Poderes judiciales del sureste presentan las prácticas implementadas para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad

  • El Poder Judicial de Yucatán fue sede de la Mesa Regional Sureste por la Justicia Abierta, un evento que, junto con la ciudadanía e instituciones públicas, tuvo como objetivo compartir políticas judiciales más transparentes y efectivas para seguir garantizando principios como la igualdad, el acceso pleno a la justicia, así como la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
  • Al dar la bienvenida, la Magistrada Presidenta del Poder Judicial de Yucatán, María Carolina Silvestre Canto Valdés, destacó el trabajo conjunto con EQUIS Justicia para las Mujeres en favor del intercambio de experiencias que permitirán mejores prácticas para una justicia abierta.

 

 

La inauguración de las jornadas de trabajo de la Mesa Regional Sureste por la Justicia Abierta tuvo lugar en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia, el pasado lunes 15 de mayo, con la participación de magistradas, magistrados, juezas, jueces, personal académico y de investigación, así como integrantes de organizaciones de la sociedad civil de Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

 

Durante la jornada se presentaron los resultados preliminares del Diagnóstico Nacional de Justicia Abierta en México, realizado por EQUIS Justicia para las Mujeres, el cual estará disponible para su consulta, a partir de junio del 2023, en el sitio web del Pacto por la Justicia Abierta con Perspectiva de Género, donde toda la ciudadanía puede seguir de cerca el avance de los tribunales en materia de justicia abierta feminista.

 

Posteriormente, se llevó a cabo un Conversatorio de Buenas Prácticas de Justicia Abierta Feminista de la Región Sureste, en el que participaron la Magistrada Presidenta del Poder Judicial de Campeche, Virginia Leticia Lizama Centurión, y la Magistrada Perla Castro, con los temas de “Justicia Itinerante Intercultural” y “Seguimiento a órdenes de protección”, respectivamente. Por su parte, el Poder Judicial de Quintana Roo y el Instituto de Transparencia de dicha entidad, presentaron la ponencia “Estatus de Justicia Abierta en Quintana Roo”, a cargo del Magistrado Presidente Heyden José Cebada Rivas, así como del Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, José Roberto Agundis Yerena. Finalmente, el Poder Judicial de Yucatán, representado por el Magistrado Mauricio Tappan Silveira y la Consejera María Gaber Fernández expusieron el tema “Justicia Digital y Prácticas Innovadoras: Aplicación PJ Yucatán” una aplicación disponible para descarga en dispositivos móviles en la que personas acreedoras y deudoras pueden consultar los saldos y depósitos de los pagos de las pensiones alimenticias, sin tener que trasladarse a las oficinas del Fondo Auxiliar de Mérida.

 

Finalmente, se llevaron a cabo una serie de mesas de trabajo para abordar las necesidades de los grupos históricamente discriminados en el acceso a la justicia. Este espacio de diálogo contó con la participación de organizaciones feministas y de derechos humanos que trabajan para promover los derechos de personas exprivadas de la libertad, violencia digital, derechos sexuales, niñas, niños y adolescentes, entre otras que participaron en dinámicas de diálogo en las que se realizaron propuestas de mejora para atender necesidades de información, o situaciones específicas de justicia que presentan estos grupos.

 

Dentro de las mesas se señaló la importancia de contar con mecanismos de participación ciudadana en los Poderes Judiciales para identificar qué información se necesita, en qué temas se debe innovar y en qué temas se debe capacitar al personal. También se habló de la importancia de implementar prácticas de justicia innovadoras para que la justicia llegue a donde debe llegar; de reconocer a los grupos que han sido discriminados del acceso a la justicia con un enfoque diferencial, interseccional e incluyente, y cómo explicar de forma sencilla los criterios jurídicos a la ciudadanía. En este orden de ideas, se señaló también la necesidad de tener personal de primer contacto capacitado para atender a población maya hablante y con discapacidad, así como para brindarles acompañamiento jurídico.

 

Se reiteró, al igual que en las demás regiones, la importancia de contar con el presupuesto necesario y justamente distribuido para garantizar la independencia judicial, así como para tener instituciones a quienes se les pudiera exigir un servicio de calidad.  Finalmente, se habló de la necesidad de reforzar los medios de comunicación con la ciudadanía, así como de fortalecer la colaboración y coordinación entre instituciones estatales y con las autoridades comunitarias.

 

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