17 de enero de 2018.- El trabajo del Poder Judicial y la transparencia en la publicación de las sentencias serán analizadas por primera vez como variables que determinan el acceso a la justicia de las mujeres por el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), que es el órgano de expertos independientes que supervisa el cumplimiento de la CEDAW.
El Comité de la CEDAW retomó estos temas a partir de los datos presentados por EQUIS Justicia para las Mujeres en su informe sombra. En dicho documento se da cuenta de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia, haciendo énfasis en las violaciones a los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad por delitos de drogas y la importancia de fortalecer las políticas públicas, como los Centros de Justicia para las Mujeres.
De acuerdo a la lista de cuestiones enviadas por el Comité de la CEDAW al gobierno mexicano para discutirlas en la reunión que se realizará en julio de 2018 en Ginebra, Suiza, el organismo internacional llama la atención sobre la falta de mecanismos al interior de los Poderes Judiciales para identificar sentencias discriminatorias que perpetúan estereotipos y discriminación por diversas causas como sexo, raza, clase, discapacidad, entre otras.
Por primera vez, el Comité aborda el tema de transparencia y acceso a las sentencias como algo que afecta el acceso a la justicia de las mujeres. En este sentido, señala que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) de 2015 significó un retroceso en el derecho de acceso a la información.
De acuerdo a un informe publicado recientemente por EQUIS Justicia para las Mujeres, ningún Poder Judicial cumple con la obligación de transparentar sentencias y a partir de la publicación de la LGTAIP 2015, se redujo significativamente la cantidad de sentencias que tienen la obligación de publicar los poderes judiciales.
El Comité de la CEDAW destaca la importancia de evaluar las capacitaciones al Poder Judicial con indicadores claros para medir el progreso en la inclusión de la perspectiva de género en la labor judicial. El informe sombra presentado por EQUIS señala que los poderes judiciales han gastado millones de pesos para capacitar a su personal y esto no ha servido para mejorar la perspectiva de género en el acceso a la justicia de las mujeres. En 2009, por ejemplo, el Poder Judicial del Estado de Veracruz ejerció casi 35 millones de presupuesto para capacitación. “Ahí está el tribunal que sacó la sentencia en el caso de Daphne Fernández y Los Porkys”, explica Ana Pecova, directora de EQUIS Justicia para las Mujeres.
También el Comité incorpora el tema del fortalecimiento de las Unidades de Género en los Poderes Judiciales, refiriéndose de manera específica la necesidad de dotarlas de recursos humanos, técnicos y financieros.
De acuerdo a un estudio realizado por EQUIS, las Unidades de Género del Poder Judicial, tienen como objetivo asegurar que todos los operadores de justicia del país incorporen la perspectiva de género en su trabajo. Sin embargo, se encontró, entre otras cosas, que la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial de Guerrero reportó entre sus actividades el concurso del tamal dietético y nutritivo. Otras se dedicaron a reforzar estereotipos: a las trabajadoras del Poder Judicial de Tlaxcala les dieron estuches de maquillaje como regalo de día de las madres.
Además de la incorporación de estos temas, el Comité de la CEDAW llama la atención sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres indígenas para acceder a la justicia.
De manera novedosa se incluye también un apartado de mujeres privadas de la libertad, específicamente las detenidas por delitos de drogas, señalando la urgencia que se respeten sus derechos. Aborda el problema del uso excesivo de prisión preventiva y la necesidad de crear medidas alternativas tal como lo ha señalado EQUIS en el informe “Políticas de drogas, género y encarcelamiento en México: Una guía para políticas públicas incluyentes” publicado a finales de 2017.
