● Más del 48 % de las personas que se encuentran privadas de la libertad declaran haber sido torturadas en algún momento del proceso.
● Casi la mitad de la población en prisión señaló que el motivo de su reclusión actual es por haber sido acusada falsamente.
● A nivel federal no se cuenta con una política de reinserción integral, las pocas acciones que existen no son conocidas por las personas que se encuentran en prisión. Sólo el 21.6% de la población privada de la libertad conoce la existencia de programas postpenitenciarios.
9 de diciembre de 2021. El 7 de diciembre se publicaron los resultados de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad de 2021 por el INEGI. Las organizaciones firmantes reconocemos que se trata de un instrumento fundamental para entender las condiciones de las prisiones, exigir el respeto de los derechos humanos de las personas usuarias del sistema penal y avanzar en la implementación de las estrategias para la construcción de justicia, reinserción social y paz de las 220 mil 500 personas que se encuentran privadas de la libertad.
Lamentablemente, los datos presentados nos muestran que lejos de garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad e implementar acciones enfocadas a su reinserción social, las autoridades responsables de cada uno de los eslabones del sistema de justicia penal perpetran algún tipo agresión física. Tal es así que más del 48 % de las personas que se encuentran privadas de la libertad declaran haber sido torturadas en algún momento del proceso.
Asimismo, en el momento de la detención el 85.5% de la población privada de la libertad sufrió de algún uso de la fuerza por parte de las autoridades; el 48.8% sufrió algún tipo de agresión física después de la detención hasta llegar al Ministerio Público. Destacan particularmente Michoacán con 56%, Colima con 53%, Edomex con 50% , Aguascalientes con 46.8% y Jalisco con 45% de población que declaró haber vivido alguna forma de tortura al momento de ser presentada al Ministerio Público, es decir, dentro de sus instalaciones.Finalmente, en los centros penitenciarios la encuesta muestra que en el último año el 34.5% de las personas privadas de la libertad declararon haber sido agredida físicamente por custodios.
Persiste un alto nivel de desinformación sobre los motivos de la detención de las personas privadas de la libertad: el 58.8% no le informaron por qué lo detuvieron, al 75% no le informaron sobre sus derechos y al 78.8% la autoridad no se identificó ni mostró su placa. Siguiendo la ENPOL, el 43.9% de las personas privadas de la libertad en el país señaló que el motivo de su reclusión actual es por haber sido acusada falsamente o ser implicada en la comisión de un delito y el 10.4% no ha podido comprobar su inocencia.
Relacionado con las obligaciones que tienen los centros para atender a las mujeres desde una perspectiva de género observamos que no se han garantizado condiciones que contemplen las necesidades específicas de las mujeres en situación de reclusión. Ello debido a que el 11.7% manifestó que ha estado embarazada durante su estancia en el centro penitenciario de las cuales, el 22% señaló que los médicos se negaron a hacer revisiones.
Además, el 73% de las mujeres que han solicitado toallas sanitarias dentro del centro penitenciario no se las han proporcionado. Al 33% de mujeres el centro les exige que usen algún método anticonceptivo contra el 19% de los hombres. Llama la atención que, aunque se les exige más, son a las mujeres a quienes más se les niega el acceso a métodos anticonceptivos.
Frente a estos resultados, hacemos un llamado a las autoridades federales y locales para diseñar e implementar una estrategia para erradicar la tortura en los procesos de detención, Ministerio Público y el interior de la prisión. Si el Presidente recientemente mencionó que saldrían de prisión las personas torturadas ¿Ello significa que el poder ejecutivo está dispuesto a establecer una ruta de salida para la mitad de la población que ha sido torturada? De ser así, urgimos a trazar una ruta integral para quienes han sufrido este tipo de vejaciones al ser usuarias del sistema penal.
Por otro lado, es fundamental crear una verdadera estrategia integral de reinserción social para las personas privadas de la libertad. Ello incluye el diseño e implementación de una política pública de reinserción social post penal con programas integrales con perspectiva de género e interseccional , de manera que contemple las necesidades específicas de la población indígena, LGTBIQ+ y migrante afectada por las políticas punitivas del sistema penal. Para ello, es necesario que se pongan en funcionamiento las Comisiones Intersecretariales de Reinserción Social tal como lo establece la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Finalmente, es impostergable la atención adecuada, focalizada y con perspectiva de género para las mujeres que se encuentran en prisión.
Contacto de prensa
Centro de Estudios y Análisis por la Justicia Social (CEA Justicia); Data Cívica A.C, Intersecta Organización para la Igualdad, AC (Intersecta); Centro de derechos humanos Zeferino Ladrillero A. C; Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C (GIRE); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD); Justicia Transicional MX; EQUIS Justicia para las mujeres, A.C; Programa de Asuntos Migratorios, Universidad Iberoamericana Ciudad de México; Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C; Casa Frida, Refugio LGBT+ A.C; Fondo Semillas; México Unido Contra la Delincuencia (MUCD); Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social A.C;Centro Profesional Indígena de Asesoría, defensa y traducción, A.C (CEPIADET); Elementa DDHH.
