren guardias presenciales para la ratificación de las medidas de protección en materia penal.
• Tener guardias para llevar a cabo la entrega y recepción de pensiones alimenticias. Además, es conveniente que también se tome en consideración los juicios por alimentos que están por iniciar y no sólo aquellos que ya están en trámite. Esto evita que las mujeres y sus hijos sean víctimas de violencia económica.
• Establecer alternativas a los Centros de Convivencia Supervisada, para evitar suspender el derecho de la niñez a convivir con sus progenitores como, por ejemplo, el uso de tecnología (llamadas o videollamadas que puedan registrarse).
• Considerar la posibilidad de exentar a personas pertenecientes a grupos vulnerables de las guardias presenciales. De no ser posible exentar a todas de las guardias, se pueden establecer esquemas de trabajo flexibles o rotativos que permitan cumplir con sus obligaciones laborales y además el cuidado de la niñez, sin que esto implique una doble carga. Esta consideración también tendría que aplicarse las personas que tienen a su cuidado personas enfermas de COVID-19. 
• Establecer canales de comunicación efectiva con las organizaciones civiles que trabajan para prevenir y proteger a las mujeres en situación de violencia, en especial, quienes operan refugios para mujeres, con el objetivo de poder actuar de manera conjunta ante situaciones de emergencia, y así tejer una red de apoyo interinstitucional que responda a las necesidades del contexto de contingencia sanitaria.
• Tomar medidas urgentes para proteger a las personas privadas de la libertad. Entre estas medidas se debe incluir: el uso de medidas cautelares distintas a prisión preventiva; excarcelar a personas adultas mayores -tal como lo señala la Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 146-, mujeres embarazadas, personas con diabetes e hipertensión o con alto riesgo de desarrollar complicaciones por COVID-19; así como liberar a mujeres hoy privadas de la libertad por delitos no graves o que no involucraron violencia -medida que está contemplada en la iniciativa de Ley de Amnistía que está en manos del Senado-.
• Es recomendable que consideren, como parte de sus acuerdos, especificar si las unidades de transparencia laborarán y, específicamente, si podrá esperarse que den respuesta a solicitudes de acceso a la información durante este periodo, o bien, establecer un plazo definido para reanudar sus servicios. De igual forma tienen que establecer mecanismos para que las audiencias orales que se lleven a cabo a puerta cerrada se publiquen en sus versiones públicas en los portales de transparencia sea a través del video o las versiones escritas de estas.
• Finalmente, es necesario que todos los poderes judiciales establezcan líneas de atención telefónica y chats en líneas para brindar información a la ciudadanía sobre los servicios que se suspenden y aquellos que continuarán vigentes, en especial aquellos servicios relacionados con la protección a mujeres y niñas víctimas de violencia.

Firmantes

EQUIS Justicia para las Mujeres