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Las tareas pendientes del gobierno mexicano para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres.

Un recuento sobre lo sucedido ante el Comité CEDAW.

Por: Isabel Erreguerena

Coordinadora de Políticas Públicas de EQUIS Justicia para las Mujeres

 

El pasado 6 de julio, el Estado mexicano defendió, ante el Comité para Eliminar la Discriminación contra las Mujeres en Naciones Unidas (CEDAW por sus siglas en ingles), su informe de cumplimiento sobre los derechos de las mujeres. A continuación, presentaré algunas de las preguntas que planteó el Comité de CEDAW sobre acceso a la justicia, y que están relacionados con temas que, desde EQUIS Justicia para las Mujeres, hemos impulsado y que presentamos en nuestro Informe Sombra ante el propio Comité. Incluiré las respuestas que ofreció del Estado mexicano y algunos de los temas que quedan pendientes.

Las preguntas y respuestas 

Las expertas del Comité realizaron varias preguntas relacionadas con el acceso a la justicia. El primer tema que abordaron fue la opacidad judicial. Al respecto, la experta del Comité Patricia Schulz cuestionó al gobierno mexicano sobre cómo la publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información de 2015 limita el acceso a las sentencias. La Ministra de la Suprema Corte de Justicia Margarita Luna Ramos respondió que la ley citada, en efecto, no obliga a publicar todas las sentencias, solo aquellas que son de “trascendencia nacional”. En este sentido, la Ministra reconoció que, el que existan criterios para regir qué sentencias deben ser publicadas y cuáles no, es un retroceso al derecho a la información.

No obstante lo anterior, la Ministra Luna Ramos señaló que el poder judicial federal publica todas las sentencias emitidas y 47% de los poderes judiciales estatales cumplen con publicar sus resoluciones. Cabe señalar que, contrario a lo indicado por la Ministra, EQUIS recién confirmó que el Poder Judicial Federal no está publicando todas sus sentencias. Encontramos que éstas no están incluidas en sus apartados de transparencia y que, incluso, son muy pocas las versiones públicas de las sentencias que están disponibles.

 

 

La experta Schulz indicó que no es suficiente publicar las sentencias emitidas a nivel federal y, por el contrario, es necesario publicar todas las sentencias de todos los órdenes de gobierno, ya que es el único medio para monitorear si se emiten resoluciones judiciales discriminatorias. La experta de CEDAW recalcó que, incluso, tiene conocimiento de que hay estados que no han publicado ninguna sentencia en años. La Ministra Luna Ramos reconoció esta situación y sugirió al Comité realizar una recomendación para que se publiquen TODAS las sentencias de todos los poderes judiciales.

Las integrantes del Comité también mostraron interés en el funcionamiento e impacto de las Unidades de Género en el poder ejecutivo, judicial y legislativo, señalando que les preocupaba que no estuvieran realizando actividades para institucionalizar la perspectiva de género. El Embajador Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reconoció como uno de los retos que tiene el gobierno mexicano, fortalecer a estas Unidades, con recursos humanos y presupuestos.

Asimismo, la experta Schulz de CEDAW preguntó sobre el funcionamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres.El Embajador Ruiz Cabañas, señaló que uno de los pendientes del gobierno es fortalecer estos Centros, dotándolos de personalidad jurídica, patrimonio y presupuesto propio, para así garantizar su operatividad y eficaz funcionamiento.

Por último, la Experta Patricia Schulz mostró su preocupación por el uso de la prisión preventiva y tortura especialmente en casos de mujeres privadas de la libertad por delitos contra la salud, y aprovechó para mencionar las malas condiciones de detención y los problemas de las políticas de reinserción y readaptación social. En la primera respuesta del Estado, éste señaló que el hacinamiento se ha reducido pero reconoció que, sobre todo, los servicios de salud brindados a la población penitenciaria siguen siendo un gran reto. También se mencionó la promulgación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura como un avance.

En su contestación, la Experta Schulz preguntó específicamente sobre las medidas alternativas para las mujeres privadas de la libertad. A esto, el Embajador Ruiz Cabañas señaló que en la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS) sobre drogas, México promovió las medidas alternativas para las mujeres privadas de la libertad por delitos contra la salud, además de promover la perspectiva de género, pero lamentó que en México no hubiera un programa sobre esto. Finalizó señalando que están trabajando para cumplir con estas medidas.

Cabe señalar que el gobierno mexicano no respondió varias cuestiones sobre población penitenciaria, por ejemplo, omitió el tema de los programas de reinserción, cuando es urgente que se analice la política en esta materia para garantizar los derechos de las mujeres privadas y ex privadas de la libertad. La respuesta sobre las paupérrimas condiciones carcelarias de esta población fue vaga dejando ver los múltiples retos en esta materia. De igual forma, el tema de tortura sigue siendo una gran tarea pendiente debido a que, si bien la ley fue emitida, su correcta implementación aún está por verse.

Finalmente, nos preocupa que el gobierno mexicano no contestara nada sobre tres cuestiones presentadas por Gladys Acosta, la experta de CEDAW en violencia contra las mujeres. Lo primero fue la gravedad del uso de estereotipos de género por los poderes judiciales, señalando los efectos adversos que estos generan en la sociedad. También preguntó, sin recibir respuesta, cuáles eran los mecanismos con lo que cuentan las y los ciudadanos para monitorear sentencias. De igual forma, se mostró preocupada por la implementación del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, pues señaló que contaba con información sobre cómo las capacitaciones al poder judicial no estaban funcionando porque no tienen indicadores claros. Es vital que el Estado mexicano dé respuesta a estos cuestionamientos para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres.

Qué queda pendiente

 Como se puede observar, el gobierno mexicano reconoció que tiene que tomar medidas para atender temas, que específicamente EQUIS ha buscado colocar en la agenda política, tales como eliminar la opacidad judicial, así como fortalecer las Unidades de Género y los Centros de Justicia para las Mujeres. Estas declaraciones, no deben quedarse en simples dichos, sino que tienen que ser traducidas en acciones concretas con resultados en las vidas de las mujeres.

La lista de pendientes es larga. El nuevo gobierno empezará su gestión con indicaciones claras de áreas en las que tiene que trabajar para garantizar los derechos humanos de las mujeres y, así, cumplir con sus obligaciones internacionales. Es necesario que como sociedad tengamos claras estas tareas para exigir su cumplimiento, y mejorar el acceso a la justicia de todas nosotras.