Las organizaciones de la sociedad civil y académicas que formamos parte del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario que da seguimiento a la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México, emitida en noviembre del 2019, queremos externar nuestra profunda preocupación y nuestra postura por la continuación y profundización del involucramiento de las Fuerzas Armadas tanto en tareas de seguridad pública como en otros asuntos de nuestra vida pública.
Las recientes reformas aprobadas por los Poderes legislativos para que la Secretaría de la Defensa Nacional ejerza el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional sujetando al personal militar asignado a la Guardia Nacional a la jurisdicción militar respecto de los delitos especificados que atenten contra la jerarquía y la autoridad (entre otras implicaciones) y de la modificación al artículo Quinto Transitorio de la reforma constitucional para ampliar de 5 a 9 años la posibilidad de que el Presidente de la República disponga de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, que en días pasados fue aprobada por el Congreso de la Ciudad de México son decisiones que nos preocupan como feministas y especialistas en la erradicación de la violencia de género contra las mujeres.
El involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, tiene un impacto específico y diferenciado en las mujeres que habitamos y transitamos en nuestra ciudad. No
ha sido efectivo para reducir delitos que nos afectan a nosotras y constituye un factor de riesgo para ejercer nuestros derechos.
En las últimas décadas, se ha hecho patente la relación entre la militarización del territorio y el aumento de la violencia feminicida. Según la académica del COLEF Julia Monárrez Fragoso, en Ciudad Juárez, la puesta en marcha del Operativo Conjunto Chihuahua, cuadruplicó el número de mujeres asesinadas. Los feminicidios y las distintas formas de violencias más extremas contra las mujeres aumentan en los lugares con más despliegue de las Fuerzas Armadas porque su presencia, ocupación y permanencia en los territorios cambia la vida cotidiana, aumenta la disponibilidad de armas, masculiniza los espacios públicos y profundiza la discriminación y el riesgo que aumentan la vulnerabilidad por razón de género para las mujeres y cuerpos feminizados. Ello aunado a que la apuesta por las Fuerzas Armadas suele ir aparejada de un debilitamiento de las instituciones civiles de seguridad y de la construcción de una política pública de seguridad centrada en los derechos humanos con perspectiva feminista y antiracista.
En la Ciudad de México, y en el marco de la declaratoria de la alerta, se han emprendido algunas medidas efectivas para detectar, prevenir y atender la violencia de género, particularmente las muertes violentas de mujeres que, según datos oficiales, se redujeron 28% desde 2019. Es el caso del tamizaje y el modelo integral de atención a través de las LUNAS para identificar y reducir riesgo alto, crítico y feminicida; la línea *765 S.O.S.; el apoyo económico a mujeres en situación de violencia; la posibilidad de que sea el agresor el que sale de casa; la determinación de medidas de protección del M.P. o del Tribunal y la vinculación a proceso de 9,000 perpetradores de violencia contra las mujeres. Conforme a la información pública disponible y accesible respecto de estas medidas, en ninguna de estas están involucradas las Fuerzas Armadas, ni tendrían por qué estarlo.
En lo que sí están involucradas es en actos que constituyen violencia institucional machista. Desde el 5 de diciembre de 2018 y hasta el 30 de junio de 2022 -según datos oficiales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, hay 23 carpetas de investigación a elementos de la SEDENA, 7 de SEMAR y 12 de la Guardia Nacional por delitos sexuales, cometidos prácticamente en su totalidad contra mujeres, la mayoría de ellas jóvenes, adolescentes o niñas. Y esos son solo los casos denunciados para los que se han abierto carpetas de investigación, no reflejan la prevalencia ni incidencia de estos casos (como han documentado organizaciones como Intersecta y Equis Justicia para las Mujeres).
No obstante, y pese a que conoce los informes de los que se obtuvieron esos datos, en el contexto de la aprobación de las reformas referidas, la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México ha hecho varias declaraciones públicas respaldando la labor de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, argumentado que estas son cuerpos de paz y que gracias a su gran labor tienen un gran reconocimiento en nuestro país. Esas declaraciones no corresponden con lo que muestra la evidencia¹.
Quienes suscribimos este posicionamiento planteamos que la seguridad ciudadana y la erradicación de la violencia contra las mujeres, no serán garantizadas mediante el involucramiento de las Fuerzas Armadas sino a través de la organización del aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y que para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige. Así lo disponen las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto general como local, que, por cierto, no contemplan ni tendría por qué contemplar a la Fuerzas Armadas como parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres ni de Coordinación interinstitucional requerida para su aplicación.
Dado que ya se aprobaron las reformas, esperamos y exigimos, al menos, que la Jefatura de Gobierno (a) cumpla con su obligación constitucional de proteger los derechos humanos de las mujeres ante posibles violaciones a los mismos por elementos de la SEDENA, la SEMAR y la GN; así como por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, (b) mande un mensaje inequívoco, tanto interno como público, de que no se tolerará la violencia institucional machista, y particularmente, la comisión de delitos sexuales en contra de mujeres, por parte de cualquier elemento de cualquier institución policial, en el contexto de la realización de sus funciones en materia de seguridad u otras en los que también se les ha involucrado en los últimos años (c) acuerde con el gobierno federal medidas efectivas para la prevención de la violencia institucional machista por integrantes de las Fuerzas Armadas en la Ciudad de México; (d) así como para que se reconozca públicamente y se repare integralmente el daño por delitos sexuales y otros de género ya ocurridos y que se determinen garantías de no repetición. Todas estas medidas deben estar basadas en evidencia y contar con suficientes recursos humanos, presupuestales e institucionales -incluidas medidas para asegurar el acceso real a la justicia de las mujeres víctimas de elementos de las Fuerzas Armadas en la jurisdicción civil, protocolos de actuación con perspectiva de género; capacitación, certificación y evaluación de elementos y altos mandos entre otras que puedan proponer instancias de protección de los derechos humanos (jurisdiccionales y no jurisdiccionales), OSCs y académicas.
1 Según los datos de septiembre de 2022 de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) en promedio en las alcaldías de la Ciudad de México solo el 34% considera como muy efectivo el desempeño del Ejército, el 44% considera muy efectivo el desempeño de la Marina y el 21% considera muy efectivo el desempeño de la Guardia Nacional; mientras quienes quienes consideran su desempeño algo efectivo son 45%, 41% y 41%, respectivamente. Las estimaciones disponibles no permiten conocer de manera diferenciada la percepción de las mujeres. Sin embargo, en general para las personas mayores de 18 años estos datos, al menos en la Ciudad de México, distan de reflejar el supuesto reconocimiento de la población,al menos de la de la Ciudad de México, a estas tres instituciones militares.
