- A más de un mes de la entrada en vigor de la nueva Ley, el Ejecutivo Federal no ha definido ni integrado la Comisión que dará seguimiento a las solicitudes de amnistía.
- Urge concretar la posibilidad de liberar a personas injustamente encarceladas y aplicar la nueva norma para despresurizar el sistema penitenciario en el contexto de crisis sanitaria por COVID-19
A más de un mes de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía1, el Ejecutivo Federal sigue sin integrar la Comisión que se encargará de recibir y aprobar las solicitudes de amnistía.
Es urgente que la autoridad conforme dicha Comisión, sin agotar el plazo máximo de 60 días hábiles establecidos por la Ley, a fin de concretar la posibilidad de liberar a personas injustamente encarceladas, bajo el fuero federal.
Esta medida tomaría particular importancia durante la pandemia por COVID-19, pues de aplicarse a la brevedad, la Ley de Amnistía contribuiría a mermar la sobrepoblación en las cárceles, y con ello disminuirá los riesgos de contagio y decesos por coronavirus en el sistema penitenciario.
Tal como lo hemos señalado desde la sociedad civil, y en sintonía con algunos senadores y senadoras que aprobaron la Ley de Amnistía: despresurizar el sistema penitenciario constituye un primer paso crucial para proteger los derechos de las personas que se encuentran dentro y fuera de prisión.
Al 26 de mayo, la CNDH había reportado 177 personas privadas de la libertad contagiadas de COVID-19 y 37 decesos, por lo que reducir la población penitenciaria resulta apremiante.
La pronta implementación de la nueva Ley constituirá un paso importante para garantizar el reconocimiento de derechos y acceso a la justicia de poblaciones históricamente criminalizadas y vulneradas; y, de la mano con los mecanismos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) configuraría la oportunidad de otorgar beneficios más integrales y efectivos a la población penitenciaria en el país.
Lamentablemente, la falta de voluntad de los agentes estatales ha impedido la plena implementación de ambas normas.2
Por lo anterior, exhortamos al Ejecutivo Federal a que instale dicha Comisión lo antes posible, y empiece a resolver casos de manera expedita.
Asimismo, llamamos a que se tome en cuenta lo siguiente, con objeto de garantizar que todas las personas potencialmente beneficiarias accedan a los beneficios:
- Definir a las y los operadores de justicia del Poder Judicial Federal que evaluarán lo que la Comisión determine.
- Publicar los procedimientos para la recepción y trámites de solicitudes de amnistía.
- Difundir dicho procedimiento en los centros penitenciarios, en un lenguaje accesible para todas las personas, incluyendo a personas con discapacidad, que no saben leer o hablantes de otro idioma.
- Garantizar el acceso a defensores y defensoras de oficio que asesoren y acompañen los trámites de las amnistías.
- Así como asegurar un mecanismo de seguimiento y apoyo para la reinserción social de las personas beneficiarias.
Celebramos la aprobación de la Ley de Amnistía porque contribuye a reconocer la deuda que se tiene con diversos grupos históricamente vulnerados y es un importante precedente para garantizar su acceso a la justicia, pero es imprescindible avanzar en su implementación. La salud y la vida de miles de personas dependen de ello.
El tiempo es ahora.
#AmnistíaYA
Atentamente,
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1 El pasado 22 de abril se publicó el decreto por el que se expide la Ley de Amnistía en el Diario Oficial de la Federación.
2 De acuerdo con un informe de EQUIS Justicia para las Mujeres, únicamente 8 de los 32 poderes judiciales prevén atender asuntos preliberación como urgentes. Véase: “¿Derechos aplazables? El poder judicial frente a la población penitenciaria durante COVID-19”, disponible en: https://bit.ly/DerechosAplazables.
