Incidencia Internacional

EQUIS Justicia para las Mujeres ha hecho aportaciones relevantes derivadas de sus investigaciones y ha posicionado diversos temas en la agenda de organismos internacionales:

Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés)

17 de enero de  2018.- El trabajo del Poder Judicial y la transparencia en la publicación de las sentencias serán analizadas por primera vez como variables que determinan el acceso a la justicia de las mujeres por el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), que es el órgano de expertos independientes que supervisa el cumplimiento de la CEDAW.


El Comité de la CEDAW retomó estos temas a partir de los datos presentados por EQUIS Justicia para las Mujeres en su informe sombra. En dicho documento se da cuenta de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia, haciendo énfasis en las violaciones a los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad por delitos de drogas y la importancia de fortalecer las políticas públicas,  como los Centros de Justicia para las Mujeres.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Lima, Perú. 6 de julio de 2017.- Por primera vez, organizaciones civiles participan en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  para exponer la situación que viven las personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual y trans (LGBT) en México.

José Luis Gutiérrez Román de la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL); Fátima Gamboa Estrella, de EQUIS Justicia para las Mujeres; Jessica Marjane, de la Red de Juventudes Trans; Laura Hernández, Coordinadora del Consultorio Virtual de Derechos Humanos y Servicios Legales, de Letra S, y  Óscar Ramírez Siordia, quien fue privado injustamente cinco años de su libertad por el homicidio de su pareja; participaron en la audiencia 163 del periodo extraordinario de sesiones de la CIDH que tiene lugar en Lima, Perú.

En esta sesión dan cuenta de la situación de derechos humanos que viven las personas LGBT en México, país que ocupa el segundo lugar a nivel mundial, sólo por debajo de Brasil, en cuanto al mayor número de homicidios por prejuicio respecto de la identidad o expresión de género de las personas. Estos crímenes, no dan lugar a ninguna investigación o son objeto de investigaciones viciadas, guiadas por estereotipos y prejuicios.

De enero de 2014 a diciembre de 2016, 202 personas LGBTI, o percibidas como tales, fueron asesinadas en México, presuntamente, por la orientación sexual, la identidad o expresión de género de las víctimas. En promedio, esa cifra significa 67 asesinatos por año y alrededor de 6 al mes.

Del total de homicidios señalados 108 corresponden a mujeres trans (travestis, transgénero y transexuales), 93 a hombres gays u homosexuales, y uno relativo a mujeres lesbianas. De acuerdo con Letra S, 2016 fue el primer año en el que el número de mujeres trans asesinadas fue mayor al de hombres gays.

De acuerdo al Relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en su informe del 2014, el contexto de violencia de género que permea en México favorece que las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, así como las personas disconformes con el género sean víctimas de tortura predominantemente.

Respecto a las desapariciones de mujeres trans el Centro de Apoyo a las Identidades Trans ha documentado a través de medios locales de comunicación 9 casos: 2 en el 2017, 4 en el 2016, uno en el 2015, uno en el 2013 y otro más en el 2010. Solo en dos de estos casos se reporta que fueron localizados sus cuerpos sin vida, aunque hasta la fecha no se tiene información sobre las investigaciones que las instituciones han realizado.

La violencia a lesbianas y mujeres bisexuales se refleja en violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, entre otras y es el resultado de la perpetuación y replicación de estereotipos.

A esto se suma la violencia contra las y los defensores de derechos LGBTI ya que de los crímenes denunciados, sólo el 2 por ciento  son resueltos y del 98 por ciento restante no existe siquiera averiguación previa.

Es importante destacar, que a la falta de un registro que contenga datos sobre los crímenes cometidos por prejuicio, se suma la ausencia de un registro general de personas LGBT, el cual permitiría la elaboración de políticas públicas diferenciadas efectivas, pues ello traería la posibilidad de cubrir las necesidades específicas de este grupo.

Por ello, en esta sesión, se solicitó a la CDIH dar seguimiento de la situación de derechos humanos de personas LGBT  en México y realizar una visita para examinar las formas en las que se vulneran los derechos humanos de esta población, así como solicitar al Estado mexicano que aporte en el plazo de un mes, respuesta a las preocupaciones presentadas.

Al Estado mexicano se solicita, entre otras cosas, la creación de un Registro Nacional de Casos de Crímenes por prejuicio, el cual permitirá conocer en qué condiciones se dieron los homicidios en contra de personas LGBT y cuál es el estatus jurídico de las investigaciones; contemplar acciones con presupuesto sobre diversidad sexual en el Plan Nacional de Desarrollo en cumplimiento con la Agenda 2030 y la homologación de los tipos penales en los Códigos de las entidades federativas que son aplicables en casos de homicidios de personas LGBT atendiendo a los criterios que esta Comisión Interamericana ha emitido. Así como, el reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario a nivel federal y local.

 5 de abril 2016.-  Se celebró la Audiencia sobre Mujeres, delitos de drogas y prisión preventiva en América Latina y el Caribe, en el marco del 157 periodo de sesiones de la CIDH. La Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID)-Costa Rica, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)- Argentina, El Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad (DeJusticia)- Colombia, EQUIS Justicia para las Mujeres- México, Corporación Humanas- Chile, Corporación Humanas- Colombia, Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) – Uruguay, Secretaría Nacional de drogas- Junta Nacional de drogas- Presidencia República Oriental del Uruguay, Procuración Penitenciaria de la Nación- Argentina, y Washington Office on Latin America (WOLA) – Estados Unidos evidenciamos en este espacio el estado de situación de las mujeres presas por delitos de drogas en la región y nuestras propuestas para revertir los altos costos humanos causados por las políticas punitivas y en particular del abuso de la prisión preventiva.

¿Cuáles son las recomendaciones y enfoques alternativos que estamos proponiendo?

 

Eliminar en las legislaciones nacionales la obligación de la prisión preventiva para delitos relacionados con drogas, incluso las normas que limiten la discrecionalidad del juez para decidir sobre la libertad durante el proceso, por cuanto su establecimiento vulnera los principios de la privación de libertad como medida de ultima ratio, constituye una vulneración al principio de presunción de inocencia y es una medida desproporcionada.

 

Exigir a fiscales y al Ministerio Público que para solicitar la prisión preventiva se deba acreditar ante el tribunal competente que la prisión es una medida de ultima ratio.

 

No usar la prisión preventiva para mujeres embarazadas o con personas dependientes (hijos, adultos mayores y personas con discapacidad). En estos casos, su aplicación ha de circunscribirse a la privación de libertad en su domicilio o a libertad vigilada, de manera que no se vulneren los derechos fundamentales de la infractora y de su entorno familiar. Se debe atender especialmente a la situación de mujeres jefas de hogar que son el único sustento económico de sus familiares, de manera que la sanción sea compatible con la realización de un trabajo remunerado y de poder cumplir con sus otras responsabilidades familiares.

 

Asegurar que las y los operadores de justicia y sistema penitenciario de los respectivos países, incorporen la perspectiva de género en la gestión de casos y, a la vez, asegurar que cuenten con marcos legales que permitan considerar factores tales como: las condiciones de pobreza y exclusión social, la maternidad y el rol de cuidado de otras personas dependientes, la jefatura de hogar, el analfabetismo, el nivel de educación, la escasa formación laboral, la inmigración, la violencia de género o las enfermedades físicas o mentales que han incidido en la comisión de los hechos delictivos.

 

En relación con la aplicación de fianzas y cualquier otro tipo de sanción pecuniaria que represente una alternativa a la prisión preventiva, los Estados han de incorporar un rango de alternativas diferentes al pago de una suma de dinero. De esta forma, garantizan los principios de igualdad y de no discriminación, y así evitan que la cárcel sea una sanción a la situación de pobreza.

 

Queremos destacar la importancia de evitar que la fianza sea una sanción a la situación de la pobreza. El propósito de la imposición de la fianza es garantizar que la persona imputada se presentará ante el tribunal cuando le sea requerido, otorgando efectividad al derecho a la presunción de inocencia, y permitiendo que la persona imputada disfrute su derecho a permanecer en libertad hasta tanto medie un fallo condenatorio en su contra. Otras medidas alternativas a la detención preventiva incluye retención de pasaporte u otros documentos de identidad; prohibición de salir del país, del lugar de residencia o de un ámbito territorial; sometimiento a la vigilancia de una institución o de una persona; o presentación periódica ante el juez o ante la autoridad designada, entre otros. En otras palabras, existen alternativas respetuosas del estado de derecho y los derechos de los y las acusados/as.

Comisión de Estupefacientes

21 de marzo de 2017.- Durante la 60º periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes* (CND por sus siglas en inglés), realizado en Viena, la embajadora de México en Austria, Alicia Buenrostro señaló que la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas públicas, pero particularmente cuando se trata de políticas y programas de drogas, es crucial para el gobierno mexicano.

En el acto paralelo “Implementación de la Resolución 59/5 de CND: Mejores prácticas para incorporar una perspectiva de género en la política de drogas” dijo que en México este tema se ha impulsado trabajando de manera colaborativa través del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y EQUIS Justicia para las Mujeres A.C.

Derivado de dicha colaboración, Buenrostro explicó que se han creado espacios de diálogo interinstitucional para generar propuestas que enriquezcan las políticas de drogas con enfoque de género.

A través de una serie de cuatro diálogos interinstitucionales, se analiza la situación actual de las mujeres encarceladas por delitos de drogas en México: un tema que no debe ser pospuesto, dijo. La primera de las mesas redondas tuvo lugar en enero pasado, y la siguiente se realizará en abril.

Entre los principales desafíos, se han identificado los siguientes:

  • La necesidad de garantizar que los procesos de justicia penal relacionados con las drogas tengan plenamente en cuenta la perspectiva de género, teniendo en cuenta el contexto específico y las circunstancias de las mujeres implicadas.
  • La necesidad de explorar medidas alternativas al encarcelamiento.
  • La necesidad de aplicar un enfoque intersectorial, es decir, cómo las políticas de drogas afectan a personas transgénero, con discapacidad e indígenas de manera diferente.
  • La necesidad de proporcionar formación en el empleo en los centros penitenciarios y a aquellas personas que ya han cumplido su condena, y de canalizarlas a los programas existentes de promoción y empoderamiento.
  • La necesidad de crear programas específicos de reinserción social con perspectiva de género.
  • La necesidad de reflexionar sobre el impacto en las y los niños que viven en prisiones.
  • La importancia de emprender una reforma legislativa sustantiva como base para la proporcionalidad de las sentencias.
  • La relevancia de los estudios de certificación llevados a cabo en los centros penitenciarios.
  • La importancia de contar con estadísticas y datos confiables sobre la población de mujeres, niñas, niños y adolescentes que viven en prisión.

Finalmente, la embajadora Buenrostro, aseguró que México ha promovido la implementación de la resolución 59/5 no solo en la CND, sino en diferentes mecanismos multilaterales y regionales, incluyendo la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas y la Comisión Interamericana de Mujeres, tanto dentro de la Organización de los Estados Americanos, como en el Grupo Pompidou del Consejo de Europa.

“Nos hemos esforzado por sensibilizar a nivel internacional sobre la necesidad de incluir un enfoque de género en los esfuerzos para abordar el problema mundial de las drogas. Ese es el objetivo principal de la resolución 59/5, aprobada el año pasado por la Comisión de Estupefacientes” señaló en este evento paralelo en el que Equis Justicia para las Mujeres fue una de las partes organizadoras.

 

* La Comisión de Estupefacientes (CND) fue establecida por el Consejo Económico y Social (ECOSOC) en 1946 para ayudar al ECOSOC a supervisar la aplicación de los tratados internacionales de fiscalización de drogas.