La pandemia del COVID-19 ha llamado la atención sobre la necesidad de que los gobiernos de las Américas tomen iniciativas contra el hacinamiento en las cárceles, dados los altos riesgo de un brote mortal en los lugares de detención donde el distanciamiento social y otras medidas sanitarias son difíciles de implementar. En este contexto, algunos gobiernos han adoptado medidas alternativas al encarcelamiento como el arresto domiciliario—que es una orden de la corte para la detención de la persona en su lugar de residencia—para reducir el hacinamiento.
Cuando es implementado de forma correcta, el arresto domiciliario está destinado a ser una medida menos restrictiva que otras formas de confinamiento y debería ayudar a las personas privadas de libertad en su proceso de reintegración a la sociedad. Sin embargo, como indica un nuevo informe Presas en casa: Mujeres en arresto domiciliario en América Latina, la imposición del arresto domiciliario sin garantizar el acceso a los derechos humanos fundamentales, en particular para personas de bajos ingresos, puede ser tan punitiva como el encarcelamiento.
“El arresto domiciliario no debería simplemente reemplazar una forma de encarcelamiento por otra,” dijo Corina Giacomello, profesora, investigadora y co-autora del reporte. “Los gobiernos de las Américas deberían garantizar que las personas que son sujetas al arresto domiciliario tengan sus derechos protegidos. Si la persona que está en arresto domiciliario no tiene la opción de ser empleada o no tiene acceso a asistencia médica cuando la necesite, las condiciones no son las adecuadas. Las autoridades deberían asegurar que los que están en arresto domiciliario tengan el apoyo necesario para mantener a sus familias y reintegrarse a sus comunidades”.
El estudio se enfoca en los impactos del arresto domiciliario en las mujeres de las Américas, teniendo en cuenta que, en las últimas dos décadas, la población de mujeres privadas de la libertad en la región ha aumentado, y la mayoría de las mujeres vienen de situaciones de pobreza y exclusión social, lo que demuestra la necesidad de alternativas al encarcelamiento con un enfoque particular en las mujeres. El reporte es resultado de una colaboración entre organizaciones derechos humanos incluyendo el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés), Dejusticia, Equis: Justicia para las Mujeres, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, el Instituto Pro Bono, la Procuración Penitenciaria de la Nación de Argentina y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
Los testimonios de las mujeres privadas de la libertad ilustran cómo los desafíos relacionados con el arresto domiciliario generalmente quedan invisibilizados. Cuando el arresto domiciliario se implementa sin tener en cuenta el acceso a la educación, al trabajo, a asistencia médica o incluso a la alimentación, puede ser peor que el encarcelamiento en las prisiones. Nora Laura Calandra, una mujer que estuvo encarcelada en Argentina quien ahora trabaja como activista, describe el caso de una mujer que estaba en trabajo de parto y a quien le dijeron que debía esperar la autorización de la corte para ir al hospital. Otras mujeres comentaron que al menos en las prisiones tenían garantizado qué comer.
“La implementación del arresto domiciliario en condiciones tan estrictas puede ser contraproducente,” dijo Teresa Garcia Castro, Asociada Principal de Programa en WOLA y co-autora del reporte. “Para que el arresto domiciliario sea efectivo, necesita ser implementado de una forma en que las mujeres puedan satisfacer sus necesidades básicas, mejorar sus condiciones de vida y resolver los problemas que las condujeron a estar en contacto con el sistema de justicia penal”.
Este reporte examina legislación en materia de arresto domiciliario en siete países de la región— Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y la República Dominicana—e incluye estudios de casos sobre los desafíos de la implementación efectiva del arresto domiciliario. Especialmente con la pandemia del COVID-19, los países están enfrentando la necesidad de reducir la población en las cárceles—lo que probablemente conlleve a que suban los números de personas en arresto domiciliario. Sin embargo, si las autoridades no consideran la combinación del arresto con programas educativos o entrenamientos de trabajo, programas para el uso de drogas basados en evidencia científica, u otras formas de apoyo comunitario, los beneficios del arresto domiciliario comparados con el encarcelamiento serán limitados, según el reporte.
“Frecuentemente, el arresto domiciliario se usa en las Américas para castigar a las personas, cuando lo que se necesita son políticas que protejan la salud y el bienestar de estas comunidades,” dijo Corina Giacomello, profesora, investigadora y co-autora del reporte. “Si el COVID-19 hace que el arresto domiciliario sea una alternativa más común para reducir el hacinamiento carcelario, es importante que las autoridades implementen el arresto domiciliario de forma tal que respete la humanidad y los derechos de las personas privadas de libertad.”
