La #LeyDeAmnistía es un comienzo para saldar una deuda pendiente con las personas indígenas, las mujeres y las personas más pobres del país

• Si bien la Ley de Amnistía no es una llave mágica, contribuye a reconocer la deuda que se tiene con diversos grupos históricamente vulnerados.
• La propuesta debe acompañarse de una estrategia integral con enfoque de derechos humanos, sobre todo en materia de reinserción social y las perspectivas de género e interculturalidad, así como del fortalecimiento del sistema e instituciones de justicia.

30 de septiembre de 2019. Las organizaciones firmantes nos pronunciamos en favor de la iniciativa de Ley de Amnistía, enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados el pasado 15 de septiembre 2019 y, por lo mismo, buscamos cooperar para su implementación.

Esta iniciativa, para los casos relacionados con delitos contra la salud y el acceso a la justicia de los pueblos indígenas probaría ser invaluable para iniciar el difícil proceso de transformar el actual sistema de impartición de justicia en todos sus niveles que, a la fecha, sigue siendo un reto del Estado mexicano.

Asimismo, contribuye a cuestionar la perspectiva punitiva del sistema de justicia, la cual, a través de los distintos casos que acompañamos y documentamos, hemos constatado que se traduce en abusos sistemáticos del Estado con respecto a la impartición de justicia, entre los cuales están: el abuso en la prisión preventiva, la obtención de confesiones bajo tortura, la ausencia de traductores, intérpretes y abogados defensores certificados bilingües para personas indígenas, la criminalización de abortos y partos fortuitos, o penas absurdamente severas para delitos menores que lo único que reflejan es la criminalización de ciertos grupos históricamente vulnerados.

Cabe señalar que, las personas potencialmente beneficiarias de esta propuesta pertenecen a distintos grupos de población que se han invisibilizado y excluido en el goce y disfrute de sus derechos humanos, los cuales han sido históricamente discriminados, estigmatizados, juzgados y privados de libertad injustamente al no reconocer las condiciones en las que vivían, exacerbando sus condiciones de vulnerabilidad, tales como:

• Personas indígenas que no contaron con traductor y/o intérprete y/o defensoría legal con perspectiva de género e interculturalidad, es decir, que no tomaron en cuenta la cultura, la lengua, y las instituciones que conforman su identidad.
• Personas acusadas de cometer robo simple,sin violencia, con pena de prisión máxima de cuatro años.
• Personas procesadas o sentenciadas por delitos como la sedición o por formar parte de grupos impulsados por motivos políticos con el fin de alterar el orden y la vida institucional.
• Personas acusadas por delitos contra la salud (tráfico, transporte, comercio de drogas) en condiciones de pobreza, extrema vulnerabilidad, exclusión, desigualdad estructural y discriminación. Por ejemplo, y principalmente, mujeres que hayan sido orilladas a cometer el delito por indicación de su pareja y/o familiares, así como personas que hayan sido obligadas a cometer el ilícito por grupos de delincuencia organizada.¹
• Jóvenes víctimas de pobreza y falta de oportunidades que incurrieron en la posesión o venta de droga.
• Personas consumidoras de drogas que hayan sido detenidas con hasta el doble permitido de consumo personal.
• Mujeres procesadas o sentenciadas por haber interrumpido su embarazo, así como médicos o auxiliares que han asistido en un procedimiento de dicha naturaleza. Con respecto a este grupo, lamentablemente la posibilidad de que la amnistía las impacte positivamente es muy baja por lo que la mirada debería estar puesta en la despenalización del aborto.²

Si bien las organizaciones firmantes celebramos este esfuerzo por parte del Estado mexicano, consideramos que la Ley de Amnistía por sí misma no garantiza la no repetición de este fenómeno particular de violencia y vulneración de derechos hacia grupos históricamente vulnerados. Por lo mismo, estamos convencidas de que esta propuesta debe acompañarse de una estrategia integral con enfoque de derechos humanos, sobre todo en materia de reinserción social y las perspectivas de género e interculturalidad, así como del fortalecimiento del sistema e instituciones de justicia. De igual forma, se debe trabajar en construir y mejorar las capacidades institucionales de las instancias contempladas en la aplicación de dicha ley.

Con un plan integral de esta naturaleza no solo se estaría garantizando el acceso a la justicia de las personas que ya están en conflicto con la ley, también se estarían creando las bases de leyes, mecanismos e instituciones que garanticen los derechos humanos de todas y todos.

Firman

ORGANIZACIONES:

REDES

• Red Nacional de Abogadas Indígenas
• Red Mexicana de Reducción de Daños (Redumex)
• Red de Mujeres por la Libertad
• Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos“Todos los Derechos para Todas y Todos”(conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México);Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro deDerechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah,) Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).

¹ En particular, respecto a los grupos de población afectados en su mayoría por una política de drogas punitiva, señalamos que es imperante la elaboración de una política de drogas con un enfoque regulatorio. Así como con una perspectiva que permita contextualizar la realidad de quienes se ven relacionadas con las drogas ya sea por consumo, producción, transporte, venta, entre otros, con el fin de consolidar un proceso de paz sostenible urgente en nuestro país.
² En primer lugar, la mayoría de las mujeres privadas de libertad por haber interrumpido su embarazo, no están sentenciadas por el tipo penal de aborto, sino por homicidio en razón de parentesco, infanticidio, o delitos similares. En segundo lugar, la gran mayoría no pertenecen al fuero federal ya que fueron juzgadas y sentenciadas a partir de leyes locales, lo que significaría que miles de mujeres (idealmente candidatas a ser beneficiarias de la ley) no podrían siquiera ser consideradas para usarla en su favor. Si bien la propuesta de ley encarga a la Secretaría de Gobernación el promover que a nivel local se expidan leyes de amnistía similares, los retos son importantes.