De la mano de diferentes actoras estratégicas, posicionamos la urgencia de pensar los Cejum como un instrumento de política pública que, como tal, debe estar diseñado bajo principios de Derechos Humanos. Y, también, su importancia como una medida de no repetición para mujeres víctimas de violencia, como parte de su derecho a una vida libre de violencia.
Por otra parte, enfatizamos las responsabilidades del Estado mexicano frente a los compromisos internacionales que indican que, entre otras cosas, es necesario proveerles a los Cejum de presupuesto suficiente para recursos materiales y personal capacitado.
También, destacamos la urgencia de brindar una atención especializada que tome en consideración las experiencias de violencia de las mujeres, adolescentes y niñas, con discapacidad, afromexicanas y de la diversidad sexual para brindarles servicios diferenciados.
